El ADN no sirve para identificar legalmente las cacas de perros

Si usted tiene un perro en su casa y desde el ayuntamiento de su ciudad le han obligado a realizarle el test de ADN, sepa que ha tirado su dinero (unos 200 euros de media, según ayuntamientos). O más bien, se lo han hecho tirar los políticos que le gobiernan. Agradézcaselo en cuanto pueda.

El test de ADN canino se publicitó como una medida que ayudaría a identificar a los perros que hacen sus necesidades en la calle sin que sus dueños las recojan, con lo que se acabaría con las cacas en las aceras o jardines. Además, con el test realizado, se combatiría el abandono de animales en la vía pública y se facilitaría la localización de animales perdidos. Pues bien, todo mentiras y falsas verdades.

El Colegio de Veterinarios de Alicante (ICOVAL), al igual como hiciera el Colegio de Veterinarios de Madrid y otros muchos de toda España, ha difundido las conclusiones de un estudio realizado a raíz de la petición de un gran ayuntamiento de la provincia en las que llega a conclusiones muy “interesantes”. 

Por un lado, señala que las pruebas de identificación basadas en el ADN del perro son carísimas e inasumibles económicamente por los ayuntamientos. Además, en caso de pérdida del animal o abandono, sólo se podría identificar si es encontrado en el mismo municipio donde fue censado. No existe un censo estatal. Al parecer, aun no se le ha ocurrido a ningún político lumbrera.

Pero lo más sangrante es que los veterinarios indican que para estos problemas, ya existe el sistema de identificación electrónica (el microchip) que aumenta tres veces la posibilidad de localización en apenas unas horas, mientras que si se utilizase el sistema por ADN se tardaría al menos dos días para saber los resultados de los costosísimos análisis y que después apareciese en el censo.

Si todo esto ya es grave, lo peor llega cuando se quieren utilizar estas pruebas de ADN para sancionar a los dueños que no recogen las cacas de sus perros en la calle. Éste fue el principal punto con el que los políticos quisieron convencer a la ciudadanía de las bondades del invento. Pues bien, el método ofrece serias dudas jurídicas a la hora de sancionar ya que no está asegurada la cadena de custodia, o sea, que se no se puede demostrar que la muestra no ha sido manipulada desde su recogida hasta el resultado final de la analítica.

Para que tuviera validez ante un juez, se requeriría la presencia de un funcionario que levante acta en el lugar, la acreditación de la persona que toma la hez y la validez de los medios con los que se ha hecho llegar al laboratorio. Vamos, un pastizal para una caquita de perro.

Pero ni así, porque las ordenanzas de cada municipio deberán regular qué actuaciones constituyen una infracción y a quién se considera responsable de las mismas, con identificación de la persona que no llevó a cabo la recogida. Y que sepamos, ningún ayuntamiento cuenta con esas ordenanzas.    

¿Tiene en su poder un precioso informe del ADN de su perro? Puede enmarcarlo. Igual queda bonito. No le servirá para nada más.