Qué es una SICAV y cuál será su nueva tributación

Una de las mayores injusticias tributarias existentes en España tiene visos de tener sus días contados. Nos estamos refiriendo a las SICAV y a la modificación que el Gobierno quiere aprobar sobre su régimen legal que eliminará su principal ventaja fiscal.

Pero vayamos por partes. Realmente, ¿qué es una SICAV?
Las SICAV son sociedades de inversión colectiva similares a los fondos que, debido a sus ventajas fiscales, pronto se convirtieron en la herramienta preferida de las grandes fortunas españolas para “mover” su dinero.

A grandes rasgos, estas sociedades precisan de un capital mínimo de 2.400.000 euros y de 100 accionistas para constituirse. En realidad, la mayoría de las SICAV poseen un capital mucho mayor y dos o tres accionistas (a veces sólo uno) poseen el 99,9% de los títulos. Al resto de los partícipes se les denomina “mariachis” ya que su función es, exclusivamente, el poner su nombre para que el socio mayoritario llegue a ese centenar de accionistas y pueda legalizar la sociedad.

Pero la clave del éxito de estas sociedades ha sido el artículo por el que podían diferir (o ahorrarse completamente) la tributación por las ganancias que obtuviesen.
Las SICAV sólo pagan el 1% de sus beneficios en concepto de Impuesto de Sociedades,. Para entendernos: si una SICAV está constituida por un capital inicial de 50 millones de euros y gana un 10%, sólo está obligada a pagar el 1% de esos 5 millones de ganancias y no el 30% como cotizan los beneficios de cualquier empresa mediante el Impuesto de Sociedades.

Además, las SICAV esconden otro “truco” ya que si el propietario quisiera llevarse los beneficios a su cuenta corriente, tendría que pagar entre el 19-21% en el IRPF, como ganancia del capital. Sin embargo, éstos se aprovechan de una disposición de la normativa de sociedades que indica que las reducciones de capital no tributan. ¿Qué hacen los partícipes? Sencillo: alegan que el dinero que sacan es reducción de capital y no recogida de beneficios y, de los cinco millones de beneficios del ejemplo anterior, no pagan ni un miserable euro. Esto se puede hacer hasta el límite del capital inicial; volviendo al ejemplo, hasta que los beneficios acumulados lleguen a los 50 millones de euros. A partir de ahí, tendrán que tributar al 19-21%. O quien sabe si la cerrarán, abrirán otra y vuelta a empezar.

Esto último es lo que quiere cambiar el Gobierno (lo del 1%, por desgracia, seguirá en vigor). A partir de ahora, las reducciones de capital tributarán al mismo tipo que los beneficios, por lo que si un partícipe se decide a retirar su dinero de la sociedad, tendrá que pagar impuestos como el resto de los mortales. Y, por si las moscas, los accionistas españoles de una SICAV con domicilio en el extranjero, también tributarán en España por los beneficios asociados a la misma.

¿Problemas que traerá consigo esta reforma? Nadie lo sabe con certeza, pero se atisban varios. El primero está relacionado con el plazo de entrada en vigor esta novedad: el 1 de enero de 2011. Mucho nos tememos que, hasta entonces, se produzca una descapitalización brutal de estas sociedades hasta el límite de la inversión inicial (cada dueño se llevará el dinero hasta la frontera en la que tendría que pagar intereses y el resto lo dejará como una inversión a largo plazo).

La segunda consecuencia puede ser una fuga masiva de capitales. Las grandes fortunas están muy bien asesoradas y pronto encontrarán otros países europeos con una legislación más favorable. Para evitar tener que tributar por ser residentes en España, nada más fácil que dejar la SICAV en manos de una segunda sociedad. De esta manera, el propietario es una persona jurídica, mientras que el rico se oculta detrás de esta pantalla.

Quizá, después de tantos años demandando estas medidas que no quisieron tomar ni los gobiernos del PP ni los del PSOE (hasta ahora), hubiese sido mejor elevar la tributación hasta una cantidad intermedia y no provocar una desbandada general, pero debemos aplaudir esta decisión tomada por el Ejecutivo. Alguna vez tenía que ser.

Los diputados pagan 4,50 euros por un menú; el resto lo pagamos nosotros

El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) publicó la semana pasada la licitación del servicio de cocina, cafetería, comedor y restaurante de las Cortes Valencianas.

Entre otros aspectos, en el pliego de condiciones técnicas se detalla el precio máximo que el adjudicatario podrá fijar para cada uno de los productos que ofrezca en cada una de las zonas. Así, por ejemplo, el menú del día, que se compondrá de un primer plato, postre, pan, bebida y café tendrá un coste máximo de 4,50 euros; si ese primer plato se quiere sustituir por dos segundos, el precio aumenta hasta los 8 euros. Si lo que se pide son tapas, la de jamón y queso tiene un precio de 1,25, idéntico precio que un sándwich mixto y si les apetece un buen bocadillo de ternera, los “clientes” deberán desembolsar 2,50 euros (por un euro se puede conseguir uno de tortilla o de atún). ¿Les parecen caros estos precios? A mi tampoco. Más bien, lo que me parecen son inexplicables.

Lo primero que me extraña es la inclusión de la lista de precios dentro del pliego de condiciones. Comprendo que se exijan unos horarios, un buen servicio, una limpieza excepcional, un buen surtido de productos, pero ¿esos precios?

Sólo tendrían cierta justificación si las instalaciones estuviesen totalmente aisladas, en medio de la nada, y sus señorías y demás empleados no pudiesen consumir en ningún otro lugar, pero, por si lo desconocen, las Cortes Valencianas están situadas en pleno centro histórico de Valencia, en una zona en la que se pega una patada y aparecen tres bares y restaurantes. Entonces, ¿por qué obligar a ese precio “de amigo”?

Es lógico pensar que, con esos precios, ningún hostelero en su sano juicio presente una oferta para hacerse cargo del servicio. Pues les aseguro que se lo quitarán de las manos ya que la Cámara entregará 18.000 euros mensuales a la empresa explotadora en concepto de subvención. Es decir, los contribuyentes pagaremos más de 180 euros al mes por diputado (hay 99) o, lo que es lo mismo, 12 euros diarios (sus “señorías” acuden 180 días al año al hemiciclo). Que con los sueldos que cobran, los ciudadanos de a pie (muchos nos llevamos el "tupper" al trabajo) nos tengamos que hacer cargo del 75% de su factura alimenticia... tiene delito.

Ya sé lo que pensarán algunos de ustedes: la mayoría de los diputados no se rebajarán a comer allí y elegirán un buen restaurante de los alrededores; sólo acudirán a tomar algún café y, realmente, el bar lo utilizará el personal administrativo y de servicio que trabaja en las Cortes. Bien, la pregunta continúa siendo la misma ¿por qué les tenemos que pagar los contribuyentes sus almuerzos, meriendas y cenas? Que yo sepa, los sueldos que cobran no son nada desdeñables.

No se crean que esta costumbre es exclusiva de las Cortes Valencianas. Si tienen algún contacto, pregunten lo que vale un café en el Congreso de los Diputados de Madrid o una comida en el Parlament de Cataluña.

Aunque el escarnio público no termina con los políticos: este mismo sistema se emplea en universidades, hospitales, institutos, centros públicos, otros organismos oficiales... o sea, que media España le pagamos a la otra media (habitualmente funcionarios que ya cobran del Estado) su comida y bebida diaria a base de subvenciones a las empresas que prestan esos servicios.

Con estos argumentos, no resulta extraño que el 72% de los españoles quiera ser funcionario y sólo un 4% empresario.

A favor de que la economía sea enseñanza básica en colegios e institutos.

Sabían que la mayoría de los españoles invertimos nuestros ahorros sin tener ni idea de lo que hacemos? Así es. La cultura financiera de los ciudadanos españoles es, más bien, escasa.
Con lo que cuesta de ahorrar el dinero (quien pueda hacerlo), luego se arriesga sin saber muy bien en qué. Los datos son preocupantes:

- El 54% de los inversores desconocen qué les ofrece su banco.
- En el 70% de las ocasiones, el inversor no ha comprendido lo que está firmando en el contrato.
- Un 25% de los clientes no conservan la documentación de la inversión.
- Sólo el 40% lee la letra pequeña.
- El 65% desconoce los costes del producto contratado.

Y esto sólo si nos referimos al capítulo de la inversión. Si pasamos al mundo de las hipotecas, el resultado es aun peor: firmamos todo lo que nos ponen delante, ya sean “cláusulas suelo”, seguros de defunción, domiciliaciones de nóminas, “riesgos de tipos de interés”… Y cuando nos referimos a las tarjetas de crédito, el desconocimiento de los usuarios es asombrosa: pagan 50, 60 u 80 euros por tarjetas que apenas usan, abonan intereses del 25% por descubiertos totalmente evitables, pagan a crédito sin saber los intereses que les cobrarán… en resumen, sin querer entrar en el “robo autorizado” que perpetran los bancos a sus clientes, la culpa de todo este fraude es la falta de cultura financiera que arrastramos los españoles.

Por ello, el Consejo General de Colegios de Economistas ha reclamado que la economía sea una enseñanza básica en los colegios e institutos españoles para "luchar contra la incultura financiera".
Para este colectivo, aunque una mejor educación económica y financiera de los ciudadanos probablemente no podría haber evitado la crisis, si podría, junto con una mejor información de nuestro gobierno, haber "amortiguado la caída y ayudado a tomar decisiones menos desacertadas".

Según el presidente del Consejo General, Valentín Pich, la cultura financiera en España "está muy verde" y es necesario reforzarla, para evitar una situación "de exclusión social" entre las clases bajas de la sociedad.

Esperemos que nuestras autoridades escuchen a estos economistas e implanten una educación mucho más práctica a nuestros hijos. Menos derivadas y más cuentas bancarias. A todos nos irá mejor.

¿Cuántos españoles cobran más de 120.000 euros?

La mayoría de ustedes ya conocerán la última medida tomada por el gobierno de Zapatero para aliviar las maltrechas arcas del Estado: subir los impuestos a las rentas más altas.

Supongo que muchos pensarán que ya era hora que el gobierno tomase medidas encaminadas a hacer pagar más a los que más tienen y se olvidase de masacrar al ciudadano de a pié. Pues lo siento; no van por ahí los tiros.
Con esta medida no van a conseguir que pague el que más tenga, sino que pague más el que más declare, que no es lo mismo. Las grandes fortunas están blindadas con sus exclusivas sociedades de inversión o SICAV. Como bien saben, estas sociedades apenas tributan al 1% y, por lo que se ve, ni los gobiernos anteriores de derechas ni el actual socialista tienen la más mínima intención de cambiar este porcentaje. La excusa es siempre la misma: “si les obligamos a tributar más, sacarán las sociedades de España y las inscribirán en algún paraíso fiscal”. No les falta razón, pero lo que se deberían cambiar son las leyes que permiten que esas grandes fortunas se escondan tras las sociedades. De esa forma, los millonarios que las componen deberían declarar como cualquier otro español.

No nos equivoquemos: esta subida de impuestos que piensa aplicar el gobierno solo sirve para justificarse ante el electorado de izquierdas que demanda medidas de este tipo. Nada más. No conseguirá, ni de lejos, ayudar a cuadrar los deficitarios presupuestos del Estado. Me explico:
Según las últimas declaraciones del IRPF, los españoles que cobran más de 120.000 euros son los siguientes:

- Entre 120.000 y 144.000 euros hay 49.241 contribuyentes, el 0,33% del total.
- Entre 144.000 y 168.000 euros, 29.148, el 0,2%.
- Entre 168.000 y 216.000 euros, 31.995, el 0,22%.
- Entre 216.000 y 360.000 euros, 32.790, el 0,22%.
- Entre 360.000 y 600.000 euros, 14.402, el 0,09%.
- Más de 600.000 euros, 12.479 euros, el 0,08%.

En total, 170.055 contribuyentes, el 1,14% del total, declaran más de 120.000 euros anuales. ¡Cuánta gente rica vive en nuestro país! pensara alguno. Pues no se crean; debe haber muchísimos más camuflados en SICAV y en profesiones liberales acogidas a módulos. A quienes realmente van a despellejar vivos son a esos profesionales cualificados que trabajan por cuenta ajena y que cobran una nómina a fin de mes.

Hagamos cuentas: ¿cuánto se va a conseguir con esta nueva medida? Poco, muy poco. Según las noticias aparecidas en los medios de comunicación, la intención del gobierno es aumentar el tipo impositivo de estas rentas desde el 43% actual hasta el 46% ó 47%. Este aumento porcentual que van a sufrir 170.000 contribuyentes reportará al Estado unos ingresos extras de 180 millones de euros, una nimiedad si la comparamos con los más de 100.000 millones de euros que tendrá de déficit el Estado al final del presente año. No llega ni al 40% del dinero que Zapatero regalará al PNV a cambio de su voto en los Presupuestos Generales del próximo año que le permitan continuar en el poder hasta el final de la legislatura. No hay que ser excesivamente espabilado para comprender que si Zapatero quiere cuadrar las cuentas con los ingresos por IRPF, pronto nos subirá los tipos impositivos a los que cobramos menos de 120.000 euros. Al tiempo.

Ahora pongámonos en la piel de estos profesionales que ganan más de 120.000 euros al año (ya me gustaría a mí, aunque tuviese que pagar la mitad a Hacienda). Este aumento en el IRPF, unido al que han efectuado algunas comunidades autónomas socialistas, puede suponer pagar impuestos de más del 50% de lo cobrado. O sea, el fisco se lleva 1 de cada 2 euros (aunque no crean: en las rentas bajas se lleva 1 de cada 4). ¿Qué harían ustedes? Pues lo mismo que hace esta gente: intentar cobrar parte de su sueldo en dinero negro, esconder otros ingresos... en resumen, defraudar todo lo que se pueda. No se extrañen si al final, esos 180 millones extras se convierten en 180 millones menos.

Una última consideración: por IRPF pagamos entre un 24% y un 50% de nuestro sueldo, súmenle el IVA que pagamos, los impuestos a los carburantes, al tabaco, a las bebidas alcohólicas, la contribución urbana, los impuestos sobre el automóvil... ¿todavía creen que trabajan para su propio provecho?

Partidos políticos y sindicatos se blindan ante el nuevo Código Penal

El próximo mes de diciembre entrará en vigor el nuevo código penal que sustituirá al aprobado en el año 1995. Entre sus numerosos cambios, nos permitimos destacar uno que nos llena de perplejidad.

Concretamente es el relacionado con la responsabilidad penal de las empresas por los delitos cometidos por sus representantes legales o administradores. Hasta ahora, cuando se inculpaba a cualquier miembro directivo de cualquier empresa, él era el único culpable y la empresa a la que representaba no tenía ninguna responsabilidad por los delitos cometidos. Por lo tanto, ni era ni juzgada ni, dado el caso, condenada. A partir de la entrada en vigor del nuevo código, eso va a cambiar.

Pero no para todos. Concretamente esta modificación no afectará al Estado, a las administraciones públicas, a las agencias y entidades públicas empresariales, a los partidos políticos y a los sindicatos.

En los primeros casos tiene su lógica; resulta absurdo que el Estado o las Administraciones se sancionen a sí mismos, ya que el dinero de las sanciones que establece el código saldrían de las arcas públicas para volver a entrar en ellas. Pero ¿qué me dicen del caso de los partidos políticos o los sindicatos? ¿Por qué se les tiene que tratar de forma más “benévola” que a otras entidades?

Estamos cansados de escuchar casos de financiaciones ilegales de partidos, de créditos “a fondo perdido” a partidos políticos por parte de cajas de ahorros que ellos mismo controlan, de fraudes en las subvenciones a los sindicatos, de cursos de formación que nunca se realizan… ¿para quién van destinados todos estos ingresos fraudulentos? En el 95% de los casos, a las organizaciones políticas o sindicales. Pocos son los casos en que se ha demostrado que un solo individuo, al margen de su partido o sindicato, se ha forrado con ellos.

¿Qué pasará a partir de ahora? Pues “más de lo mismo”. Al que pillen con las manos en la masa (si es que permiten que lo pillen), le caerá el pelo (bueno, o aparentarán que le cae) y, mientras tanto, su partido político o sindicato, los verdaderos beneficiarios de las tramas corruptas, saldrán indemnes. Un verdadero ejercicio de transparencia y responsabilidad democrática.

Una última pregunta que no quiero se me quede en el tintero: ¿es esto una “Ley de Punto Final” que les sirve para blindarse por si en un futuro a alguien le da por destapar asuntos turbios del pasado?

La Junta de Andalucía regala 1.800 euros a las “represaliadas franquistas”

Es posible que la Guerra Civil Española aparezca en los libros de historia dentro de unos cuantos siglos como “la segunda guerra de los cien años”. Lo digo porque pasados más de 70 años de su finalización, continua dando noticias casi a diario.

La última aparece hoy en varios medios digitales: la Junta de Andalucía otorgará una ayuda de 1.800 euros a las mujeres que prueben haber sufrido vejaciones durante el franquismo. El decreto contempla estas ayudas a las mujeres andaluzas que sufrieron la represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista (aproximadamente entre 1936 y 1950). Con ello se pretende la reparación moral y el reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática.

Según el Consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.

Algunas consideraciones al tema:
Aparte de un desastre natural, lo peor que le puede pasar a una sociedad es padecer una guerra. Y quizá todavía más, una guerra civil. Cualquier solución es preferible antes que enzarzarse en una cruenta guerra que provoca muerte, destrucción, represión y división en la sociedad. En una guerra se cometen todo tipo de abusos (por parte de los dos bandos) que sacan a la luz lo peor del ser humano y cuyo recuerdo provoca enemistad a lo largo de varias generaciones. Ahora bien, ¿70 años (o 35 desde que murió Franco) no son suficientes para pasar página y centrar todos nuestros esfuerzos en procurarnos un futuro mejor?

Una sociedad moderna debe resarcir a los que salieron perjudicados en una absurda guerra entre compatriotas. Como en todos los conflictos, estos, evidentemente, suelen ser los perdedores. A lo largo de más de treinta años, se han revisado casi todos los casos, concediendo indemnizaciones, pensiones de invalidez o jubilación, etc. ¿La Junta de Andalucía se acuerda ahora de ellos? Por las fechas a que hacen referencia, estos actos ocurrieron hace entre 60 y 74 años. Si les sumamos una edad mínima que tendrían estas personas cuando ocurrieron los hechos, ¿cuántas mujeres pueden ahora quedar que cumplan con los requisitos para recibir la ayuda?

Dejando aparte si es conveniente en tiempos de crisis realizar estos “regalos”, otra incongruencia: 1.800 euros en un solo pago. ¿Y para qué lo quieren? ¿Para pagarles un par de letras de la hipoteca a sus nietos? ¿No sería mejor un acto de homenaje para que estas ancianas sintiesen el reconocimiento de la sociedad? Las pruebas para recibir las ayudas podrán ser testimonios de terceros y declaraciones juradas propias. ¿Cuántos “espabilados” harán jurar a sus abuelas que sufrieron vejaciones para poder cobrar la “paga extra” de la Junta?

Por último: ¿Es necesario que nuestros políticos saquen a pasear siempre la Guerra Civil cuando les vienen mal dadas en las encuestas? ¿No les parece mezquino reactivar la división que el franquismo causó en la sociedad con el único propósito de conseguir unos votos?

El día después del 29-S: los sindicatos meditan su refundación

30 de septiembre de 2010.
Las caras no pueden ser más largas y las ojeras abundan entre los cabizbajos empleados de la sede central del sindicato. Las conversaciones en los pasillos denotan la preocupación existente:

- ¿Tan grave ha sido?
- Cándido dijo que el seguimiento había sido superior al 70%; pero esa cifra ya hace un mes que tenía pensado decirla. La verdad es que hemos superado a duras penas el 10%. Con un poco de suerte, habremos llegado al 15%. Prácticamente, no han secundado la convocatoria ni nuestros afiliados. Si no llega a ser por los piquetes...
- Eso se veía venir desde el fracaso de la huelga de funcionarios de antes del verano.
- Tampoco nos ayudó Toxo diciendo que la huelga era una putada...
- No. Y la puntilla nos la dio Esperanza Aguirre cuando dijo que quería eliminar a 2.000 liberados de la administración. Gracias a eso, todo el país se enteró de que los liberados cuestan más de1.600 millones de euros anuales. ¿Tu viste las encuestas internas que decían que un 90% de la población estaba de acuerdo con el recorte de Esperanza?
- Claro que las vi. Demoledoras. Y encima salió el Cándido comparándola con el loco que quería quemar el Corán. ¡Válgame Dios! ¿En qué estaría pensando?

En la cafetería de la esquina, dos directivos apuran el primer café bien cargado de la mañana:
- Si es que no puede ser, ¿tu crees que una persona, con su puesto de trabajo en el aire, va a perder 100 ó 150 euros apoyando una huelga que no sabe ni para que sirve?
- Y encima, nosotros la promocionamos con la payasada del Chiquilicuatre. ¿A quién c... se le pudo ocurrir semejante barbaridad? Todavía nos pasa poco.

Un sindicalista enojado se desahoga en el quiosco de prensa:
- Zapatero les ha metido un gol por toda la escuadra. Los engatusó para que no convocasen la huelga durante más de dos años y al final, cuando las circunstancias le eran propicias, les obligó a hacerlo para que nos hundiesen en la miseria.

En la primera planta, varios liberados forman un corrillo:
- ¿Tu crees que con el “éxito” que hemos tenido el Gobierno rectificará la reforma laboral o la de las pensiones?
- Serían bobos si lo hiciesen. Lo malo no ha sido el escaso seguimiento de esta huelga, lo peor llega ahora. Ya que todos conocen nuestra escasa fuerza entre la masa laboral ¿quién nos dice que no se atreverán a rebajarnos otras concesiones como por ejemplo la cantidad de liberados sindicales o las generosas subvenciones de los cursos de formación?
- Pues si nos quitan lo de los cursos, estamos hundidos. Dicen que cada año caen 7.500 millones de euros por ese concepto.
- No tendremos más remedio que convocar otra huelga. Y esta vez indefinida. En buena nos han metido Yogui y Bubu.

Dentro del ascensor, el tema del día también sale a la luz:
- ¿Y por que no la desconvocaron cuando en Rodiezmo se lo pidieron a voz en grito nuestros militantes?
- Por qué en esos momentos ya no se podían volver atrás.
- ¿Cómo que no? Con decir que no era el momento oportuno para el país e invocar la responsabilidad sindical como llevaban haciendo durante dos años, sobraba.
- Ya. Demoramos la necesaria huelga durante demasiado tiempo sólo para apoyar al gobierno; dejando caer al país hasta el abismo de los 5 millones de parados, sin hacer caso a lo que nos pedían los trabajadores. Hemos ido a buscarlos sólo cuando nos ha interesado... y ya no los hemos encontrado.
- A partir de ahora, quien quiera ser político que se afilie a un partido. Aquí nos tenemos que dedicar a defender al trabajador, gobierne quien gobierne.

Arriba del todo, en la “planta noble” del edificio, dos altos cargos también se lamentan:
- ¿Qué crees que pasará ahora?
- Habrá que esperar hasta el Comité, pero está claro que el que manda tiene los días contados. A ver si hay suerte y su sustituto reconduce todo esto y consigue que los trabajadores vuelvan a confiar en el Sindicato. Ayer nos dieron la espalda y si continuamos con las mismas... pronto seremos cosa del pasado.
- ¿Y si lo refundamos para poder sobrevivir?

Cómo impugnar un despido: demanda judicial y sentencias posibles

Metidos de lleno en la mayor crisis económica que se recuerda desde la Gran Depresión, aun tendremos que enfrentarnos a numerosas situaciones laborales desagradables antes de que se estabilice la economía y, con ella, el mercado de trabajo. Si usted se ve abocado a la desagradable experiencia de perder su puesto de trabajo, quizá le convenga saber los pasos que tiene que dar para salir lo menos perjudicado posible.

En el anterior post hacíamos referencia a las primeras actuaciones que se deben dar tras la recepción de la notificación o “carta” de despido y reseñábamos el “acto de conciliación obligatoria previa” y la decisión que pudiera tomar el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad Autónoma correspondiente. Hoy nos referiremos a los trámites que deberemos tomar en el caso de que no estemos de acuerdo con la decisión de este Servicio.

Lo acordado en el acto de conciliación tiene fuerza ejecutiva, sin necesidad de una ratificación posterior por parte del juez o tribunal. No obstante, si alguna de las partes no está de acuerdo con el resultado, puede impugnarlo ante el Juzgado de lo Social. Para ello, el trabajador debe presentar la correspondiente demanda y aportar el justificante del resultado del acto de conciliación. Tiene que hacerlo en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación.

La demanda puede efectuarla el trabajador solo, o asesorado o representado por un abogado, procurador, graduado social o sindicato. Con carácter general, el juzgado competente será el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del trabajador. La demanda se debe formular por escrito y habrá de contener los siguientes datos:

- Datos del demandante y el de otras personas interesadas a quienes se debe llamar al proceso (personas que pueden testificar a su favor, etc.),
- Causas del despido y pruebas, teniendo en cuenta que en ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en el acto de conciliación, salvo que hubieran ocurrido con posterioridad al mismo.
- Datos laborales del demandante y de la empresa.
- La fecha y la forma en que se registró el despido.
- Vinculación con sindicatos del demandante (si está afiliado o ha sido representante de los trabajadores).

La regla general es que, durante el juicio, el empresario debe probar los motivos alegados para el despido, así como haber seguido el procedimiento establecido. En su defensa no puede aportar hechos distintos a los ya mencionados en la carta de despido.

Una vez celebrado el juicio, el juez dictará sentencia que podrá ser de tres tipos:

- Despido nulo. Un despido tendrá la calificación de nulo cuando el juez entienda que no hay causa que lo motive y se realice con discriminación del trabajador, a mujeres embarazadas o a progenitores que hayan solicitado reducción de jornada para el cuidado de niños menores de seis años. En estos casos, el juez puede determinar la readmisión inmediata del trabajador en el puesto que desempeñaba, así como el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia.

- Despido improcedente. Se da cuando no quedan demostradas las causas alegadas para el despido o cuando no se han cumplido las exigencias formales estipuladas. En este caso, el juez establece en la sentencia la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo, en el plazo de cinco días, o bien el pago de la indemnización que le correspondería en el supuesto de que el empresario optara por la no readmisión. Cuando en el mencionado plazo de cinco días no se ejercite ninguna opción, se entiende que el empresario opta por la readmisión del trabajador.

- Despido procedente. Si el juez determina que las causas del despido están justificadas, se extinguirá por completo la relación laboral sin que el trabajador tenga derecho a indemnización, ni a ningún salario de tramitación.

Posteriormente a esta sentencia, ambas partes, si no están de acuerdo con el fallo, pueden seguir con el pleito presentando un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.

El trabajador tiene derecho al nombramiento de abogado por el turno de oficio, sin obligación de abonar honorarios. Tan sólo es obligatoria la intervención de un abogado en los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia y en el de casación y revisión ante el Tribunal Supremo. En el acto de conciliación o en la posterior demanda ante el Juez de lo Social, el empleado puede presentar la demanda, si lo desea, sin recurrir a los servicios de un abogado.

Este proceso que hemos descrito es distinto si el empleado trabaja para las administraciones públicas. La diferencia estriba en que en estas situaciones no se exige que el trabajador solicite el acto de conciliación. Basta con que realice una reclamación previa ante la propia Administración pública que se pretende demandar. Debe dirigirla al jefe administrativo o director del organismo donde el trabajador prestaba sus servicios. En este supuesto, la Administración cuenta con un plazo de 30 días para contestar. Si no llega respuesta alguna en este plazo, se conceden otros 20 días para presentar la demanda judicial.

Les aconsejamos que cuenten siempre con asesoramiento legal. Piensen que se pueden estar jugando su estabilidad económica tanto del presente como del futuro, suya y de toda su familia. No se pueden cometer errores.

Por último, una aclaración: como habrán podido comprobar, en estos dos post no hemos intentado demonizar en ningún momento a los empresarios. Aunque de todo hay en la viña del señor, estas personas arriesgan su tiempo y su dinero para conseguir que una empresa salga adelante, con los beneficios sociales que ello conlleva. Lo único que hemos pretendido es ayudar a la parte más débil en el conflicto que, normalmente, es el asalariado.

Cómo impugnar un despido: acto de conciliación

Aunque parece, según los datos, que la crisis económica ya ha tocado fondo, sus repercusiones las vamos a seguir padeciendo durante mucho tiempo. El producto interior bruto (PIB) español ha dejado de decrecer y, tímidamente, empieza a crecer algunas décimas. Sin embargo, los expertos consideran que para que se pueda crear empleo, la economía española debe crecer por encima del 2%. Desgraciadamente, estos mismos expertos creen que esto no sucederá hasta dentro de dos o tres años y mientras tanto, aunque el PIB crezca unas décimas, seguirán destruyéndose puestos de trabajo.

Ante esta perspectiva, lo malo no sólo será que las personas que ahora están en el paro no encuentren trabajo, sino que las que aun lo conservan, lo puedan perder.
Dios no lo quiera, pero si usted se ve abocado a la desagradable experiencia de ser despedido por su empresa, quizá le convenga tener claro cuales son los pasos que tiene que dar para no verse excesivamente perjudicado por ese despido.

El primer paso que dará el empresario será la entrega de la notificación del despido (lo que comúnmente se conoce como “carta de despido”). Cuando no se está de acuerdo con las causas que alega el empresario, cabe la posibilidad de recurrir. El plazo para impugnar es de 20 días hábiles, que empiezan a contarse desde el momento del cese.

A partir de ahí, para que este derecho sea efectivo, hay que seguir una serie de trámites. Primero se debe intentar llegar a un acuerdo con la empresa a través de un acto de "conciliación obligatoria previa". Para ello, hay que recurrir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la comunidad autónoma correspondiente. Si a pesar de todo no se está conforme con el dictamen, se puede interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social. Pero vayamos por partes.

- Acto de conciliación.
El acto de "conciliación obligatoria previa" está regulado en los artículos 63 a 68 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Es un proceso al que debe recurrir no sólo el trabajador que recibe la carta de cese, sino también a quien se haya despedido de manera verbal.

La demanda de conciliación debe gestionarse en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la comunidad autónoma correspondiente. La autoridad laboral cita a las partes para intentar llegar a un acuerdo y que el trabajador pueda reincorporarse a su puesto de trabajo o recibir la indemnización pertinente, que engloba los salarios de tramitación (el dinero que habría percibido el empleado durante los días en que se realiza este proceso si hubiera trabajado).

Si no hay acuerdo, el trabajador tiene que presentar, a la mayor brevedad posible, una demanda ante el Juzgado de lo Social. El plazo total para reclamar es de 20 días hábiles, por lo que debe descontar los días transcurridos desde el despido hasta la presentación de la demanda de conciliación para conocer el tiempo del que dispone.
En el caso de que el trabajador no se presente a este acto, se da por perdida su reclamación. Si es el empresario el que no lo hace, se le puede imponer una multa de hasta 601,01 euros, más el abono de los honorarios de los abogados del trabajador.

En numerosas ocasiones, el conflicto entre el trabajador y la empresa suele solucionarse con este acto de conciliación. Pero no siempre es así. En esos casos es necesario acudir al Juzgado de lo Social para que un juez revise el caso y dicte la sentencia que se ajuste a la legislación laboral. Lo veremos en el siguiente post.

El pacto Zapatero-PNV podría dejar sin pensiones a 9 Comunidades Autónomas

Me precio de tener unos lectores muy bien informados y, por lo tanto, estoy seguro de que ya conocerán las dificultades que está teniendo (y que va a tener) el Gobierno de Zapatero para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La crisis ya hace mucho tiempo que minó la credibilidad de este gobierno, lo que unido a las restricciones que se han tenido que tomar en la confección de estos presupuestos (imposición directa de la UE) ha provocado que ningún partido de la oposición se decida a apoyarlos para sacarlos adelante. (Bueno, entre los partidos de la oposición no cuento con Coalición Canaria (CC) ni con Unión del Pueblo Navarro (UPN) porque siempre votan a favor de lo que proponga el gobierno. Imagino que sus votantes se lo recordarán la próxima vez que acudan a las urnas).
La única salida que les queda para aprobarlos y no tener que anticipar las elecciones es poder convencer al Partido Nacionalista Vasco (PNV) para que voten a favor. Pero estos votos no son precisamente gratuitos y se habla de que los nacionalistas exigirán el control de las pensiones. ¿Qué significa esto? Pues que de concedérselo, acabarían de un plumazo con la “caja única” de la Seguridad Social y, con ello, pondrían en serio riesgo el cobro de las prestaciones de jubilación en la mitad de España.

No exagero. Si el País Vasco establece un sistema público de pensiones a nivel autonómico, está claro que las otras 16 autonomías del estado español también lo harán, al menos, las que sepan que pueden asumir sus costes. Pero no todas podrían hacerlo; nueve comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía) no podrían costear ese sistema.

Debido al envejecimiento de su población, al saldo vegetativo (nacimientos menos muertes) negativo o al escaso número de trabajadores en activo, todas ellas registran más gastos que ingresos en sus respectivas cuentas de la Seguridad Social, ya que tienen menos de dos cotizantes por pensionista, es decir, una tasa de dependencia inferior a 2 frente al 2,57 de media nacional (a fecha de agosto de 2010).

Precisamente por este motivo se instauró la caja única de la Seguridad Social: para garantizar el principio de solidaridad interterritorial en todo el estado. Si los jubilados de estas nueve autonomías cobran puntualmente la totalidad de sus pensiones es, precisamente, gracias al superávit que procede del resto de autonomías, ya que sus gobiernos no podrían costear estas prestaciones sin reducir el gasto público o bien aumentar los impuestos de forma sustancial.

Por ponerles algunos ejemplos, las regiones que más sufrirían con la ruptura de la “caja única” de las pensiones serían, por este orden, Asturias, con 1,3 cotizantes por pensionista, seguida de Galicia (1,4), Castilla y León, Cantabria y Extremadura. Pero incluso el País Vasco, con 1,9 cotizantes por jubilado estaría por debajo del mínimo imprescindible.

Todo esto que hemos expuesto no significa que esas nueve comunidades autónomas vivan de la caridad de las otras ocho. Sólo nos estamos refiriendo a las pensiones de jubilación de la Seguridad Social.

Esperemos que el señor Zapatero no alargue más su agonía al frente del gobierno rompiendo la caja única de las pensiones a cambio de un puñado de votos que le salven sus presupuestos. Los ciudadanos españoles (que no los políticos) nos jugamos nuestro futuro y recordaríamos esta votación durante muchos, muchos años.

Al colegio, mejor andando. Pero seguro.

Desgraciadamente terminó el verano (aunque no oficialmente), llega septiembre y con él la vuelta al colegio para los niños. Como todo en la vida, esta vuelta al colegio tiene sus cosas buenas... y otras no tanto. Los niños, al igual que los mayores, sufren las temidas crisis post vacacionales, los padres agradecen quitárselos de encima durante unas horas al día, aunque tengan que sufrir los desorbitados gastos escolares (se calculan unos 800 euros de media por niño) y las calles se vuelven a llenar de coches paternos llevando a sus hijos a los centros escolares. A este último punto quiero referirme hoy.
Los conductores que habitualmente se muevan por las calles de las grandes ciudades sabrán perfectamente a lo que me refiero. Durante los meses de verano, circular a cualquier hora por nuestras calles y avenidas resulta, relativamente, sencillo: apenas hay atascos, la circulación es fluida e, incluso, aparcar es posible. Pero al llegar la segunda semana de septiembre todo cambia. El motivo resulta evidente: el inicio del curso escolar.

No hace demasiados años, los niños acudían andando a los colegios; los que vivían más lejos utilizaban el autobús escolar y raro era el caso del padre que acompañaba a su hijo en coche particular a no ser que fuera profesor en el mismo centro. Hoy... a los que llegan caminando les miran por encima del hombro, los autobuses escolares escasean y son multitud las madres y padres que, sin tener la obligación de pisar la calle o de coger el vehículo, salen de casa a propósito para llevar a sus hijos en coche al colegio.

El resultado todos lo conocemos: atascos, aglomeraciones, prisas, enfados... Y no sólo a primera hora de la mañana; esto mismo se repite a mediodía y por la tarde. Desconozco si existen estudios al respecto, pero me gustaría saber cuanto vale esta maldita costumbre. Ya saben: gasolina, contaminación, etc., no sólo de esos padres, sino también del resto de conductores que sufren esas aglomeraciones que, sin los colegios, no existirían.

Tampoco es desdeñable el daño que, sin querer, provocamos en los pequeños. Les estamos convirtiendo en personas totalmente dependientes, incapaces de moverse con libertad y autonomía por las ciudades y apartándoles de la vida cotidiana y de las experiencias que, si fuesen andando, encontrarían en las calles.

El Ayuntamiento de Pontevedra ha diseñado el programa pionero de seguridad vial 'Camiño Escolar', en virtud del cual el Ayuntamiento, la Policía Local y, como centro de experiencia piloto, el colegio Álvarez Limeses buscan fomentar "que los niños puedan ir solos a la escuela y caminando".

Los objetivos que persiguen ya los hemos explicado antes: eliminar los coches de las calles y conseguir que los niños sean autónomos, respetuosos con el medio en que se mueven, y responsables con los horarios, tanto de llegado al colegio como, posteriormente, a sus casas.

Para lograrlo, los niños necesitan unos apoyos en las calles que les ayuden a conseguir el objetivo. Por ello, aparte de la implicación de padres, profesores y policía municipal, contarán con la ayuda inestimable de dos colectivos especiales: los abuelos orientadores y los establecimientos comerciales y hosteleros. Los primeros, actuando de forma totalmente desinteresada, se colocarán, ataviados con chalecos reflectantes, en los cruces y tramos más peligrosos para ayudar a los niños a pasarlos sin problemas. Los segundos, pegarán en las puertas de sus establecimientos el logo de “Camiño escolar” para que los niños sepan dónde pueden entrar en caso de apuro, En ese caso, los comerciantes les podrán indicar el camino correcto a casa o al colegio y llamarán a la familia en el caso de que la situación lo requiera.
En el caso de que todo funcione bien, esperan exportar la experiencia a todos los colegios de la ciudad en el curso siguiente.

Esperemos que cunda el ejemplo y se apliquen estas iniciativas en el resto de nuestras ciudades.

Abren 7.000 webs-trampa al día para timar a los usuarios (BlackHat SEO)

¿Cansado de recibir malware o phishing en el correo electrónico? Pues no se preocupe porque está llegando a su fin. Los cibercriminales se han dado cuenta de que la inmensa mayoría de los internautas ya sabemos distinguir estos engaños y han ideado otros.

Cada día se crean cerca de 7.000 webs-trampa con la esperanza de que usuarios despistados pinchen por error en ellas y, al visitarlas, se infecten de alguna manera o bien introduzcan sus datos creyendo que corresponden a sitios lícitos. Esta técnica se denomina BlackHat SEO.

Estos timadores posicionan e indexan estas páginas web en los principales motores de búsqueda con el objetivo de que el usuario de estos servicios, cuando busque una marca, entre en el enlace de la web falsa (que aparece en las primeras posiciones). Una vez dentro pueden suceder dos cosas: o bien que mediante alguna acción se descargue malware en el equipo del usuario, con o sin su conocimiento, o bien que simule ser una web real de una entidad en la que se tengan que introducir datos personales, los cuales caerían en manos del cibercriminal.

El problema en estos casos es que esta estratagema resulta muy difícil de descubrir. Los usuarios solemos buscar en Google (sobre todo) y actuamos como lo hacían los espectadores de televisión allá por los años sesenta y setenta: nos creemos todo lo que sale en los resultados. Lo que ponga Google va a misa. Y cuando pinchamos en el enlace ya no nos preocupamos por saber si la web en cuestión es verdaderamente la de nuestro banco o no. Es justo reconocer las habilidades de los timadores para clonar estas páginas: cada día resultan más convincentes.

En el ranking de las marcas más utilizadas para llevar a cabo estas fechorías aparecen algunas de sobra conocidas: Ebay, Western Union, Visa, Amazon, Paypal, Bank of América y, en general, todas las que tengan que ver con instituciones bancarias o sitios de compra online. El 65% de las webs falsas están posicionadas como entidades bancarias seguidas de los sitios de venta online (27%). Ya mucho más lejos aparecen otras instituciones financieras (2%), organismos gubernamentales (2%), sitios de pago, de juegos, de ocio...

Realmente resulta complejo no despistarse en alguna ocasión y caer en las redes de estos indeseables. El único consejo posible que cabe es la no utilización de los buscadores a la hora de realizar transacciones en la red que puedan dejar al descubierto datos comprometidos. Es preferible recoger la dirección desde nuestro propio ordenador (favoritos) o bien teclear directamente la dirección en el navegador.

En fin, si con este post conseguimos que al menos uno de nuestros lectores no caiga en la trampa, nos daremos por satisfechos.

El Plan 2000E encareció el precio de los coches

Siempre he pensado que el Estado tiene la obligación, legal y moral, de ayudar económicamente a una persona para que no pase hambre, pero de ahí a subvencionarla para que pueda pasearse por las calles con un coche nuevo… Y ahora, encima, nos enteramos de que esas ayudas sólo sirvieron para que se enriquecieran unos cuantos.

Hagamos un poco de historia.

Primeros meses del año 2009. El gobierno español había retirado las ayudas a la compra de vehículos nuevos y retirada de usados de más de diez años, el denominado Plan Prever hacía un año y el Plan Vive era un auténtico fracaso, lo que, unido a la profunda crisis económica que ya padecíamos por esas fechas, produjo una bajada espectacular en la venta de vehículos.
Fabricantes y concesionarios, asustados ante la que se les venía encima, presionaban a las autoridades para que reinstaurasen el antiguo Plan y, mientras tanto, se enfrascaban en una cruenta guerra de precios y descuentos para hacerse con el escaso mercado existente. No eran extraños por aquellas fechas descuentos de 2.000, 3.000 y hasta 5.000 euros en la compra de un nuevo vehículo.

Pero todo cambió en el mes de mayo. El Gobierno no pudo aguantar más la presión y, obligado en parte por las ayudas que ya ofrecían algunas autonomías, instauró el Plan 2000E, consistente en una ayuda de 500 euros por parte del Gobierno Central, 500 más por parte de los Gobiernos Autonómicos y 1.000 euros más que ofrecían los diversos fabricantes de automóviles. Los resultados no tardaron en llegar y los concesionarios se llenaron de compradores ávidos por beneficiarse de estos descuentos.

Ya por aquel entonces, fuimos muchos los que avisamos que esas ayudas no iban a lograr los resultados deseados. Si; consiguieron revitalizar el mercado, pero ¿a cambio de qué? No nos vamos a ir por las ramas: a cambio de mermar las arcas públicas (nuestros impuestos) para que se beneficiasen los fabricantes y los concesionarios de automóviles.

No se beneficiaron los compradores, a pesar que muchos de ellos lo creyesen así. Realmente, durante la vigencia del Plan 2000E los precios finales de los vehículos fueron superiores a los que regían en los primeros meses de 2009. ¿Cómo es eso posible? Muy fácil. Mientras no vendían, los fabricantes ajustaron sus precios para resultar competitivos y poder vender, pero con la entrada en vigor del Plan 2000E, los compradores acudían en masa influenciados por el descuento estatal y por el bombardeo de la publicidad institucional, ¿por qué continuar manteniendo esos precios ajustados que mermaban sus beneficios si los compradores les quitaban los coches de las manos?

Esta “sospecha” que muchos teníamos ha quedado despejada gracias al estudio efectuado por Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que en su segundo informe anual sobre ayudas públicas afirma que los precios franco fábrica de los automóviles (precio antes de impuestos, descuentos y ayudas) aumentó de forma generalizada en una media de 400 euros, aunque, en algunos casos, el crecimiento llegó hasta los 1.000 euros.

El organismo regulador analizó 24 modelos, encontrando subidas de precios (al compararlos con los que tenían anteriormente a la entrada en vigor de dicho plan) en 22 de ellos. Así, las mayores subidas correspondieron al Toyota Auris (984 euros), Citroën C3 (645 euros), Seat Ibiza (596 euros), Ford Fiesta (547 euros), Audi (514 euros), Volkswagen Passat (469 euros) y Citroën Xsara (400 euros).

Esto son sólo precios franco fábrica, ya que la reducción sufrida en los descuentos que se ofrecían posteriormente (por parte de fabricantes y concesionarios) no pueden cuantificarse (promociones del tipo “duplicamos el descuento hasta 4.000 euros sólo este mes”).

Según el Presidente de este organismo, Luis Berenguer, los resultados del estudio “inducen a pensar que el fabricante/importador ha aumentado los precios con el fin de contrarrestar el descuento e incorporar en el precio parte del subsidio”.

La conclusión es clara: con nuestros impuestos consiguieron que los vehículos se encarecieran hasta en 1.000 euros. Bonita forma de acabar con la crisis.

Blair cataloga en sus memorias a Aznar como un erizo que no se deja aplastar

Muchos de ustedes ya sabrán que el ex primer ministro británico, el laborista Tony Blair, ha publicado un libro con sus memorias (The Journey, se titulan). Salió a la venta el pasado lunes, 30 de agosto, en Gran Bretaña (hasta el 2011 no llega a España) y, en su primer día, ya se ha convertido en el número uno en ventas.


Poco a poco se van filtrando algunas de las revelaciones que aparecen en el libro. Así, Blair reconoce no lamentar haber entrado en la Guerra de Irak; no escatima críticas a su sucesor Gordon Brown y reconoce haber tenido serios problemas con su adicción al alcohol.
Sin embargo, uno de los capítulos que más ha despertado nuestra curiosidad es el relativo a las experiencias vividas junto a nuestro ex presidente José María Aznar al que considera un negociador extremadamente duro. Para ilustrar estas afirmaciones, pone como ejemplo su primer encuentro, en mayo del año 1997, durante una reunión de primeros ministros europeos en la que se estaban intentando acercar posiciones sobre el Tratado de Ámsterdam. Se lo transcribimos:

“Aznar necesitaba que el tratado de Ámsterdam reflejase "la posición especial de España como recipiente de apoyo europeo y como un país grande junto a otros grandes, no un país pequeño". "Esto era un problema para los otros 'grandes', en especial para los alemanes, dirigidos por Helmut Kohl".

Los holandeses "recurrieron, con apoyo alemán, a la vieja táctica de dejar para el final las demandas españolas", tratando de presionar a España advirtiéndola de que su obstinación ponía en peligro "la estabilidad de Europa". "¿Es que no tenéis sentido de la historia? ¿Queréis ser responsables del fracaso europeo?, etc. Muchas tonterías, pero que han resultado eficaces en numerosas ocasiones", explica el ex líder laborista.

"No así con Aznar", agrega Blair, que recuerda que después de que se le ofreciera "un compromiso, ni bueno ni malo", el entonces presidente español insistió en sus exigencias y se fue a la sala de al lado a fumar un cigarro.


Según la versión de Blair, todos intentaron ablandar al jefe de Gobierno español, cada uno a su manera: el primer ministro holandés, Wim Kok, con suavidad, a la manera de los protestantes de su país, el presidente francés, Jacques Chirac, en plan "mandón, muy a la francesa".


Finalmente, el canciller federal alemán, Helmut Kohl "se levantó de su asiento y se fue con su considerable peso a ver a Aznar". Blair lo compara a una especie de "fuerza inexorable en busca de un erizo". "Regresó todo perplejo. Inexplicablemente, el erizo no se había dejado aplastar", así que Kohl le pidió a Blair que lo intentara a su vez.


"Entré donde estaba sentado José María, solo con su intérprete y su cigarro, al que daba caladas como si no tuviese la mínima preocupación. Prescindimos del intérprete y hablamos francés". Éste le dijo entonces al político conservador español lo importante que era que aceptara el compromiso y lo decepcionado que estarían todos, sobre todo el canciller alemán si no lo hacía.


"Ya lo sé. Estoy tan triste", dijo Aznar "con enorme mueca", y agregó: "¿Puedes llevarle este mensaje? Diles que ya les expliqué cuáles eran las condiciones para que el tratado fuera aceptable para España y las expuse al principio. Hasta ahora no me han vuelto a preguntar. Pero si lo hubiesen hecho, les habría repetido que ésas son las condiciones aceptables para España. Y además, mira, dijo Aznar, sacando algo de su bolsillo, me quedan muchos más cigarros para fumar".

Blair termina su referencia a aquella dura negociación señalando que Aznar logró lo que quería.

¿Se imaginan al Presidente Zapatero manteniendo una postura similar ante Merkel, o Sarkozy? Pues yo no.
No voy a caer en la tentación de pedir que regrese Aznar; su tiempo ya pasó. Lo que si voy a pedir (y a voz en grito; que está muy lejos) es que Zapatero prolongue al máximo su visita a China y Japón (a ser posible durante varios años). Que no se preocupe; que no le echaremos en falta.