No hace falta que les comente el revuelo que causaron,
tras las elecciones andaluzas, las manifestaciones de los dirigentes de VOX
cuando criticaron la Ley de Violencia de Género exigiendo cambios para dar su
apoyo al nuevo gobierno de PP y C´s. Los tacharon de machistas, de retrógrados,
de franquistas… pero, realmente, ¿cuáles eran los puntos en los que estaban en
desacuerdo?
Desde la web “ser hombre no es delito” han desgranado
las partidas presupuestarias del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) que la
Junta de Andalucía publica en su web. Los números, como poco, sonrojan.
Dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, el Instituto Andaluz de la Mujer es el órgano que se encarga de
repartir subvenciones a Asociaciones y Federaciones de mujeres para la
realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y
la promoción de la “igualdad de género”. Palabras preciosas que se quedan en
nada cuando se averigua que de los casi 43 millones con que cuentan de
presupuesto, a las víctimas apenas les llega un millón doscientos mil euros, el
2,8% del presupuesto. ¿El resto?
Burocracia, gastos corrientes y subvenciones a más de 2.300 entes con
270.000 mujeres asociadas.
Unos 22 millones se van en sueldos y gastos corrientes
de la propia entidad (alquileres, mantenimiento, facturas…), un millón se gasta
en inversiones reales, que incrementan su patrimonio y los 20 millones
restantes a transferencias de capital (subvenciones y ayudas).
Desglosemos las transferencias de capital:
- 1,6 millones a las universidades andaluzas para
“actuaciones en materia de género”. Por supuesto, al igual que con las
siguientes partidas, no se especifica cuales son esas actuaciones.
- 8,5 millones a ayuntamientos para “centros de
información municipales”.
- 90.000 euros al Ayuntamiento de Sevilla para
“atención general”.
- 3 millones para “potenciación del asociacionismo de
mujeres”.
- 400.000 euros para “programas de atención social a
las mujeres”.
- 300.000 euros para “ayudas económicas a mujeres
víctimas de violencia de género”.
- 200.000 euros para “atención integral a mujeres
inmigrantes”.
- 700.000 euros para “atención a la prostitución y
tráfico sexual”.
- 140.000 euros para UGT y CCOO para “defensa legal en
materia de igualdad entre hombres y mujeres”.
- 200.000 euros para el mismo motivo, pero sin
identificar destinatario.
- 900.000 euros sin destino concreto.
Y a través de las delegaciones provinciales y
territoriales:
- 360.000 euros en “ayudas económicas a mujeres
víctimas”.
- 190.000 euros en “atención psicológica a mujeres
víctimas”.
- 102.000 euros para “atención integral a mujeres
víctimas”
- 254.000 en “atención especializada a menores
expuestos a violencia de género”.
Comprobado el desglose, apenas 1.200.000 euros llegan
directamente a las víctimas de la violencia de género.
Lo que más me llama la atención es que una buena parte
de los 20 millones en transferencias de capital se utiliza para pagar a
psicólogos, abogados, asistentes sociales, formadores… ¿a qué se dedican los
empleados del IAM que cobran 22 millones en sueldos si estas labores ya las
hacen otros? ¿a rellenar papeles?
La realidad es otra. Con ese dinero se pagan los
sueldos de familiares y amigos, favores políticos y estómagos agradecidos que
no dudan en salir a la calle para apoyar al que les paga sus buenos sueldos sin
pegar un palo al agua.
Por supuesto que nos parece deleznable la violencia
machista (al igual que cualquier otro tipo de violencia). Pero con la actual Ley
de Violencia de Género, a pesar del tiempo que lleva en vigor, no se ha
conseguido ninguno de los objetivos que se fijaron: continuamos con una mujer
muerta por semana, las víctimas se sienten igual de amenazadas por sus verdugos,
las órdenes de alejamiento se vulneran sin ninguna consecuencia y la sociedad
continúa sin concienciarse del drama que se vive en muchas casas. Lo que sí ha
logrado es que miles de enchufados, afines al partido en el poder, vivan del
cuento.
VOX entró como elefante en cacharrería pidiendo la
derogación de la Ley de Violencia de Género. No queremos que la deroguen; exigimos
que la modifiquen. Queremos más educación, más dureza con los agresores, más
rapidez en los juicios, un trabajo digno para las maltratadas (si no lo
tienen), más protección a las víctimas, más policías especializados en las
calles… y menos enchufados en las oficinas.
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