Los
avisos (amenazas en algunos casos) sobre las catastróficas consecuencias del
tan manido “cambio climático” está calando en toda la
sociedad, desde las clases dirigentes hasta el último de los ciudadanos. Todos
somos más ecologistas y resulta difícil encontrar a alguien que no crea que es
imprescindible cambiar, de inmediato, la forma de producir la energía que
consumimos diariamente. (Curiosamente, nadie habla de consumir menos; sólo es
importante generarla de forma “sostenible”).
Pero
este cambio radical es caro. Carísimo. ¿Quién lo pagará? La respuesta es obvia.
Nosotros, los sufridores contribuyentes. Un buen ejemplo lo tenemos en el
decreto (más bien decretazo) que publicó el actual Gobierno en funciones el
pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado: los consumidores de energía
eléctrica (o sea, todos) pagaremos la friolera de 7.000 millones de euros
anuales a las empresas de energías renovables hasta el 2031 a través de
nuestros recibos de la luz.
Toda
la historia arranca en la época del Gobierno de Zapatero (¡qué gran labor la de
este inútil!) cuando decidieron que España sería pionera mundial en la
generación de energías renovables y, para ello, comenzó a inundar al sector
eléctrico con jugosas subvenciones, generando un déficit de más de 30.000
millones de euros en apenas un lustro.
Con
la llegada de la crisis y el cambio del Gobierno, el entonces Ministro de
Industria, José Manuel Soria, ante lo insostenible de la situación, impuso en
2013 un tijeretazo a las subvenciones, consiguiendo que los productores “sólo”
consiguiesen una rentabilidad de
300 puntos básicos (un 3%) superior a la cotización del bono de Tesoro a diez
años. Y ese porcentaje, del 7,4%, quedó establecido para el periodo 2013-2019.
¿Le
gustaría que sus inversiones le rentasen un 7,4% anual? A mí, sí, pero a las
empresas productoras, desde el pequeño huerto solar a las grandes empresas
(Acciona, Iberdrola, Abengoa…), no les pareció suficiente, nunca es suficiente, y denunciaron al
Estado español en arbitraje internacional por inseguridad jurídica. Hasta 45
denuncias se han acumulado por valor de 10.000 millones. De estas denuncias, el
Estado ya ha perdido laudos por valor de 1.700 millones por los que debe
compensar a los afectados con 800 millones. Si extrapolamos las cifras, las
denuncias podrían costarle al Estado unos 5.000 millones.
El
periodo de seis años que estableció el ministro Soria terminaba ahora. De
seguir con la fórmula del 3% sobre el bono a diez años, el beneficio que
sacarían rondaría ahora el 4,7% debido a la bajada de los intereses que paga el
Tesoro por sus emisiones. Este porcentaje inferior redundaría en los recibos de
los contribuyentes en una rebaja de aproximadamente un 5% en lo que pagamos
todos los meses.
¡Por
fin una rebaja en la luz! Pues nuestro gozo en un pozo. Ante la perspectiva de ir
perdiendo juicio tras juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez (¡qué guapo es!) ha querido firmar la
paz con las eléctricas. ¿Cómo? Regalándoles dinero, como no podía ser de otra
forma. Si las productoras de energías renovables renuncian a los pleitos
interpuestos, el Gobierno les garantiza que continuarán obteniendo un 7,4%
anual en sus inversiones ¡hasta el año 2031!
Echando
números: con los juicios podríamos perder unos 5.000 millones; si rebajasen la
rentabilidad al 4,7% ahorraríamos unos 1.500 millones anuales, por doce años,
unos 18.000. Entre una cifra y la otra, 13.000 millones de euros que les
regalamos a las empresas de energías renovables.
¡Qué
bonito es ser ecologista y pagar con el dinero de los demás! Ya llegarán las “puertas
giratorias” dentro de unos años…
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