Nuestros médicos y enfermeros huyen al extranjero. Yo también lo haría…

 

La noticia sale publicada en el periódico Valencia Plaza: se necesita personal sanitario para paliar los efectos de la sexta ola del Covid, pero las bolsas de trabajo de la sanidad están vacías y no pueden contratar. Y la principal razón de que estén vacías es porque el 45% de los sanitarios que acabaron el año pasado su formación como residentes no han seguido vinculados a la sanidad pública valenciana. Empieza a asustar la situación. ¿Qué ocurre?

Pues, como casi todo en esta vida, la culpa la tiene la economía de mercado. Mucha demanda de personal sanitario, sobre todo desde que llegó la pandemia, y poca oferta de médicos y enfermeras. Conclusión: que estos últimos tienen muchos puestos entre los que elegir y se van a trabajar donde más les conviene.

Firmar contratos temporales encadenados o, incluso, sólo por guardias, lo que hace que los médicos no tengan estabilidad laboral hasta rondar los cincuenta años; jornadas sobrecargadas en las que tienen que atender hasta a cien pacientes, con el consiguiente peligro de cometer un error; cobrar nóminas no demasiado elevadas… Todo esto no se puede comparar con ofertas que llegan desde Francia con contratos de médico de familia de carácter indefinido, con vivienda y retribución de 8.000 euros. Nuestros jóvenes sanitarios directamente ni se lo piensan.  

En 2021, en la Comunidad Valenciana, de 581 médicos que terminaron su formación MIR, 239 no suscribieron contrato con la administración (41%) y de 81 enfermeros que finalizaron EIR, 59 tampoco lo hicieron (72,8 %). Y estos números, punto más, punto menos, se pueden extrapolar al resto de España.

Si esta falta de médicos y enfermeros ya provoca bastantes problemas por la falta de una correcta atención sanitaria a la población, las consecuencias económicas son catastróficas. La formación universitaria de un licenciado supera los 60.000 euros. Teniendo en cuenta que, en la universidad pública, las tasas que paga el alumno no llegan al 10% del coste, 55.000 euros los pagamos entre todos.

Una vez terminado, al médico se le exige que trabaje como becario para continuar aprendiendo en lo que se conoce como MIR (médico interno residente). Esta residencia es de cinco años y tiene un coste anual de unos 40.000 euros por médico, aparte de lo que pueda cobrar por realizar guardias (unos 200 euros cada una). Dejando aparte las guardias, cada médico que acaba su residencia ha costado más de 250.000 euros al erario público. Que una vez enseñado se marche a otro país, tiene guasa.

Difícilmente podremos igualar la retribución que ofrecen en otros países (Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, etc.) con mayor nivel de vida. Aunque no lo queremos reconocer, somos un país pobre si nos comparamos con ellos. Pero si se podría mejorar, y mucho, en otras cuestiones administrativas como la duración de los contratos, las condiciones laborales y las trabas burocráticas (por ejemplo, la tramitación de bajas-altas en la sexta ola de la pandemia) que “ayudan” a que el nuevo médico se decida a hacer las maletas y marchar a otras latitudes.

Además, se debería estudiar implantar algunas medidas legales. Si un médico nos ha costado más de un cuarto de millón de euros, ¿qué menos que, al empezar sus estudios, se le obligue a comprometerse a trabajar en la sanidad pública 4 o 5 años cuando los finalice? Algo del gasto se amortizaría y se paliaría, al menos en parte, la falta de personal.

Nos vendían que teníamos la mejor sanidad pública del mundo; con la pandemia hemos sabido que no era verdad.