Uno de los monopolios más antiguos y sobre el que ningún
gobierno se ha atrevido nunca a meter mano parece que tiene los días contados.
Nos referimos al que todavía mantienen con mano de hierro nuestros queridos y
apreciados taxistas.
La CNMC ha emitido un requerimiento de 14 folios a los
ayuntamientos de Córdoba y Málaga exigiéndoles que eliminen aspectos clave en
la actual regulación del taxi como la fijación de precios o el sistema de
licencias. En caso de no cumplirlo, estos ayuntamientos tendrán que acudir a
los tribunales.
¿Y por qué Córdoba y Málaga si el resto de municipios
españoles tienen unas bases de funcionamiento del sector muy similares? Pues
porque Competencia no puede actuar de oficio en las ordenanzas existentes con
anterioridad a la aprobación de la Ley de Unidad de Mercado pero si lo puede
hacer en el caso de que se redacten o actualicen normativas que vulneren la
competencia y estos dos ayuntamientos han modificado recientemente las
ordenanzas de este servicio público.
El requerimiento no tiene desperdicio; Competencia exige la
eliminación de las tarifas oficiales que aprueba el Ayuntamiento y clama por un
sistema libre de fijación de precios que fomente un comportamiento competitivo entre
proveedores. Además, ordena que la nueva normativa permita realizar descuentos
y que cobrar o no por el tiempo que se tarda en recorrer la ciudad hasta que se
recoge al cliente sea decisión de cada taxista. Algo bastante lógico: ¿qué
culpa tiene el cliente si el taxi que le envían está en la otra punta de la
ciudad?
Además, Competencia califica de injustificado el actual
sistema de licencias locales y asegura que se crean barreras geográficas a la
libre actividad económica. Ya lo conocen: un taxista no puede acudir a otra
localidad para realizar un servicio. A los taxistas todavía se les permite
mantener sus Reinos de Taifas en el siglo XXI. Y propone recortar el poder de las asociaciones gremiales en
el funcionamiento del sector. A más de uno le habrá sentado mal el desayuno
copioso.
En otro de sus puntos propone acabar con el sistema de
límites máximos en la concesión de licencias. En el caso de Córdoba solo se
conceden 1,55 licencias por cada 10.000 habitantes. “No cabe vislumbrar una
razón imperiosa de interés general en que se fundamente la restricción de una
actividad económica” dice la CNMC.
Para finalizar, exige que se prohíba la obligatoriedad de
que la licencia sea para una persona física o una cooperativa de autónomos.
Esto permitiría que se pudiesen crear empresas de taxis con flotas para poder
cubrir los servicios requeridos. Y también reclama que se ponga fin a la norma
de que el titular de la licencia tenga que ser conductor.
Habrá opiniones para todos los gustos, pero creo que la
mayoría coincidirá conmigo en que hay que acabar con estos abusos cuanto antes.
No se puede obligar a nadie a coger un determinado vehículo y a que, sin
importar si el conductor es amable o no, si el coche huele mejor o peor, si
hace frío o calor en el interior, si es cómodo o no, si el vehículo es un
Mercedes o un Dacia o si hay mucho tráfico o poco, se tenga que pagar siempre
un precio estipulado. Y encima sin
permitir que otros trabajadores puedan ejercer esa profesión. Si los de UBER (o
quien sea) pagan sus impuestos y cumplen con las mínimas normas exigibles ¿por
qué no pueden trabajar en una ciudad?
¿Por qué los políticos defienden tan descaradamente este monopolio?
¿También les untan los taxistas?
Esperemos que la CNMC no se pare ahí y que continúe
exigiendo estas medidas en el resto de la geografía española para acabar, de
una vez por todas, con el arcaico y vergonzoso funcionamiento de este
sector.
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