¿Sabían que
el Gobierno de Mariano Rajoy estaba estudiando la jubilación anticipada de
70.000 policías locales, 17.000 mossos de escuadra y 1.100 policías forales de
Navarra a los 60 años y con toda la pensión?
Incluso
tenían previsto aprobarlo con el gobierno en funciones a través de un Real
Decreto y que el siguiente gobierno lo convirtiese en Proyecto de Ley. Pero los
resultados electorales han salido tan enrevesados que imagino que ahora tienen la
mente puesta en otros menesteres y dudo que se acuerden de este “regalito” a
los funcionarios públicos. Pero aun pueden hacerlo.
Lo que
pretendían con esta medida era equiparar los derechos de estos tres grupos a
los que ya tiene la Ertzaintza. Para
ello, el periodo de cómputo de la cotización a la Seguridad Social
hasta el que regula la ley, se completaría multiplicando el número de años
cotizados por un coeficiente similar al 0,2 que es el que tiene la policía
vasca. De esta forma, un agente que haya contribuido durante 30 años a la Seguridad Social ,
tendrá 6 años más de los que realmente ha cotizado.
Salvo los
90.000 policías implicados en el asunto, supongo que el resto de los lectores
tendrán en estos momentos las manos en la cabeza. ¿Cómo es posible que a mi me
obliguen a trabajar hasta los 67 años y a los policías los quieran jubilar a
los 60? Pues porque según el gobierno, los policías deben incluirse en el grupo
de trabajadores que pueden adelantar su jubilación por desarrollar su labor en
condiciones duras, de especial toxicidad y de riesgo, tal como ocurre con los
empleados del mar, la minería o los bomberos.
Y me
pregunto: ¿la labor de los policías solo consiste en perseguir corriendo a los
delincuentes? Porque para correr igual no están (aunque conozco a muchos con
sesenta y tantos que corren maratones), pero hay mil trabajos que si pueden
hacer, al igual que los hacen personas de su edad en otros sectores. Sin
calentarme mucho la cabeza: vigilancia pasiva, labores administrativas, tareas
de formación, mediación en conflictos, enseñanza viaria a niños, atención al
ciudadano, regulación del tráfico en la entrada/salida de los colegios… ¿Cómo
pueden sentar definitivamente en el banquillo a profesionales con una experiencia de
más de 30 años, con una capacidad física más que aceptable y con ganas de
trabajar (al menos, muchos de ellos) y de demostrar sus conocimientos?
Con el
déficit público que arrastra España, este dispendio extra con cargo a los
contribuyentes es excesivo e inasumible. Espero que el próximo gobierno
recapacite y no siga adelante con la medida. Aunque conociendo la “valentía” de
nuestros políticos, ¿quién se atreverá a plantar cara a un lobby tan influyente
como el de los funcionarios públicos?
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