Todo
comenzó a principios de este siglo con la liberación del sector eléctrico y
continuó con la irresponsabilidad de unos políticos (Aznar y Zapatero) que, más
preocupados por los beneficios electorales que por el bien de los ciudadanos,
se inventaron una política diabólica que consistía en una “congelación de la
tarifa eléctrica” al margen de las subidas de los costes de la energía.
¿Resultado? Ciudadanos que, desconocedores del tema, se alegraban de que su
recibo eléctrico no variase, deudas multimillonarias y políticos que escurrían
el bulto pensando aquello de “ya lo arreglará quien venga después”.
Durante
casi una década, los recibos de la luz apenas subieron mientras los costes se
disparaban por culpa de la subida de los precios del petróleo y del gas y por
la descabellada política de subvencionar muy generosamente a unas ineficientes
energías renovables, sobre todo las solares. La barbaridad fue tal que se llegó
a rozar los 30.000 millones de euros de déficit tarifario. ¿Y quién tiene que
pagar todo esto? ¿Acaso lo dudan?
Con la
entrada del nuevo gobierno de Rajoy y de la controvertida reforma eléctrica, se
logró atajar en gran medida la generación de déficit adicional y ya en 2014 se
revirtió totalmente, logrando un superávit de 550 millones de euros y de 469 en
2015. ¡Imaginen lo mal que lo hicieron los anteriores gobiernos si los que hay
ahora lograron en apenas dos años dar la vuelta a la tortilla! Sin embargo, a
pesar de que en 2016 se logró rebajar la deuda casi un 8%, a 31 de
diciembre de 2016 la deuda histórica de los españoles con las compañías
eléctricas todavía es de 23.070 millones de euros.
Por
descontado, las compañías eléctricas no son ninguna ONG ni se dedican a la
caridad y todo lo que no cobraban por el recibo eléctrico a los usuarios, lo
iban acumulando como deudas. Para que las compañías no quebrasen y dejasen a
España sin este servicio imprescindible, el Estado les pagaba este déficit y lo
financiaba a través de bonos con los que temporalmente tapaba ese agujero. Pero
el problema es que hay que devolver el dinero a medida que vencen los bonos,
además de los intereses generados. ¿Cómo? Pues con “pequeños” recargos en el
recibo de la luz durante quince años. Lo que los consumidores no pagaron en su día,
lo tienen que hacer ahora y con intereses.
En total, a
cada usuario le corresponde pagar alrededor de 1.000 euros. Y como se debe
dividir por los quince años mencionados, la anualidad asignada en 2017 es de unos
120 euros, de los que 30 corresponderían a intereses. Porque esa es otra. Al
emitirse los bonos en una época en la que los intereses estaban por las nubes,
el precio que se paga ahora es de escándalo: ¡un 3,319%! , 1,3 puntos más que
los bonos del Tesoro y más de 2 puntos superior a lo que están pagando las
eléctricas por sus últimos bonos emitidos. Los consumidores estamos pagando
muchos más intereses por un problema que creó el Estado en su día que lo que
paga el propio Estado o las eléctricas para su propia financiación.
Y no han
escarmentado. El sector del gas también está generando su propio déficit, en
este caso provocado por problemas con nuestro principal suministrador, Argelia
y por el clamoroso fiasco del almacén submarino de gas, el Castor, autorizado
por Zapatero y que se tuvo que paralizar por los terremotos que ocasionaba en
las costas de Castellón, ¿recuerdan? De momento se deben 2.471 millones de
euros, pero denles tiempo que de seguro aumentará.
Los
políticos nos llevan irremediablemente a la ruina. Que se dejen de subvenciones
electoralistas, que rebajen los impuestos y nosotros, cada uno, ya nos
gastaremos ese dinero en lo que nos apetezca. ¡Ya está bien de “Papá Estado”!
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