Es
complicado que las mentes preclaras españolas (ironía: me refiero a los
políticos) acierten en alguna de sus decisiones. Por simple estadística,
a veces se equivocan y lo consiguen. Es el caso del denominado “modelo Alzira”
de gestión hospitalaria.
Corría
el año 1999 cuando se puso en marcha un novedoso (al menos en España) modelo
sanitario en la localidad valenciana de Alzira, adaptación a la española de las
prestaciones de servicios públicos que estaban teniendo lugar en países como
Reino Unido y Suecia. Una concesión administrativa que pretendía dotar a la
sanidad de la eficiencia, flexibilidad y calidad propias de la empresa privada,
pero con la titularidad pública de los hospitales. En resumen: propiedad
pública, control público, financiación pública y gestión privada.
Pasadas
casi dos décadas, los exitosos resultados, tanto clínicos como económicos del
Hospital de la Ribera, se han convertido en un caso de estudio a nivel
internacional, como atestiguan los informes de la Universidad de Berkeley y
Harvard.
En
un país “normal”, este éxito en el modelo debería servir para generalizar su
uso, trabajando para mejorarlo. Pero en España, y más concretamente en
la Comunidad Valenciana, lo que prima no son los resultados sino el partido que
gobierna. En las elecciones de 2015 resultó ganador el PSOE presidido por Ximo
Puig (gobierno tripartito) y eso de que existiese en “su” comunidad un sistema
sanitario privatizado (aunque fuese en una ínfima parte) no entraba en sus
planes, así que decidió acabar con el modelo Alzira e integrarlo en el Servicio
de Salud Valenciano. Para justificar su decisión, encargó un informe a la
Sindicatura de Cuentas con la confianza de que fuera favorable a sus
pretensiones. El informe no puede ser más esclarecedor:
- Mayor
calidad percibida, con un 84,8% de pacientes satisfechos o muy satisfechos, con
especial mención al trato personalizado y a la mayor privacidad ya que todas
las habitaciones son individuales.
- Mejor
calidad objetiva, con un 95,43% de pacientes atendidos en tiempo en urgencias
frente a una media del 81,46%.
- Menores
tiempos de espera, con una demora media de listas de espera de 22 días frente a
los 45 de media.
- Un
21% de gasto inferior a los hospitales de gestión pública (721 frente a 916
euros por habitante).
El
ahorro anual para la Comunidad Autónoma es de 42,5 millones de euros, mejorando
la atención sanitaria a los usuarios. ¿Creen que Ximo Puig ha cambiado de
opinión? Ni se le ha cruzado la idea por la cabeza: no renovará la concesión
que expira el próximo 1 de abril. Poco importa el bienestar de las 256.000
personas residentes en la comarca.
No
puede subsistir. El modelo Alzira se ha convertido en un símbolo que no ha
hecho más que poner en evidencia las deficiencias de los hospitales gestionados
por el servicio público, incapaces de alcanzar las ratios de satisfacción,
calidad y costes del centro de gestión privada. Y eso, a personajes que sólo se
han dedicado en su vida a la política, a la demagogia populista y a los sofismas
ideológicos, no les gusta.
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