Últimamente se están alzando algunas voces que cuestionan el carácter vitalicio de los empleados de la función pública, los conocidos coloquialmente como funcionarios.
Así, al Parlamento de Navarra aprobó el pasado 1 de octubre el denominado Plan Moderna, un proyecto lleno de objetivos políticos y retos económicos con el fin de cambiar el modelo productivo de la comunidad foral en un plazo máximo de 20 años y que contó, al menos en un principio, con los votos favorables de los principales grupos de la cámara (UPN, socialistas y CDN) y el rechazo de Izquierda Unida (IUN-NEB) y los nacionalistas de Nabai.
Entre los puntos que contempla este plan, destaca una iniciativa que supone una auténtica revolución: "Suprimir el carácter vitalicio de los funcionarios”, es decir, el Gobierno Foral se compromete a configurar en los próximos años un nuevo sistema de contratación por el que los "futuros" empleados públicos no gocen de "carácter vitalicio" en determinados puestos o ámbitos de la Administración.
El consenso para aprobar este Plan fue tan mayoritario que incluso contó con el apoyo no sólo de la Confederación de Empresarios (CEN) sino también con el de los sindicatos UGT y CCOO. Sin embargo, tras las denuncias del sindicato nacionalista ELA, estas dos últimas organizaciones se han sumado a las críticas y han presionado al Gobierno navarro para suprimir este punto del texto definitivo.
El Plan Moderna aun tiene que pasar las preceptivas fases de estudio antes de ser llevado, definitivamente, a la práctica.
Pero el Parlamento navarro no es el único que ha hecho saltar la liebre en este espinoso tema. Ayer, durante las reuniones que se está celebrando el Instituto de Empresa Familiar (IEF) en Santander, su presidente, el a su vez presidente de Mango, Isak Andic, propuso que los nuevos funcionarios que se incorporen a la Administración pública española "tengan retribución variable y una estabilidad en el empleo similar a la de la empresa privada".
Al igual que ya ocurrió en el Parlamento Navarro, Andic dejó claro que esta medida sólo afectaría a los nuevos empleados y que los anteriores podrían mantener sus actuales derechos adquiridos. Asimismo, incidió en que los nuevos funcionarios deberían cobrar por objetivos para así incentivar su trabajo.
¿Creen ustedes que estas medidas son descabelladas?
Se que existen muchos (muchísimos) funcionarios que trabajan como el que más y que se desviven por sacar adelante sus difíciles labores. Pero, ¿por qué tienen que estar junto a ellos otros que no lo hacen? ¿Por qué no se puede prescindir en la función pública de ése porcentaje de “vagos” que existen en todos los trabajos? ¿Por qué los ascensos y los aumentos de sueldo no dependen del trabajo bien hecho sino de los años que se lleve trabajando o el “enchufe” mejor o peor que tenga?
Una de las razones que se esgrimen para que un funcionario no pueda ser despedido es que, al depender en muchas ocasiones de un cargo político, éste podría estar en su contra por razones ideológicas. Bueno, pues para eso están los juzgados y los despidos improcedentes, justo lo mismo que ocurre en la empresa privada.
Pero, quizá, la excusa más rocambolesca la hayan dado hoy los portavoces de los grupos parlamentarios, PSOE y PP, Alonso y Sáenz de Santamaría. Tras dejar claro su rechazo a la medida propuesta por el Parlamento de Navarro y por Isak Andic (supongo que por miedo a perder votos del importante sector del funcionariado) han coincidido al señalar “que la estabilidad laboral de los funcionarios es necesaria para garantizar su independencia en el desempeño de una importantísima tarea al servicio del interés general”. ¿Acaso insinúan que si su puesto no fuese vitalicio no serían independientes? ¿Y qué ocurre con los cientos de miles que no tienen un puesto fijo en la administración sino que aun están contratados? ¿Son estos fácilmente manipulables?
¿Ustedes qué opinan? Posibilidad de despido, ¿si o no? El debate tiene toda la pinta de que será largo.