Seguro que
muchos de ustedes leyeron ayer la
noticia en algunos periódicos digitales:
“Detienen a una mujer por echar a
unos okupas de su propia casa. Inmaculada Efna, propietaria de origen
guineano de una vivienda en Palma de Mallorca, no pudo abrir con su llave la
cerradura de su casa. Al ver que la habían cambiado, la propietaria no dudó en
romperla y sustituirla por otra nueva comprada en la ferretería. Cuando,
posteriormente, llegaron los okupas a la vivienda, la amenazaron con un
cuchillo, lo que motivó que Inmaculada llamara a la Policía. La sorpresa llegó
cuando los agentes la detuvieron a ella acusándola de un presunto delito de
allanamiento de morada. De nada sirvió que les mostrara los recibos de la
hipoteca que lleva pagando desde el año 2004. De momento, Inmaculada ha tenido
que alquilar una habitación con sus cuatro hijos menores mientras los okupas
siguen en su casa.”
Hechos como
los relatados ocurren a diario en España. Los okupas, además de invadir casas o
locales deshabitados, no dudan en entrar en cualquier vivienda en la que no
estén, aunque sea por unas horas, sus propietarios. Amenazas, coacciones,
violencia… ¿quién se atreve a desalojar a estos indeseables que no le tienen
miedo a nada?
Si alguna
ciudad española destaca en este penoso ranking de okupas es Barcelona. Desde que
gobierna la ciudad Ada Colau (ex-okupa de un cuartel de la Guardia Civil ), el índice de
invasión de inmuebles ha crecido un 66%, pasando de 642 a 1.065 entre 2015 y el
primer trimestre de 2016, sin duda amparados en la impunidad que preconizan
desde el consistorio. Pero lo que supone la ruina para los propietarios,
también es una oportunidad para aquellos que han sabido ver el negocio que
surgía.
La empresa
“Desokupa” fue fundada por Daniel Esteve Martínez, un ex-boxeador propietario
de un lujoso gimnasio en la parte más exclusiva de la Ciudad Condal : el barrio de
Sarrià-Sant Gervasi. Su trabajo consiste en disuadir a quienes ocupan edificios
enteros o viviendas de forma ilegal para que los abandonen. ¿Cómo? Pues con su
disuasoria presencia.
Cuando reciben
un encargo (ya han desalojado 270 inmuebles), proponen un precio dependiendo de
la dificultad y del valor de la propiedad a rescatar. Una vez aceptado, cobran
la mitad y organizan “el operativo”. Primero, sus abogados analizan la
situación legal. Luego, determinan el número de miembros del “comando” y acuden
al terreno para que los okupas abandonen la propiedad que no les pertenece. En
el hipotético caso de que no la quieran abandonar (la mayoría salen por piernas
al verles), esperan a que abandonen la propiedad para cambiar las cerraduras y
asegurar las ventanas. En la mayoría de las ocasiones, todo esto se consigue
con apenas dos personas.
Los
resultados de esta operativa hablan por si solos: 70 llamadas telefónicas
diarias y más de 20.000 visitas mensuales a su web para un porcentaje de
resolución de “conflictos” del 95% de los casos en Cataluña y del 100% fuera de
esa comunidad. Porque también prestan sus servicios en la Comunidad Valenciana ,
Canarias, Madrid y Aragón.
¿Sus
precios? Un mínimo de 4.000 euros más IVA por caso. Y teniendo en cuenta que
alguno de ellos lo solucionan en apenas 8 minutos… pues a 500 euros por minuto
de desalojo. Y es que cuando a la puerta de unos okupas llaman varios
“negociadores” que sobrepasan el 1,90 y los 110 kilos de peso…
Les pongo
un ejemplo: Un cliente tenía unos gitanos rumanos en un solar de su propiedad
en Sants (barrio de Barcelona) y le pedían 20.000 euros por abandonarlo. Habían
montado tres chabolas dentro del solar donde era imposible vivir; solo servía
para extorsionar al dueño. Cuando fue a reclamar, le dijeron que estaban
protegidos y que iniciase un expediente judicial. Puesto en contacto con la
empresa, esperaron a que saliesen los gitanos rumanos y al tener un permiso de
obra aprobado, entraron con una excavadora que se llevó por delante las
chabolas y allanó el terreno. Luego cambiaron las cerraduras y candados y
esperaron a que regresaran los okupas; les dieron 100 euros y nunca más se supo
de ellos. De haber realizado todos los trámites legales habrían tardado al
menos ocho meses en poderles echar.
Por
supuesto, en este blog creemos que estos asuntos no se deberían solucionar de
esta forma y rechazamos categóricamente cualquier tipo de violencia que este
grupo de matones pseudo-mafiosos pueda ejercer, si esa es su forma de actuar
que lo desconocemos.
Pero en un país en el que la justicia parece que defienda
al okupa en lugar de al propietario con procesos interminables y caros y en el
que algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, llegan a crear protocolos
dirigidos a su policía local para proteger a los okupas de propietarios que
pretendan desalojarlos de manera extrajudicial, que surjan estos grupos
me parece inevitable. ¿O acaso usted no haría nada si tuviese que dormir debajo
de un puente mientras unos okupas disfrutan (y destrozan, seguramente) su
vivienda?
La
propiedad privada es sagrada. A ver si se les mete de una vez en la cabeza a
nuestros políticos.
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