¿Por qué los contratos del Ayuntamiento de Barcelona cuestan siempre 17.999 euros o 49.999 euros?

Según la normativa vigente, los ayuntamientos españoles pueden adjudicar contratos menores, inferiores a 50.000 euros en el caso de obras o por debajo de los 18.000 euros para los contratos de servicios, sin tener que acudir a un concurso público.

Esta norma se creó en su día para que obras de pequeño importe y relativa urgencia no tuviesen que pasar por el farragoso trámite del concurso público, con plazos para la presentación de ofertas, exposición pública, tiempos de reclamación y un largo etcétera que provoca que para cambiar una baldosa se tiren cuatro años.

Pues bien, hecha la ley, hecha la trampa. Según se ha podido comprobar en el informe “Fiscalización de la contratación menor” publicado por el Tribunal de Cuentas (del año 2016, sin prisas, que sólo han pasado 4 años), los ayuntamientos se aprovechan de la normativa. Estos contratos, que se adjudican a dedo, sin ni siquiera comprobar si otra empresa lo haría mejor o más barato, representan un porcentaje altísimo con respecto a los que se sacan a concurso público. En concreto, dos ayuntamientos de los denominados “del cambio”, sacaron “matrícula de honor”: en Zaragoza el 77,8% de los contratos fueron menores y en Valencia, nada menos que el 96,8%.

Sin embargo, el caso más llamativo es el del Ayuntamiento de Barcelona porque es el único de los casos analizados por el estudio en el que la competencia para otorgar estos contratos está en manos de la alcaldesa, Ada Colau, en lugar de estar en manos de la Junta de Gobierno.

Vamos con el escándalo: en total, se concedieron 266 contratos menores, de los cuales 64 no llegaron al límite por un euro y 15 de ellos no lo hicieron por tan solo un céntimo. ¡Qué casualidad que las obras siempre valgan 49.999,9 euros y los contratos de servicios 17.999,9 euros!

Profundizando un poco en el estudio, se puede comprobar, por poner un ejemplo, que a la misma empresa se le adjudicaron dos contratos consecutivos de 17.999,9 euros para el mismo desempeño: “gestión y dinamización de la biblioteca del Instituto de Educación Secundaria Besòs”

No es casualidad, según el Tribunal de Cuentas, esta práctica es la que más destaca y alerta de que muchos contratos “fueron propuestos por la misma unidad, responden a la misma necesidad, tienen el mismo objeto y fueron adjudicados al mismo contratista. Esto evidencia que se ha fraccionado la contratación del servicio para permitir su adjudicación directa mediante dos contratos menores diferentes, evitando la aplicación de procedimientos ordinarios de preparación y de adjudicación contractual previstos”. Resulta demoledor. ¿Y con este informe se acaba todo? ¿No se denuncia en los tribunales? Efectivamente. No pasa nada más.

Esta práctica, como bien dice el Tribunal de Cuentas, es generalizada en todo el país y se ha hecho toda la vida. Pero que lo hagan los grupos políticos “progresistas”, los que venían a acabar con la “casta” política, los que desde la oposición denunciaban hasta la desaparición de un boli Bic…

Es de suponer que esos contratos no se los concederán a “gente amiga”, ¿no? Estaría muy feo.