Impuestos por tener mascotas: los Ayuntamientos siguen robándonos.

A la vista del último estudio demográfico realizado en nuestro país en el que se constataba que hay muchas más familias que tienen mascotas que niños menores de edad, los ayuntamientos han avistado una nueva fuente de ingresos: cobrar por tener animales de compañía. Y con varios formatos, para que no les tache de poco originales.

Loa dueños de perros de media España están en pie de guerra contra sus ayuntamientos por la moda del ADN. ¿Lo conocen? Hartos de que algunos “humanos” paseen sus mascotas por la calle y no recojan las deposiciones que efectúan los canes, no se les ha ocurrido mejor forma para atajarlo que realizar un estudio de ADN a todos los perros para, después de analizar la caquita de la calle y compararla con el ADN de sus archivos, multar a los desalmados dueños que no la recogen y la dejan a merced de cualquier zapato despistado.

¿El problema? Que el coste del estudio correrá a cargo del dueño y el precio no es una broma: a partir de 200 euros. Además, ya se empieza a escuchar que algunos ayuntamientos imponen el laboratorio que más le conviene para la realización del estudio. ¡Chollo a la vista!

Pero todavía no están contentos con esto; la Generalidad Valenciana está ultimando una ley (de bienestar y posesión de animales de compañía) que permitirá a los ayuntamientos crear un impuesto municipal por la tenencia y la cría de perros y otras mascotas y limitar el número de animales que se pueden tener en cada domicilio.

La justificación a este robo, perdón, a este impuesto es que servirá para sufragar los gastos que soportan los ayuntamientos para mantener los centros de acogida de animales abandonados o perdidos, además de otros costes adicionales.

En la nueva ley, supongo que para esconder el tributo, también se prohíbe el uso de animales salvajes en espectáculos circenses (curiosamente la tauromaquia no), la obligación por parte de los ayuntamientos de tener un servicio 24 horas para la recogida de animales abandonados (como si no pudiesen esperar al día siguiente) y la realización de campañas anuales de esterilización de mascotas.

Los propietarios por su parte, tienen la obligación de identificar a sus animales con un microchip (otro gasto), deberán auxiliar a los animales heridos o atropellados que encuentren en la vía pública (aunque no hayan sido ellos los causantes del accidente) y tendrán prohibido sacrificarlos sin necesidad o causa justificada. Paradójicamente, los ayuntamientos si podrán hacerlo transcurridos 40 días si no consiguen que sean adoptados. O sea, el 99% de los casos.

Por supuesto, no podían faltar las multas y son de aúpa: de 100 a 3.000 euros por la tenencia de animales no identificados o por no tener el calendario de vacunas en regla y de 6.000 a 30.000 euros por abandono, maltrato, sacrificio o venta sin licencia.

Lo dicho, los políticos han encontrado un filón con las mascotas y no lo van a soltar hasta que expriman a sus dueños. Y encima, tener que aguantarles la hipocresía de que lo hacen "por el bien de los animales".