Leí
hace poco una entrevista con Marcos de Quinto, ex vicepresidente mundial de
Coca Cola, en la que, fiel a su costumbre de no morderse la lengua, decía que en
las manifestaciones de pensionistas, tan en boga últimamente, éstos no se
manifestaban contra el gobierno o los políticos, sino contra la clase media
trabajadora española. Su razonamiento era sencillo: en el caso de que consiguiesen
sus reivindicaciones ¿quién pagaría esas subidas que solicitan? Por supuesto,
no lo pondrían de sus bolsillos Sánchez, Rivera, Iglesias o Rajoy, sino los
trabajadores en activo vía aumento de sus cotizaciones sociales o, en el caso
de que se pagasen con los Presupuestos del Estado, los mismos trabajadores con
subidas generalizadas de impuestos.
Esto
es así debido al engaño al que nos han sometido los políticos desde tiempos inmemoriales
con el fraude piramidal que suponen las pensiones. ¿Cuántas veces han escuchado
la famosa frase de “he cotizado toda mi vida y ahora quiero que me devuelvan lo
que he pagado”? Pues no. No se lo devolverán porque ese dinero que usted cotizó
sirvió para pagar a los pensionistas que había entonces y su pensión se paga (o
pagará) con las cotizaciones de los que ahora trabajan. Y como cada vez hay más jubilados y menos cotizantes, pues
las pensiones son como son: ridículas.
Todo
esto podría cambiar y no sería excesivamente complicado. Ya se ha hecho en algunos
países con resultados positivos. Les describo el modelo chileno.
En
Chile traducen las cotizaciones sociales en cuentas de ahorro personales que se
canalizan hacia distintos fondos de inversión que siguen políticas más
arriesgadas o conservadoras dependiendo del criterio del cotizante. Así, el
sistema está permitiendo que los trabajadores que hayan cotizado al menos
durante 30 años, estén cobrando en la actualidad la misma pensión media que
reciben los españoles, con la diferencia de que a los chilenos sólo les
retienen un 10% de sus sueldos frente al más de 30% de los españoles.
Los
trabajadores españoles abonan una media de 6.200 euros anuales en cotizaciones
sociales (incluida la aportación de las empresas que, en caso de no ingresarla
en la caja de la Seguridad Social, deberían pagarla al trabajador) durante 35
años. Si esas aportaciones se realizasen a un fondo de perfil medio, que
simplemente replicase el Ibex 35, sin sofisticaciones, tendrían una
rentabilidad media del 5,1% (es la rentabilidad histórica que ha obtenido el
Ibex 35 desde su creación). Con esas aportaciones y esa rentabilidad, con 35
años de cotización, a la hora de jubilarnos contaríamos con un capital de
605.000 euros y si alargásemos la vida laboral 5 años, la cifra alcanzaría los
815.000 euros. Permítanme la ironía: más o menos como ahora.
Durante
la vida laboral del cotizante, con ese dinero acumulado se consigue fomentar el
ahorro, la inversión y el crecimiento del país. Y además: ¿por qué sacar el
dinero de esos fondos cuando nos jubilemos? Con ese 5% de rentabilidad se
consiguen entre 30.000 y 40.000 euros anuales. ¿Cuántos jubilados cobran esas
cantidades? Y en el desgraciado momento de la muerte, los 800.000 euros del
capital los podrían dejar en herencia a sus hijos.
Soy
de la opinión de que debe existir una cierta solidaridad con aquellos que no
han podido cotizar todo el tiempo estipulado o que sus aportaciones han sido
mínimas debido a sus bajos sueldos. Por supuesto que no se les puede dejar en
la estacada cobrando pensiones míseras. Por ello, no tendría inconveniente en
que de mis aportaciones, retuviesen un 10, un 15 o un 20% para ese reparto
solidario. Pero de ahí a un 100% como acurre ahora...
¿Por
qué ningún político propone un modelo de capitalización de las pensiones? Dos
motivos: el primero, porque no vende. Suena mucho más solidario “sistema de
reparto” que “sistema de capitalización”; los españoles tardaremos décadas (si
es que llega el momento) en comprender que el capitalismo no es malo sino todo
lo contrario. Y en segundo lugar porque se rompería el maldito circulo vicioso
que ata las pensiones al juego político. Si las pensiones dependieran del
esfuerzo del trabajador, los políticos ya no podrían hacer todas esas promesas
electorales que todos conocemos ni colgarse medallas con las subidas anuales
que parece que salgan de sus carteras. Se acabaría el engaño y el clientelismo
político y eso, naturalmente, no les interesa.
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