El delirante feminismo del Ministro de Cultura español

Decía el gran crítico cinematográfico Carlos Pumares que las películas españolas eran aquellas que pagábamos dos veces los españoles: una cuando acudíamos a las taquillas del cine y la otra con las subvenciones que le pagaba el Ministerio de Cultura, que salen de nuestros impuestos vía presupuestos del estado. Posiblemente, esa sea la razón por la que hace décadas que no veo una película española en el cine y, si me apuran, tampoco en la televisión. Bueno, esa y que la gran mayoría son infumables. Pues bien, para el nuevo Ministro de Cultura, el socialista José Manuel Rodríguez Uribes, esto no es todavía suficiente.

En una rueda de prensa celebrada esta semana, el bueno del ministro ha afirmado que su ministerio estará absolutamente centrado en dotar de subvenciones a las producciones artísticas creadas por mujeres. Según Rodríguez Uribes, España se encuentra inmersa en la más terrible de las discriminaciones en el ámbito de la cultura hacia el género femenino y se tiene que corregir porque hay una “brecha inaceptable entre el ser y el debe ser”. Con estas declaraciones suponemos que ya ha entrado con pleno derecho en la primera división de los hipócritas políticos tremendistas. ¿El nuevo ministro no conoce la extensa obra de Josefina Molina, Isabel Coixet o Gracia Querejeta, por poner sólo unos ejemplos?

Para poner solución al “problema” detectado, ha anunciado una nueva Ley del Cine en la que las películas y cortometrajes dirigidos por mujeres pasarán a tener consideración de “obras difíciles” e incrementará las subvenciones a las cineastas en un 75% más que al resto de directores hombres. Otro que piensa que con el dinero de los contribuyentes se arregla todo. Aunque, quizá, lo más curioso sea que su definición de “obra difícil” no venga dada por el contenido de la producción en sí, sino por el hecho de que esté realizada por mujeres. ¿Acaso duda de su capacidad para dirigir películas?

Por cierto, el ministro añade un guiño hacia el nacionalismo y considera también como “obra difícil” aquellas películas rodadas en catalán, vasco, gallego o valenciano. Con ello, también serán beneficiarias de un aumento de la subvención del 75%, por lo que más del 80% de su producción estará financiada con dinero público. “Hay que hacer territorio con la cultura” dice el ministro. Que sea buena o que aporte un mínimo de cultura a la sociedad es lo de menos.

Si ya les parece escandaloso, lo mejor se lo dejaba para el final. Su ministerio tiene un estudio en marcha que planea transformar radicalmente las instituciones culturales españolas de mayor prestigio. ¿Cómo?  Pues con la famosa “paridad”.

A partir de ahora, las bibliotecas españolas deberán ser inclusivas y en sus estantes tienen que tener el mismo número de ejemplares escritos por mujeres que por hombres. “El comienzo del cambio será la Biblioteca Nacional”, ha aseverado el ministro. Bien por él. La selección ya no se hará en base a la relevancia del contenido del libro sino al sexo de quien lo escribe. Algún ejemplar de Cervantes, Quevedo o Miguel Hernández deberá desaparecer.

Y le faltaba una tercera pata a su desvarío: el teatro. ¿Recuerdan que en la antigüedad (la Inglaterra isabelina) los papeles femeninos en las obras de teatro los representaban hombres disfrazados? Pues ahora lo mismo, pero al revés. El ministro ha señalado que las producciones teatrales deberán tener el mismo número de actores masculinos y femeninos. ¿Qué en la obra aparecen más hombres? Pues que el autor la cambie. ¿Qué el autor es un clásico ya fallecido? Pues que lo resuciten.  

Como pueden comprobar, la paranoia feminista que nos invade no tiene límites. Aunque en este caso, me huele que estas promesas están más encaminadas hacia la propaganda que a otra cosa. El tiempo lo dirá.

La alfombra roja de los premios Goya acabó en la basura

Seguro que todos ustedes conocen la regla de las “cuatro erres” que todo defensor del medio ambiente y del cambio climático en el planeta predica: Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Pues la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, organizadora de la gala de entrega de los premios Goya, no.

Si fueron de los sufridos espectadores que se tragaron el tostón presentado por el matrimonio formado por Andreu Buenafuente y Silvia Abril, oirían hasta la saciedad mensajes medioambientales del tipo “salvemos el planeta”, “urgencia climática”, etc. Toda una batería de sermones destinados a concienciar a los espectadores sobre el apocalipsis que nos espera si no nos decidimos a cambiar nuestras costumbres consumistas. Pues como diría el refrán, “consejos vendo y para mí no tengo”.

La alfombra roja que pisaron todas las “estrellas” a su llegada, el photocall donde inmortalizaron su presencia e incluso parte de las gradas donde se agolpaban sus admiradores acabaron en el contenedor más cercano al teatro donde se realizaba la Gala. Todo a la basura. Un solo uso; el consumismo salvaje que se criticaba en la Gala, perpetrado por los organizadores de la misma Gala. La hipocresía al poder.

Afortunadamente, por el lugar transitaba un profesor malagueño, José Miguel Santos Paradas, director del centro Misioneras Cruzadas de La Palma-La Palmilla, un colegio privado religioso de la capital malagueña, que no dudó en cargar tan preciado material en su coche para llevárselo a su colegio.

“Gracias porque con todo lo que habéis tirado, algunos reutilizaremos los desechos para que los niños de un barrio olvidado se sientan los verdaderos actores de vida reales” publicaba el director en una conocida red social y se preguntaba “cómo se consiguen tantos recursos, cual es el camino para que no te denieguen recursos básicos o te cierren puertas. A una pequeña escuela de barrio siempre se nos dice que no hay recursos para las necesidades más básicas, que durarían mucho más que una noche”. Ya le contesto yo: casándose con el poder, sobre todo si es de izquierdas.

Gracias a este profesor, por lo menos en esta ocasión se han respetado las cuatro erres dándole una segunda vida a los desechos de la Gala. Esperemos que rectifiquen para la Gala de 2021. Si. Ya lo sé. Siempre he sido un empedernido iluso optimista.

Un contenedor plegable que puede reducir un 20% las emisiones de CO2 del transporte marítimo

Si han visto alguna vez, en vivo y en directo, uno de estos mega buques cargados de contenedores, seguro que habrán quedado impresionados. Los más grandes alcanzan una eslora (longitud) de 400 metros, ¡4 campos de fútbol uno detrás de otro!, y una manga (ancho) de 60 metros. Su capacidad sobrepasa los 20.000 contenedores de 20 pies (los medianos). Cifras que marean. Pero, ¿y si les digo que, al menos, 5.000 de estos contenedores van vacíos?

Así es. Se estima que el 25% del tráfico anual de contenedores viajan en vacío. Esto, que realmente es una ineficiencia del sector, supone un impacto económico de 20.000 millones anuales y es debido a los grandes desequilibrios que existen actualmente en los flujos de mercancías de las rutas comerciales, que obliga a la reposición de contenedores vacíos en los puertos de los países que más exportan (léase Asia).  

Estos datos los analizó una pequeña empresa emprendedora valenciana, Navlandis, con sede en Picanya (Valencia), y decidió probar suerte con una idea revolucionaria: contenedores plegables.

Tras un intenso trabajo de desarrollo tecnológico surgió el “Zbox 20”. Las buenas noticias le han llegado en 2020 cuando ha conseguido superar todas las pruebas estructurales especificadas en las normativas del sector del contenedor. Estas exigentes normativas son la ISO-1496 y la CSC (Convenio Internacional sobre Seguridad de los Contenedores). Con ello garantiza el mismo nivel de capacidad y seguridad que los contenedores estándares

¿Y cuáles son las ventajas del “Zbox 20”? Muy sencillo: se puede plegar. Gracias a su diseño, es capaz de transportar en un único paquete cinco contenedores vacíos plegados en el mismo espacio que uno estándar.

El contenedor plegable permite el ahorro de cerca del 80% de los costes de reposicionar contenedores vacíos, por lo que el ahorro económico potencial puede llegar a sobrepasar los 15.000 millones anuales y, algo quizá más importante, podrá reducir hasta en un 20% las emisiones de CO2 del sector del transporte marítimo mundial.

Por los mares del mundo navegan a diario 100.000 grandes buques comerciales (no todos son portacontenedores, claro) que emiten 800 millones de toneladas de CO2, más o menos, como toda Alemania. Se espera que para 2050 el tráfico marítimo crezca un 250%. Ese 20% resulta una barbaridad con estas cifras.

De momento, tras conseguir las certificaciones, Navlandis está fabricando las primeras unidades para dar servicio a la primera naviera que ha contratado sus servicios. Ésta ha hecho la compra porque considera que por cada contenedor plegable comprado puede llegar a ahorrar 5.000 euros al año.

Navlandis ya está trabajando en la extensión de su tecnología a otros tamaños de contenedor, a la reducción de costes y al aumento de la capacidad productiva. Estaremos atentos a sus éxitos.

¿Por qué los contratos del Ayuntamiento de Barcelona cuestan siempre 17.999 euros o 49.999 euros?

Según la normativa vigente, los ayuntamientos españoles pueden adjudicar contratos menores, inferiores a 50.000 euros en el caso de obras o por debajo de los 18.000 euros para los contratos de servicios, sin tener que acudir a un concurso público.

Esta norma se creó en su día para que obras de pequeño importe y relativa urgencia no tuviesen que pasar por el farragoso trámite del concurso público, con plazos para la presentación de ofertas, exposición pública, tiempos de reclamación y un largo etcétera que provoca que para cambiar una baldosa se tiren cuatro años.

Pues bien, hecha la ley, hecha la trampa. Según se ha podido comprobar en el informe “Fiscalización de la contratación menor” publicado por el Tribunal de Cuentas (del año 2016, sin prisas, que sólo han pasado 4 años), los ayuntamientos se aprovechan de la normativa. Estos contratos, que se adjudican a dedo, sin ni siquiera comprobar si otra empresa lo haría mejor o más barato, representan un porcentaje altísimo con respecto a los que se sacan a concurso público. En concreto, dos ayuntamientos de los denominados “del cambio”, sacaron “matrícula de honor”: en Zaragoza el 77,8% de los contratos fueron menores y en Valencia, nada menos que el 96,8%.

Sin embargo, el caso más llamativo es el del Ayuntamiento de Barcelona porque es el único de los casos analizados por el estudio en el que la competencia para otorgar estos contratos está en manos de la alcaldesa, Ada Colau, en lugar de estar en manos de la Junta de Gobierno.

Vamos con el escándalo: en total, se concedieron 266 contratos menores, de los cuales 64 no llegaron al límite por un euro y 15 de ellos no lo hicieron por tan solo un céntimo. ¡Qué casualidad que las obras siempre valgan 49.999,9 euros y los contratos de servicios 17.999,9 euros!

Profundizando un poco en el estudio, se puede comprobar, por poner un ejemplo, que a la misma empresa se le adjudicaron dos contratos consecutivos de 17.999,9 euros para el mismo desempeño: “gestión y dinamización de la biblioteca del Instituto de Educación Secundaria Besòs”

No es casualidad, según el Tribunal de Cuentas, esta práctica es la que más destaca y alerta de que muchos contratos “fueron propuestos por la misma unidad, responden a la misma necesidad, tienen el mismo objeto y fueron adjudicados al mismo contratista. Esto evidencia que se ha fraccionado la contratación del servicio para permitir su adjudicación directa mediante dos contratos menores diferentes, evitando la aplicación de procedimientos ordinarios de preparación y de adjudicación contractual previstos”. Resulta demoledor. ¿Y con este informe se acaba todo? ¿No se denuncia en los tribunales? Efectivamente. No pasa nada más.

Esta práctica, como bien dice el Tribunal de Cuentas, es generalizada en todo el país y se ha hecho toda la vida. Pero que lo hagan los grupos políticos “progresistas”, los que venían a acabar con la “casta” política, los que desde la oposición denunciaban hasta la desaparición de un boli Bic…

Es de suponer que esos contratos no se los concederán a “gente amiga”, ¿no? Estaría muy feo.

¿Por qué las naranjas valen 20 céntimos en el campo y 2 euros en el super?

Durante todo 2019 los llamados “chalecos amarillos” invadieron Francia, sobre todo su capital París. En un principio fueron protestas, más o menos pacíficas, encabezadas por los agricultores franceses que se quejaban por sus condiciones de vida. El final ya lo conocemos todos: las protestas llegan a la capital; se produce el efeto llamada; se juntan grupos radicales de cualquier signo y… “arde París”.

En 2020 parece que le toca a España. De momento, llevan dos semanas manifestándose por las distintas zonas agrícolas españolas y han aparecido  "tímidamente” por Madrid. Esperemos que no sigan los pasos franceses. Por cierto, ¿cómo se llamarían aquí? “Boinas amarillas” podría sonar un tanto despectivo.

¿De qué se quejan nuestros agricultores? De muchas cosas. Y con razón en su inmensa mayoría. Pero sobre todo lo que les duele es el bolsillo. Su maltratado bolsillo que no para de mermar año tras año y una de las razones que esgrimen es que, a ellos, en el campo, les pagan una miseria por sus cosechas y luego, en los supermercados de las ciudades, los compradores pagan una fortuna por lo mismo y que esa diferencia se la quedan los intermediarios. Un argumento que llevamos décadas escuchando, por cierto. La originalidad no es una de sus virtudes. Será por eso les están copiando los políticos de izquierdas y los sindicalistas más rancios.

¿Es cierto esto que dicen? Evidentemente, sí. Pero la diferencia no se la quedan los intermediarios especulando, sino trabajando. Veamos unos pocos números (siempre redondeados) siguiendo el ejemplo de las naranjas con que titulamos el post, aunque pasa lo mismo con otras frutas y verduras:

Al agricultor le pagan algo menos de 20 céntimos de euros por kilo de naranjas. Naturalmente, tiene unos gastos como son la mano de obra que tiene que contratar, la maquinaria, el agua, los fertilizantes y los productos fitosanitarios. Con toda seguridad, en muchas ocasiones, los gastos superan los ingresos. De esto se quejan.

Normalmente, el agricultor vende su cosecha a una central hortofrutícola de la zona que se encarga de comercializarla en origen. Entre los gastos de esta central figuran la recolección (en caso de realizarla el agricultor, cobra algo más de los 20 céntimos iniciales por kilo), el transporte de la cosecha desde las fincas hasta la central, las mermas, es decir, el porcentaje de naranjas que no se consideran de primera calidad y son desechadas, el coste de los materiales del envasado y paletizado, los gastos generales (alquileres, luz agua, seguros, maquinaria…), la mano de obra empleada en la manipulación, envasado y almacenaje del producto y, habitualmente, el transporte hasta el mayorista o la plataforma de distribución. El precio por el que vende cada kilo de naranjas es de unos 40 céntimos por kilo.

Llega al mayorista o distribuidor de destino. Los gastos de éstos comprenden los gastos en infraestructuras (alquileres o amortizaciones de terrenos, maquinaria…), suministros como luz o agua, seguros, servicios externos, gastos de personal, mermas en el producto y transporte desde la plataforma de distribución a las diferentes tiendas o supermercados. El precio al que venden las naranjas ronda el euro.

Para finalizar, lo recibe el punto de venta. Entre sus gastos corre el transporte a los puntos de venta (en caso de tener varias tiendas), las mermas (producto que se estropea o que no se vende), los gastos de personal de las tiendas y los múltiples gastos generales que, como ya conocen, se dividen entre todos los productos que venden. El precio de venta final de nuestro kilo de naranjas se acerca a los dos euros. 

Algunas lumbreras podemitas dirían que los precios aumentan un 1.000% y que la diferencia se la quedan los especuladores y las grandes superficies capitalistas y es que, si se fijan, entre el primer eslabón de la cadena (agricultor) y el segundo, el precio ha aumentado un 100%; entre el segundo y el tercero otro 100% y entre el tercero y el último (cliente final) otro 100%. Si no tuviesen ningún gasto, el negocio sería redondo: doblar lo invertido. Pero los malditos gastos no dejan que esto sea así. El beneficio para el agricultor, en el mejor de los casos está en el 4%, el de la central hortofrutícola en el 7%, el del distribuidor de destino en el 5% y el de la tienda sobre el 2%. Recoger, empaquetar, transportar y vender las naranjas le resulta muy caro al comprador final, aunque menos que coger el coche, desplazarse a una región productora y comprarlas “in situ” a veinte céntimos, claro.

De la producción agrícola española, menos del 10% se vende en supermercados, grandes superficies o tiendas de barrio (el resto va a exportación, hostelería o industrias alimentarias). Es imposible que, por culpa de los supermercados, los agricultores estén empobrecidos.

Conozco una familia de agricultores, con no muchos terrenos, que cultivan hortalizas y tienen frutales y que luego venden su producción en un puesto que tienen en el mercado de una población cercana. Por supuesto, las frutas y hortalizas pasan todos los controles sanitarios y de calidad, pero no van empaquetadas, reutilizan los cajones para transportarlas y la furgoneta es propia. Los gastos son mínimos, pero su precio de venta es similar al de los puestos vecinos del mercado que compran a mayoristas. Les aseguro que no les va nada mal.

El coronavirus chino derrota al cambio climático

Tiene el difícil nombre de 2019-nCoV y es un “bichito” tan pequeño que, como diría un famoso ministro de la UCD de hace varias décadas, “si cae de la mesa al suelo, se mata”. Más conocido como coronavirus chino o virus de Wuhan, está causando verdadero terror en todo el mundo debido a la rapidez con que se desarrolla y, a fecha de hoy, ya ha causado cerca de 500 muertes y más de 20.000 contagios, sobre todo en China, aunque, más rápido de lo que desearíamos todos, se expande por otros muchos países del mundo.

Este pánico ha provocado que sean varias las ciudades chinas que se encuentren, literalmente, cerradas a cal y canto, entre ellas la ciudad donde se originó, Wuhan, con sus “apenas” 11 millones de habitantes. Sin embargo, estas medidas posiblemente hayan llegado tarde (es lo que tiene vivir en un régimen comunista como el chino) y, al haber coincidido con la celebración del Año Nuevo Lunar Chino, dos millones de personas, sólo de Wuhan, se encontraban ya de visita en sus lugares de origen. ¿Imaginan lo que pueden expandir la enfermedad dos millones de individuos, muchos de ellos infectados antes de partir? Súmenles varios millones más de las ciudades vecinas y se harán una idea de hasta dónde puede llegar la epidemia.

Las reacciones no se han hecho esperar y en apenas unos días, grandes empresas han tomado medidas preventivas. Starbucks cerró la mitad de sus cafeterías en China (unas 2.000); McDonald´s cesó su actividad en todos los restaurantes de la zona; bancos como Credit Suisse, UBS o HSBC y aseguradoras como Allianz y Fidelity han instado a sus empleados a que no vayan a China y a los que ya están allí, a que teletrabajen desde sus casas; Disney ha cerrado sus dos parques de atracciones; automovilísticas como Nissan, PSA o Renault, con fábricas en la zona, han evacuado a su personal extranjero y no saben cuando pondrán en marcha sus factorías; las ligas de baloncesto y fútbol se han paralizado indefinidamente y otros deportes han cancelado todas sus citas, desde mundiales a carreras de Fórmula 1; los estrenos más esperados del cine deberán esperar a otra ocasión mejor; los desplazamientos en coche o tren son casi inexistentes y los aeropuertos están desiertos. Todas las aerolíneas mundiales han cancelado o reducido drásticamente sus vuelos a cualquier lugar de China y los vuelos internos, prácticamente no existen. Y olvídense durante un buen tiempo de ver a compradores chinos, con sus bolsillos bien repletos, en los mostradores de Galerías Lafayette, Harrods o El Corte Inglés. 

Para finalizar, indicar que la mayoría de empresas chinas deberían haber empezado su producción, tras las generosas vacaciones por el Año Nuevo Chino, el pasado 30 de enero. Las últimas noticias que llegan es que, de momento, tienen prohibido abrir hasta el 9 de febrero, aunque, seguramente, llegado ese día continuará la prohibición “sine die”.

Todo esto no ha hecho más que empezar y esta parálisis económica está teniendo sus primeras consecuencias. La cancelación de vuelos supone 300.000 barriles de petróleo diarios, según los expertos y la mayor petrolera china, Sinopec, ya ha advertido que reducirá durante febrero su actividad de refino en 600.000 barriles diarios como primera medida para ajustarse a la posible caída de la demanda. Más adelante ya decidirá si lo amplía. Por no hablar del carbón que se dejará de quemar para producir una electricidad innecesaria.

El “bichito” del que hablábamos al principio, en apenas dos semanas y “casi” sin salir de China, ha provocado una reducción de la actividad y, por tanto, de las emisiones de CO2 a la atmósfera que no han logrado dos décadas de intensas reuniones y concienzudos estudios de los sesudos expertos del calentamiento global. Muchas conferencias, muchos principios de acuerdo, mucho panel de estudio, mucha ONU, muchas Gretas… y ná de ná. Pero no les demos ideas a los catastrofistas que estos son capaces de cualquier cosa.

Pueden encontrar datos actualizados al instante sobre la extensión de la enfermedad en este enlace.