martes, 21 de junio de 2011

La “Marcha de las Putas” traspasa las fronteras de medio mundo



Todo comenzó a principios de año en Toronto, Canadá, cuando un policía durante una conferencia en la Universidad de Leyes de York dijo la conocida frase: "La mejor forma de prevenir un asalto sexual es evitar vestirse como una puta".

La lamentable afirmación provocó una reacción inmediata en varios grupos de mujeres, algunos de ellos muy escorados hacia el feminismo, y el surgimiento del movimiento SlutWalk. Inmediatamente, salieron a la calle con pancartas reivindicando la libertad de las mujeres a vestirse como les plazca, ya sea con minifalda, escote pronunciado o vaqueros ajustados, sin que ello sirva de eximente al agresor que intente sobrepasarse con ellas.


Las pancartas que se exhiben en esta mal traducida “Marcha de las Putas” aclaran la indignación de las manifestantes: “¡Basta! Yo decido sobre mi cuerpo"; "No es no, sea cual sea mi indumentaria, mi escote o mi baile "; “Te guste o no, esta minifalda no tiene que ver contigo” o "No me digan cómo debo vestirme, que le digan al agresor que no viole". Me parece que son bastante explícitas y no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones.

El movimiento se está extiendo por todo el mundo como la pólvora: se han realizado manifestaciones en Londres con la presencia de más de 5.000 personas; en Estados Unidos ya hay convocadas varias “Marchas de las Fulanas” en las principales ciudades; existen grupos de Facebook en Asia y en Australia y en México (país especialmente sensible con este tema) se realizó hace apenas dos semanas la mayor manifestación celebrada por el movimiento hasta la fecha.

Las declaraciones de los organizadores de la marcha mexicana son bastante explícitas: "este movimiento pretende decirle a la sociedad civil, política, religiosa o cualquiera que sea su función en este país que no importa la vestimenta, el lugar, ni la compañía; nada justifica la imposición de relaciones sexuales o el acoso sexual. No es no".


Desde este blog no podemos estar más de acuerdo con esta reivindicación. Resulta tan evidente todo lo dicho que sobran las palabras.
Sin embargo, queremos hacer hincapié en un aspecto: es indudable que el policía de Toronto no estuvo especialmente afortunado al pronunciar la famosa frase. Ahora bien, si lo que realmente quería decir era que se debían tomar precauciones, su intervención no tiene por que causar tanta indignación. Si hubiese advertido del peligro de llevar cadenas de oro por la noche o de  hacer ostentación de una cartera llena de billetes en algunos ambientes, digamos, conflictivos, ¿alguien se hubiese llevado las manos a la cabeza? ¿Las feministas se hubiesen sentido ofendidas? Pues coarta mi libertad de igual forma que si me advierten de cómo no debo vestirme para evitar un disgusto.

El problema no son las declaraciones desafortunadas del policía canadiense; el problema es la extensión que tiene esa forma de pensar entre los ciudadanos de todo el mundo; extensión que llega hasta las más altas instancias de la justicia. ¿Cuántas veces hemos escuchado sentencias en las que la vestimenta de la VICTIMA atenuaba la condena del AGRESOR? Eso es lo más sangrante, porque si aparece en las sentencias y no provoca la destitución inmediata del juez que las dicta, es porque la sociedad, aun, piensa de esa forma.


¿Cuándo llegará la “Marcha de las Putas” a España? Seguro que no tardará. En cuanto se calme un poco lo del 15M, seguro que el Gobierno ve en la “Marcha de las Fulanas” una oportunidad inmejorable para distraer la atención de los españoles del problema de la crisis económica y reivindicar sus logros en el terreno de la igualdad.
Maldita política...   

martes, 14 de junio de 2011

Listas electorales abiertas y prohibición de pactos postelectorales ¡Ya!



Contra todo pronóstico, el ya prácticamente extinguido Movimiento 15-M o “indignaos” tendrá alguna repercusión en el mundo de la política español. Muy poca, pero algo es algo.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha propuesto en su discurso de investidura de la nueva legislatura que ahora empieza, el “desbloqueo” de las listas electorales de cara a las elecciones a celebrar dentro de cuatro años. ¡¡¡Aleluya!!!

Su propuesta consiste en modificar la Ley Electoral autonómica para que los madrileños puedan decidir qué personas de las listas de los partidos políticos que se presenten a las elecciones, quieren que les representen, pudiendo establecer orden de preferencias o eliminando a quienes no consideren que están capacitados para ocupar el cargo al que se presentan. Esperanza Aguirre alega que con el actual sistema de listas cerradas se acrecienta el poder omnímodo de los partidos políticos y se coarta la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes.  


Dudo de que el sistema que propone doña Esperanza sea el más idóneo, pero al leer la noticia casi se me saltan las lágrimas. ¡Por fin un político de renombre reconoce que el sistema electoral actual está completamente anticuado y que se acerca a pasos agigantados al calificativo de fraude!

Los políticos, con sus infinitas ansias de acaparar todo el poder, idearon el actual sistema de listas cerradas para, según ellos, “afianzar” el sistema de partidos y que el voto no se dispersase imposibilitando un funcionamiento normal de la democracia. Gracias a ello y ayudados por la fatídica Ley d´Hont, consiguieron, no sólo que se impusiese el bipartidismo, sino que además, lograron que los españoles no tuvieran otro remedio que votar a los candidatos que las direcciones de esos dos partidos quisiesen.


¿Por qué nos tienen que obligar a votar a un candidato presuntamente corrupto por el simple hecho de aparecer en la lista del partido que cuenta con nuestras preferencias? ¿Por qué no puedo votar a un político al que considero completamente válido pero que ha tenido la mala idea de enrolarse en las filas de una formación a la que no votaré en la vida? ¿Por qué tengo que votar una lista en la que aparece delante del candidato al que considero idóneo para el cargo otro que creo que es un inútil y lo va a hacer fatal? 

Los políticos sólo rinden cuentas ante quien los elige. Ahora lo hacen con sus partidos; con el nuevo sistema, lo harían ante sus votantes. No me cabe duda de que se preocuparían por hacer las cosas mejor.

Al final, todos los ciudadanos queremos que nos gobiernen personas válidas y honradas, independientemente del partido político con el que concurran a las elecciones. Ya elegiremos nosotros a los 5, 10 ó 25 que creamos más convenientes, sean del mismo partido o de partidos diferentes. ¿O es que no nos creen capaces de poner unas crucecitas en un papel?


Además, este sistema de listas abiertas se debería complementar con otro en el que se obligase, por Ley, a que el candidato más votado fuese el que ostentase el mando, ya sea de un municipio, de una comunidad autónoma o, ¿por qué no?, del país. Si no tiene mayoría absoluta (algo muy recomendable), que dialogue y llegue a acuerdos con el resto de partidos políticos en cada una de las decisiones que quiera tomar. Me parece que eso se llama democracia.

Los ciudadanos nos sentimos asqueados al comprobar, elección tras elección, cómo en la constitución de las nuevas corporaciones (sobre todo en los ayuntamientos), el partido y el candidato que resultan más votados, permanecen toda la legislatura en la oposición. 


Los pactos postelectorales, muchos de ellos “contra natura”, constituyen uno de los fraudes más sangrantes de la democracia española. Con el único fin de conseguir una alcaldía (o que no la consigan otros), partidos de extrema izquierda apoyan a un candidato de derechas y nacionalistas de derechas no tienen reparos en facilitar la investidura del candidato de izquierdas. Es como si, una vez acabada la liga de fútbol, el Real Madrid, el Valencia y el Sevilla uniesen los puntos conseguidos durante la competición, desbancasen al Barcelona de la primera posición y participasen con un único equipo formado por los mejores jugadores de los tres clubes en competiciones europeas. ¿Les parecería justo? Pues salvando las distancias, es lo que ocurre en el mundo de la política.

Sería completamente diferente si los tres clubes mencionados decidiesen, antes de iniciarse la competición, formar un solo equipo para participar en la liga; hecho así, no habría ninguna pega. Pues lo mismo con los partidos políticos: si realmente pueden hacer coincidir sus programas una vez pasadas las elecciones para conseguir una alcaldía, ¿por qué no lo hacen antes y pactan en la precampaña?

Ya estamos hartos de que el voto que emitimos a favor de un candidato, al final, sirva para que otro político llegue al poder. Por ponerles un ejemplo: ¿creen que algún votante de IU desearía que su voto facilitase la investidura de un candidato del PP? Pues ya ha ocurrido. Y al contrario… también.

Si esto no es fraude electoral… 


lunes, 6 de junio de 2011

Los alcaldes responderán con su patrimonio de las deudas de sus Ayuntamientos



La deuda de las entidades locales españolas (ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, entre otros) sumaba al final del 2010 la friolera de 35.440 millones de euros. De esta cifra, 28.851 millones pertenecieron a los ayuntamientos.
Como estas cifras tan grandes marean, lo traduciremos a deuda per cápita: cada español tendría que pagar 613 euros de su bolsillo para que esta inmensa deuda pudiera liquidarse.

Ya se que comparado con la deuda del Estado que se acerca a los 700.000 millones de euros o a la de las Comunidades Autónomas, con más de 115.000, la cifra parece pequeña, pero vayan sumándolas todas y se darán cuenta del lío en el que nos hemos metido.  Si volvemos a hacer el anterior cálculo, salimos a más de 18.000 euros por cabeza.

¿Sabe quien pagará toda esta barbaridad? Seguro que si: todos nosotros. El político de turno será desalojado de su poltrona cuando pierda unas elecciones y se irá tranquilito a su casa, dejando atrás la deuda que ha ido acumulando en sus años de mandato. Pero, ¿qué pasaría si esos mismos políticos fuesen jurídicamente responsables del agujero económico que dejan a su espalda?  ¿Y si los alcaldes de los ayuntamientos morosos tuviesen que responder con su patrimonio personal de las deudas del consistorio?

¿Les parece ciencia ficción? A mi también hasta que leí esta noticia que al principio me causó asombro e incredulidad y que pronto dejó paso a una enorme alegría y esperanza.  


Tras más de diez años sin cobrar (el dueño de la empresa realizó incluso una huelga de hambre y se encerró en el ayuntamiento), en agosto de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a la empresa constructora Aroa, S.L. estableciendo que el Ayuntamiento del municipio sevillano de Castilleja de Guzmán tendría que pagar en 30 días las deudas contraídas con esta empresa por la edificación de la casa consistorial y varios viales. De no efectuarse el pago, su alcalde, Carmelo Ceba (PSOE), tendría que responder a la cantidad adeudada con su propio patrimonio.


Por su puesto, después de conocer el auto, el primer edil impugnó la sentencia y ofreció la posibilidad de saldar la deuda municipal a cambio de varios solares públicos y el abono fraccionado de los 555.887,37 euros que le reclama la Justicia andaluza.

Ahora, el TSJA desestima el recurso del alcalde en su totalidad y establece en una sentencia histórica el requerimiento del pago impugnado por el Ayuntamiento "contándose el plazo estipulado a partir de la notificación del actual".
Pero lo mejor de todo es la conclusión del Tribunal también reflejada en la sentencia:
"Las dificultades de tesorería citadas por el Ayuntamiento no pueden constituir, en este caso, un obstáculo insalvable. Es al Ayuntamiento demandado al único que incumbe la tarea de buscar soluciones para cumplir las obligaciones".


No pretendemos desde este blog incitar a la justicia a llenar las prisiones con alcaldes, concejales o presidentes de comunidades autónomas; ya sabemos que en las actuales circunstancias económicas, en las corporaciones municipales los gastos se multiplican y los ingresos menguan. La culpa de los elevados déficits no siempre es de nuestros mandatarios.
Ahora bien, como administradores que son, deben rendir cuentas ante sus ciudadanos primero y ante la justicia después si existe la sospecha de que sus actos han rebasado la delgada línea de la legalidad. Al igual que en una empresa privada el administrador rinde cuentas a sus accionistas y, en caso de delito, comparece ante la justicia, ¿cómo no va a suceder lo mismo con los administradores públicos que gestionan el dinero de todos los ciudadanos?

Esperemos que esta sentencia cree jurisprudencia y veamos pronto desfilar por el banquillo de los acusados a más políticos de esta calaña. Estamos hartos del derroche y la prepotencia de estos individuos.