miércoles, 30 de septiembre de 2015

El programa que la CUP impondrá a la burguesía catalana. ¡Qué Dios nos coja confesados!



El resultado de las elecciones catalanas celebradas el pasado domingo deja vislumbrar un panorama que podríamos calificar de curioso e interesante. En su afán por convertir unas elecciones parlamentarias en un plebiscito sobre la voluntad de los catalanes de ser o no independientes, Convergencia (ahora sin Unió) se alió con todo aquel que coincidiese con ellos en un único punto: la autodeterminación; el resto, ya fuese economía, sanidad, educación, políticas sociales, empleo, etc. importaba poco.

Pero no fue suficiente ir cogidos de la mano a las elecciones con ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y con varias asociaciones catalanas pro-independencia. Artur Mas (el que no desobedece sino que se rebela democráticamente) sabía que “Junts pel si” podría no alcanzar el 50% de los votos y decidió hacer frente común  con la CUP (Candidatura de Unidad Popular), un partido de izquierda, independentista, antisistema  y pancatalanista.


Ahora, tras no alcanzar ni con la CUP la mayoría en votos que “legitimase” su pretensión de autoproclamar la independencia, quiere, al menos, salvar los muebles y ser elegido una vez más Presidente de la Generalidad. Pero lo tendrá difícil ya que ha quemado todos los puentes que le acercaban a otros partidos y su futuro político depende de la CUP. Es de suponer que este apoyo no será gratuito y que impondrán (como condición innegociable) que se lleve a cabo su ideario.


Llegados a este punto, intentaremos explicar quines son estos de la CUP desgranando su programa político. Siéntense y átense los machos.  

Economía.   

- Colectivización de la propiedad privada, refiscalización de empresas y capital y reversión de las externalizaciones. O sea, más impuestos, nacionalización de empresas (sobre todo infraestructuras, agua y energía) y trabajo en cooperativas.

- Nacionalización de todas las entidades financieras que hayan recibido, de un modo u otro, dinero público. Creación de un banco público catalán.

- Salida del euro y de la UE e impago de la deuda para “desmantelar la embestida neoliberal”.

- Fiscalidad centrada en las rentas de capital, empresariales y financieras. Aplicación de una renta básica universal.

- Desmantelación de las centrales nucleares y reducción del uso energético (drástico en el “ocio privado y elitista”: campos de golf, piscinas…)

- Tierra para todos y protección del minifundismo, limitando las importaciones como “acto de soberanía” e imponiendo aranceles a la entrada de alimentos del exterior.

- Regulación del precio del mercado privado del alquiler. Prohibición inmediata de todos los desahucios de alquiler, hipoteca u “ocupación”. Su gobierno obtendrá pisos vacíos por la vía de la “cesión obligatoria”.


Empleo.

- Rechazo, boicot y promoción de la desobediencia institucional a las reformas laborales y a la legislación española.

- Inclusión en la futura Constitución Catalana de la jornada semanal de 30 horas, jubilación ordinaria a los 60 años y la posibilidad de tomar un año sabático pagado por cada 10 años trabajados, con derecho al puesto de empleo.

- Prohibición de las empresas de trabajo temporal y de las agencias privadas de colocación.

Sociedad.

- Aborto libre y gratuito.

- Reducción radical del presupuesto destinado al orden público. Expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Eliminación progresiva del armamento letal.

- Creación de un órgano de control ciudadano de los mandos policiales. Rechazo de la privación de la libertad como punición.

Política internacional

- Rechazo a formar parte de la UE, el euro, la OTAN y el Euroejército.

- Solidaridad internacionalista, teniendo como socios a Venezuela, Cuba, Sahara, Palestina, Kurdistán y “Euskal Herria”.

- Lucha contra el tratado de libre comercio con EEUU (TTIP) y boicot a empresas transnacionales.


De todos es sabido que a Convergencia le han votado tradicionalmente las clases medias y la burguesía catalana. ¿Creen que estarán de acuerdo en que con su voto se lleve a cabo un programa de gobierno como el que acabamos de describirles? ¿Llegará Artur Mas a formar gobierno? ¿Y cuántos meses tardará en volver a convocar elecciones? Estaremos expectantes ante este nuevo e “interesantísimo” capítulo del interminable folletín catalán.



lunes, 28 de septiembre de 2015

¿Ahorra energía en su casa? ¡Enhorabuena! Pagará menos IBI



¿Es usted de los que se le escapa algún cachete a sus hijos cuando éstos hacen algo mal o de los que les premian cuando hacen algo correctamente? Pues “papá” Estado parece que ha decidido tomar la segunda vía y olvidarse de ejercer de”poli malo”.

El PP presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (o sea, que aparecerá si o si en los presupuestos) que modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que los Ayuntamientos puedan, a partir del 1 de enero de 2016, regular una bonificación sobre la cuota íntegra del IBI de naturaleza urbana en función  de la calificación energética de los inmuebles, llegando hasta un 20% para los más eficientes.

A los edificios que tengan la calificación más alta, “A”, se podrá introducir una bonificación de hasta el 20%, Para los de calificación energética “B” será de hasta el 16%; para los “C” hasta el 12%; los “D” un máximo de 8% y los “E” hasta un 4%. Los que tengan calificación energética “F” o “G” o que no dispongan de certificado energético no podrán beneficiarse de ninguna bonificación.


Para los edificios de nueva construcción o para los usados que se vendan o alquilen  existe la obligación de tener este certificado antes de la entrega de llaves, pero si su edificio no dispone de esta calificación, ésta deberá ser acreditada ante el Ayuntamiento por el sujeto pasivo mediante la aportación del certificado regulado en el Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Estos certificados los pueden emitir técnicos competentes que estén en posesión de titulaciones habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras de edificación o para la realización de proyectos en sus instalaciones térmicas. Existen numerosas empresas y profesionales que los pueden emitir; pueden preguntar a su suministrador habitual de energía o en su Ayuntamiento.

Con todo esto, el Gobierno pretende fomentar la construcción y adquisición de inmuebles energéticamente eficientes e incentivar las obras y reparaciones en el hogar encaminadas a conseguir esta eficiencia óptima. Como decíamos al principio, parece que quieren acabar con sanciones e imposiciones y pasar a las bonificaciones cuando se hagan bien las cosas. Ya saben como somos las personas: si puedo ganar algo, me conciencio ecológicamente; si me sancionan, escondo los problemas y que le den al medioambiente. 


¿Cómo conseguir una vivienda eficiente energéticamente? Son varios los puntos que tenemos que tener en cuenta para que nuestro hogar no malgaste energía y poder cumplir con las normativas. Les recordamos algunos:

- Aislamiento en puertas y ventanas, con doble cristal o doble ventana y carpinterías con rotura de puente térmico. No olvide aislar los cajetines de las persianas.

- Sistemas de acumulación de agua caliente, mucho más eficaces que los de producción instantánea.

- Grifos con monomando y sistemas con doble pulsador en el WC.

- Purgar los radiadores una vez al año para eliminar el aire y no cubrirlos mientras estén funcionando.

- Aprovechamiento de la luz natural y pintura clara en paredes y techos.

- Utilización de lámparas de bajo consumo y LED.

- Ajustar la temperatura de los termostatos a 21º en invierno como máximo y 24º en verano como mínimo.



Y una vez que se meten en faena con el IBI, ¿por qué no rebajan el valor catastral de los inmuebles en la misma proporción que ha bajado el precio de venta de los mismos? Seguro que de esa forma también pagaríamos menos. Mucho menos. 


martes, 15 de septiembre de 2015

Competencia quiere acabar con el monopolio del taxi



Uno de los monopolios más antiguos y sobre el que ningún gobierno se ha atrevido nunca a meter mano parece que tiene los días contados. Nos referimos al que todavía mantienen con mano de hierro nuestros queridos y apreciados taxistas.

La CNMC ha emitido un requerimiento de 14 folios a los ayuntamientos de Córdoba y Málaga exigiéndoles que eliminen aspectos clave en la actual regulación del taxi como la fijación de precios o el sistema de licencias. En caso de no cumplirlo, estos ayuntamientos tendrán que acudir a los tribunales.

¿Y por qué Córdoba y Málaga si el resto de municipios españoles tienen unas bases de funcionamiento del sector muy similares? Pues porque Competencia no puede actuar de oficio en las ordenanzas existentes con anterioridad a la aprobación de la Ley de Unidad de Mercado pero si lo puede hacer en el caso de que se redacten o actualicen normativas que vulneren la competencia y estos dos ayuntamientos han modificado recientemente las ordenanzas de este servicio público.    


El requerimiento no tiene desperdicio; Competencia exige la eliminación de las tarifas oficiales que aprueba el Ayuntamiento y clama por un sistema libre de fijación de precios que fomente un comportamiento competitivo entre proveedores. Además, ordena que la nueva normativa permita realizar descuentos y que cobrar o no por el tiempo que se tarda en recorrer la ciudad hasta que se recoge al cliente sea decisión de cada taxista. Algo bastante lógico: ¿qué culpa tiene el cliente si el taxi que le envían está en la otra punta de la ciudad?

Además, Competencia califica de injustificado el actual sistema de licencias locales y asegura que se crean barreras geográficas a la libre actividad económica. Ya lo conocen: un taxista no puede acudir a otra localidad para realizar un servicio. A los taxistas todavía se les permite mantener sus Reinos de Taifas en el siglo XXI. Y propone recortar el poder de las asociaciones gremiales en el funcionamiento del sector. A más de uno le habrá sentado mal el desayuno copioso.

En otro de sus puntos propone acabar con el sistema de límites máximos en la concesión de licencias. En el caso de Córdoba solo se conceden 1,55 licencias por cada 10.000 habitantes. “No cabe vislumbrar una razón imperiosa de interés general en que se fundamente la restricción de una actividad económica” dice la CNMC.

Para finalizar, exige que se prohíba la obligatoriedad de que la licencia sea para una persona física o una cooperativa de autónomos. Esto permitiría que se pudiesen crear empresas de taxis con flotas para poder cubrir los servicios requeridos. Y también reclama que se ponga fin a la norma de que el titular de la licencia tenga que ser conductor.


Habrá opiniones para todos los gustos, pero creo que la mayoría coincidirá conmigo en que hay que acabar con estos abusos cuanto antes. No se puede obligar a nadie a coger un determinado vehículo y a que, sin importar si el conductor es amable o no, si el coche huele mejor o peor, si hace frío o calor en el interior, si es cómodo o no, si el vehículo es un Mercedes o un Dacia o si hay mucho tráfico o poco, se tenga que pagar siempre un precio estipulado.  Y encima sin permitir que otros trabajadores puedan ejercer esa profesión. Si los de UBER (o quien sea) pagan sus impuestos y cumplen con las mínimas normas exigibles ¿por qué no pueden trabajar en una ciudad?  ¿Por qué los políticos defienden tan descaradamente este monopolio? ¿También les untan los taxistas? 


Esperemos que la CNMC no se pare ahí y que continúe exigiendo estas medidas en el resto de la geografía española para acabar, de una vez por todas, con el arcaico y vergonzoso funcionamiento de este sector.  



viernes, 11 de septiembre de 2015

#ReduzcamosGastoPublicoYa triunfa en las redes



La deuda pública española aumentó en 6.600 millones de euros en el segundo trimestre de este año y alcanza la nada despreciable cifra de 1,05 billones de euros (si, con B). ¿Cómo es posible a pesar de que la macroeconomía va mucho mejor, de los recortes y de las subidas de impuestos acumuladas en los últimos cuatro años?  La respuesta es sencilla: el sector público español todavía gasta muchísimo más de lo que debería.


Para dar a conocer todos estos despilfarros de las administraciones públicas y con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de que por este camino es imposible seguir, nació en Asturias El Club de losViernes, formado por un grupo economistas, abogados, catedráticos de universidad y por todo aquel que se quiera unir.

Y para que su labor logre la máxima audiencia, han creado últimamente varios hashtag en Twitter con los que están logrando una gran popularidad. No hace mucho consiguieron ser Trending Topic con #ELSocialismoEsPobreza y ahora han vuelto a las primeras posiciones con el hashtag #ReduzcamosGastoPublicoYa


Les resumo lo que predican por si quieren secundar la etiqueta:

-“Damos la voz de alarma a la situación de ahondamiento de la crisis a la que España, dónde la deuda pública equivale ya al 100% de PIB, tendrá que enfrentarse irremediablemente si nadie le pone freno".

-"Un Estado ineficiente como el español, no puede permitirse excesos, desdoblamiento de competencias y duplicidades estructurales, cargándolo todo sobre las espaldas de millones de españoles condenados a formar parte sine die de las listas del paro",

-“Sólo bajando impuestos, garantizando la libertad económica y reduciendo la deuda pública se darán en España las condiciones idóneas para generar trabajo”.


Les propongo una pequeña reflexión. En los mejores años económicos de la pasada década, el Estado español llegó a tener un superávit que se acercó  incluso al 1% del PIB. Imaginen que esa época de bonanza volviese. ¿Cuántos años económicamente maravillosos necesitaríamos para que el Estado devolviese todo lo que debe? Efectivamente, nuestros tataranietos aun estarían pagando los desmanes actuales. Y no liquidarían en su totalidad la deuda. Ni de lejos.


Les recomiendo que visiten la página web así como la cuenta de Twitter de este club donde podrán encontrar interesantes artículos de opinión y claros ejemplos de cómo se “evapora” el dinero de nuestros impuestos.