Un contenedor plegable que puede reducir un 20% las emisiones de CO2 del transporte marítimo

Si han visto alguna vez, en vivo y en directo, uno de estos mega buques cargados de contenedores, seguro que habrán quedado impresionados. Los más grandes alcanzan una eslora (longitud) de 400 metros, ¡4 campos de fútbol uno detrás de otro!, y una manga (ancho) de 60 metros. Su capacidad sobrepasa los 20.000 contenedores de 20 pies (los medianos). Cifras que marean. Pero, ¿y si les digo que, al menos, 5.000 de estos contenedores van vacíos?

Así es. Se estima que el 25% del tráfico anual de contenedores viajan en vacío. Esto, que realmente es una ineficiencia del sector, supone un impacto económico de 20.000 millones anuales y es debido a los grandes desequilibrios que existen actualmente en los flujos de mercancías de las rutas comerciales, que obliga a la reposición de contenedores vacíos en los puertos de los países que más exportan (léase Asia).  

Estos datos los analizó una pequeña empresa emprendedora valenciana, Navlandis, con sede en Picanya (Valencia), y decidió probar suerte con una idea revolucionaria: contenedores plegables.

Tras un intenso trabajo de desarrollo tecnológico surgió el “Zbox 20”. Las buenas noticias le han llegado en 2020 cuando ha conseguido superar todas las pruebas estructurales especificadas en las normativas del sector del contenedor. Estas exigentes normativas son la ISO-1496 y la CSC (Convenio Internacional sobre Seguridad de los Contenedores). Con ello garantiza el mismo nivel de capacidad y seguridad que los contenedores estándares

¿Y cuáles son las ventajas del “Zbox 20”? Muy sencillo: se puede plegar. Gracias a su diseño, es capaz de transportar en un único paquete cinco contenedores vacíos plegados en el mismo espacio que uno estándar.

El contenedor plegable permite el ahorro de cerca del 80% de los costes de reposicionar contenedores vacíos, por lo que el ahorro económico potencial puede llegar a sobrepasar los 15.000 millones anuales y, algo quizá más importante, podrá reducir hasta en un 20% las emisiones de CO2 del sector del transporte marítimo mundial.

Por los mares del mundo navegan a diario 100.000 grandes buques comerciales (no todos son portacontenedores, claro) que emiten 800 millones de toneladas de CO2, más o menos, como toda Alemania. Se espera que para 2050 el tráfico marítimo crezca un 250%. Ese 20% resulta una barbaridad con estas cifras.

De momento, tras conseguir las certificaciones, Navlandis está fabricando las primeras unidades para dar servicio a la primera naviera que ha contratado sus servicios. Ésta ha hecho la compra porque considera que por cada contenedor plegable comprado puede llegar a ahorrar 5.000 euros al año.

Navlandis ya está trabajando en la extensión de su tecnología a otros tamaños de contenedor, a la reducción de costes y al aumento de la capacidad productiva. Estaremos atentos a sus éxitos.

¿Por qué los contratos del Ayuntamiento de Barcelona cuestan siempre 17.999 euros o 49.999 euros?

Según la normativa vigente, los ayuntamientos españoles pueden adjudicar contratos menores, inferiores a 50.000 euros en el caso de obras o por debajo de los 18.000 euros para los contratos de servicios, sin tener que acudir a un concurso público.

Esta norma se creó en su día para que obras de pequeño importe y relativa urgencia no tuviesen que pasar por el farragoso trámite del concurso público, con plazos para la presentación de ofertas, exposición pública, tiempos de reclamación y un largo etcétera que provoca que para cambiar una baldosa se tiren cuatro años.

Pues bien, hecha la ley, hecha la trampa. Según se ha podido comprobar en el informe “Fiscalización de la contratación menor” publicado por el Tribunal de Cuentas (del año 2016, sin prisas, que sólo han pasado 4 años), los ayuntamientos se aprovechan de la normativa. Estos contratos, que se adjudican a dedo, sin ni siquiera comprobar si otra empresa lo haría mejor o más barato, representan un porcentaje altísimo con respecto a los que se sacan a concurso público. En concreto, dos ayuntamientos de los denominados “del cambio”, sacaron “matrícula de honor”: en Zaragoza el 77,8% de los contratos fueron menores y en Valencia, nada menos que el 96,8%.

Sin embargo, el caso más llamativo es el del Ayuntamiento de Barcelona porque es el único de los casos analizados por el estudio en el que la competencia para otorgar estos contratos está en manos de la alcaldesa, Ada Colau, en lugar de estar en manos de la Junta de Gobierno.

Vamos con el escándalo: en total, se concedieron 266 contratos menores, de los cuales 64 no llegaron al límite por un euro y 15 de ellos no lo hicieron por tan solo un céntimo. ¡Qué casualidad que las obras siempre valgan 49.999,9 euros y los contratos de servicios 17.999,9 euros!

Profundizando un poco en el estudio, se puede comprobar, por poner un ejemplo, que a la misma empresa se le adjudicaron dos contratos consecutivos de 17.999,9 euros para el mismo desempeño: “gestión y dinamización de la biblioteca del Instituto de Educación Secundaria Besòs”

No es casualidad, según el Tribunal de Cuentas, esta práctica es la que más destaca y alerta de que muchos contratos “fueron propuestos por la misma unidad, responden a la misma necesidad, tienen el mismo objeto y fueron adjudicados al mismo contratista. Esto evidencia que se ha fraccionado la contratación del servicio para permitir su adjudicación directa mediante dos contratos menores diferentes, evitando la aplicación de procedimientos ordinarios de preparación y de adjudicación contractual previstos”. Resulta demoledor. ¿Y con este informe se acaba todo? ¿No se denuncia en los tribunales? Efectivamente. No pasa nada más.

Esta práctica, como bien dice el Tribunal de Cuentas, es generalizada en todo el país y se ha hecho toda la vida. Pero que lo hagan los grupos políticos “progresistas”, los que venían a acabar con la “casta” política, los que desde la oposición denunciaban hasta la desaparición de un boli Bic…

Es de suponer que esos contratos no se los concederán a “gente amiga”, ¿no? Estaría muy feo.

¿Por qué las naranjas valen 20 céntimos en el campo y 2 euros en el super?

Durante todo 2019 los llamados “chalecos amarillos” invadieron Francia, sobre todo su capital París. En un principio fueron protestas, más o menos pacíficas, encabezadas por los agricultores franceses que se quejaban por sus condiciones de vida. El final ya lo conocemos todos: las protestas llegan a la capital; se produce el efeto llamada; se juntan grupos radicales de cualquier signo y… “arde París”.

En 2020 parece que le toca a España. De momento, llevan dos semanas manifestándose por las distintas zonas agrícolas españolas y han aparecido  "tímidamente” por Madrid. Esperemos que no sigan los pasos franceses. Por cierto, ¿cómo se llamarían aquí? “Boinas amarillas” podría sonar un tanto despectivo.

¿De qué se quejan nuestros agricultores? De muchas cosas. Y con razón en su inmensa mayoría. Pero sobre todo lo que les duele es el bolsillo. Su maltratado bolsillo que no para de mermar año tras año y una de las razones que esgrimen es que, a ellos, en el campo, les pagan una miseria por sus cosechas y luego, en los supermercados de las ciudades, los compradores pagan una fortuna por lo mismo y que esa diferencia se la quedan los intermediarios. Un argumento que llevamos décadas escuchando, por cierto. La originalidad no es una de sus virtudes. Será por eso les están copiando los políticos de izquierdas y los sindicalistas más rancios.

¿Es cierto esto que dicen? Evidentemente, sí. Pero la diferencia no se la quedan los intermediarios especulando, sino trabajando. Veamos unos pocos números (siempre redondeados) siguiendo el ejemplo de las naranjas con que titulamos el post, aunque pasa lo mismo con otras frutas y verduras:

Al agricultor le pagan algo menos de 20 céntimos de euros por kilo de naranjas. Naturalmente, tiene unos gastos como son la mano de obra que tiene que contratar, la maquinaria, el agua, los fertilizantes y los productos fitosanitarios. Con toda seguridad, en muchas ocasiones, los gastos superan los ingresos. De esto se quejan.

Normalmente, el agricultor vende su cosecha a una central hortofrutícola de la zona que se encarga de comercializarla en origen. Entre los gastos de esta central figuran la recolección (en caso de realizarla el agricultor, cobra algo más de los 20 céntimos iniciales por kilo), el transporte de la cosecha desde las fincas hasta la central, las mermas, es decir, el porcentaje de naranjas que no se consideran de primera calidad y son desechadas, el coste de los materiales del envasado y paletizado, los gastos generales (alquileres, luz agua, seguros, maquinaria…), la mano de obra empleada en la manipulación, envasado y almacenaje del producto y, habitualmente, el transporte hasta el mayorista o la plataforma de distribución. El precio por el que vende cada kilo de naranjas es de unos 40 céntimos por kilo.

Llega al mayorista o distribuidor de destino. Los gastos de éstos comprenden los gastos en infraestructuras (alquileres o amortizaciones de terrenos, maquinaria…), suministros como luz o agua, seguros, servicios externos, gastos de personal, mermas en el producto y transporte desde la plataforma de distribución a las diferentes tiendas o supermercados. El precio al que venden las naranjas ronda el euro.

Para finalizar, lo recibe el punto de venta. Entre sus gastos corre el transporte a los puntos de venta (en caso de tener varias tiendas), las mermas (producto que se estropea o que no se vende), los gastos de personal de las tiendas y los múltiples gastos generales que, como ya conocen, se dividen entre todos los productos que venden. El precio de venta final de nuestro kilo de naranjas se acerca a los dos euros. 

Algunas lumbreras podemitas dirían que los precios aumentan un 1.000% y que la diferencia se la quedan los especuladores y las grandes superficies capitalistas y es que, si se fijan, entre el primer eslabón de la cadena (agricultor) y el segundo, el precio ha aumentado un 100%; entre el segundo y el tercero otro 100% y entre el tercero y el último (cliente final) otro 100%. Si no tuviesen ningún gasto, el negocio sería redondo: doblar lo invertido. Pero los malditos gastos no dejan que esto sea así. El beneficio para el agricultor, en el mejor de los casos está en el 4%, el de la central hortofrutícola en el 7%, el del distribuidor de destino en el 5% y el de la tienda sobre el 2%. Recoger, empaquetar, transportar y vender las naranjas le resulta muy caro al comprador final, aunque menos que coger el coche, desplazarse a una región productora y comprarlas “in situ” a veinte céntimos, claro.

De la producción agrícola española, menos del 10% se vende en supermercados, grandes superficies o tiendas de barrio (el resto va a exportación, hostelería o industrias alimentarias). Es imposible que, por culpa de los supermercados, los agricultores estén empobrecidos.

Conozco una familia de agricultores, con no muchos terrenos, que cultivan hortalizas y tienen frutales y que luego venden su producción en un puesto que tienen en el mercado de una población cercana. Por supuesto, las frutas y hortalizas pasan todos los controles sanitarios y de calidad, pero no van empaquetadas, reutilizan los cajones para transportarlas y la furgoneta es propia. Los gastos son mínimos, pero su precio de venta es similar al de los puestos vecinos del mercado que compran a mayoristas. Les aseguro que no les va nada mal.

El coronavirus chino derrota al cambio climático

Tiene el difícil nombre de 2019-nCoV y es un “bichito” tan pequeño que, como diría un famoso ministro de la UCD de hace varias décadas, “si cae de la mesa al suelo, se mata”. Más conocido como coronavirus chino o virus de Wuhan, está causando verdadero terror en todo el mundo debido a la rapidez con que se desarrolla y, a fecha de hoy, ya ha causado cerca de 500 muertes y más de 20.000 contagios, sobre todo en China, aunque, más rápido de lo que desearíamos todos, se expande por otros muchos países del mundo.

Este pánico ha provocado que sean varias las ciudades chinas que se encuentren, literalmente, cerradas a cal y canto, entre ellas la ciudad donde se originó, Wuhan, con sus “apenas” 11 millones de habitantes. Sin embargo, estas medidas posiblemente hayan llegado tarde (es lo que tiene vivir en un régimen comunista como el chino) y, al haber coincidido con la celebración del Año Nuevo Lunar Chino, dos millones de personas, sólo de Wuhan, se encontraban ya de visita en sus lugares de origen. ¿Imaginan lo que pueden expandir la enfermedad dos millones de individuos, muchos de ellos infectados antes de partir? Súmenles varios millones más de las ciudades vecinas y se harán una idea de hasta dónde puede llegar la epidemia.

Las reacciones no se han hecho esperar y en apenas unos días, grandes empresas han tomado medidas preventivas. Starbucks cerró la mitad de sus cafeterías en China (unas 2.000); McDonald´s cesó su actividad en todos los restaurantes de la zona; bancos como Credit Suisse, UBS o HSBC y aseguradoras como Allianz y Fidelity han instado a sus empleados a que no vayan a China y a los que ya están allí, a que teletrabajen desde sus casas; Disney ha cerrado sus dos parques de atracciones; automovilísticas como Nissan, PSA o Renault, con fábricas en la zona, han evacuado a su personal extranjero y no saben cuando pondrán en marcha sus factorías; las ligas de baloncesto y fútbol se han paralizado indefinidamente y otros deportes han cancelado todas sus citas, desde mundiales a carreras de Fórmula 1; los estrenos más esperados del cine deberán esperar a otra ocasión mejor; los desplazamientos en coche o tren son casi inexistentes y los aeropuertos están desiertos. Todas las aerolíneas mundiales han cancelado o reducido drásticamente sus vuelos a cualquier lugar de China y los vuelos internos, prácticamente no existen. Y olvídense durante un buen tiempo de ver a compradores chinos, con sus bolsillos bien repletos, en los mostradores de Galerías Lafayette, Harrods o El Corte Inglés. 

Para finalizar, indicar que la mayoría de empresas chinas deberían haber empezado su producción, tras las generosas vacaciones por el Año Nuevo Chino, el pasado 30 de enero. Las últimas noticias que llegan es que, de momento, tienen prohibido abrir hasta el 9 de febrero, aunque, seguramente, llegado ese día continuará la prohibición “sine die”.

Todo esto no ha hecho más que empezar y esta parálisis económica está teniendo sus primeras consecuencias. La cancelación de vuelos supone 300.000 barriles de petróleo diarios, según los expertos y la mayor petrolera china, Sinopec, ya ha advertido que reducirá durante febrero su actividad de refino en 600.000 barriles diarios como primera medida para ajustarse a la posible caída de la demanda. Más adelante ya decidirá si lo amplía. Por no hablar del carbón que se dejará de quemar para producir una electricidad innecesaria.

El “bichito” del que hablábamos al principio, en apenas dos semanas y “casi” sin salir de China, ha provocado una reducción de la actividad y, por tanto, de las emisiones de CO2 a la atmósfera que no han logrado dos décadas de intensas reuniones y concienzudos estudios de los sesudos expertos del calentamiento global. Muchas conferencias, muchos principios de acuerdo, mucho panel de estudio, mucha ONU, muchas Gretas… y ná de ná. Pero no les demos ideas a los catastrofistas que estos son capaces de cualquier cosa.

Pueden encontrar datos actualizados al instante sobre la extensión de la enfermedad en este enlace.

Los diputados deberían cobrar paro

Desde hace ya muchos años, existe un clamor en la calle contra los privilegios que tienen nuestros políticos. Y ese clamor suele centrarse en los políticos que ocupan los escaños de los diferentes parlamentos que salpican nuestro país: que cobran demasiado, que trabajan poco, que con pocos años tienen la jubilación asegurada… pues aún no tienen suficiente. Ahora quieren cobrar la prestación por desempleo cuando, tras unas elecciones democráticas, tienen que abandonar su escaño. Como se suele decir, “pa mear y no echar gota”.

Esta estupenda idea parte del presidente de las cortes valencianas, Enric Morera, representante del Bloc, partido de izquierdas (muy de izquierdas) englobado en Compromís, una de las patas del tripartito que gobierna la Comunidad Valenciana junto con el PSOE y Podemos. De los que se quejaban de los privilegios de la “casta” política. Hasta que empezaron a mandar ellos, claro.

El señor Morera empieza a justificar su reivindicación diciendo que los diputados valencianos son los que peor retribución tienen de toda España, algo que sería bastante discutible si nos atenemos a las estadísticas oficiales publicadas.

Sigue diciendo que hay diputados provinciales que cobran más que un diputado autonómico. ¿Y no será que esos diputados provinciales cobran sueldos desmesurados y se deberían modificar a la baja?

Continúa argumentando que de los 20.000 millones del Presupuesto de la Generalitat (¡casi nada! 4.000 euros por cada habitante de la Comunidad Valenciana), “sólo” 28 millones se destinan a las cortes y que con eso se tiene que pagar a los funcionarios, a los diputados y a sus asesores. Pues a 60.000 euros por empleado, contando SS, (que ya los quisiera más de uno) salen cerca de 500 trabajadores, más que muchas grandes empresas.

Y para acabar su razonamiento, dice que se han vivido situaciones dramáticas de personas que no son funcionarios, que han prestado un servicio público siendo diputados y que luego se han quedado sin nada. ¡Ostras! Pues como cualquier hijo de vecino cuando pierde su trabajo, no ha ahorrado nada y se da cuenta de que no sirve para otra cosa. Y que se “desprofesionalizan” después de varios años como diputados. Supongo que se referirá a los que tenían un empleo anterior, porque muchos no han cotizado en una empresa privada en su vida. Y si me apuran, tampoco en una pública.

Seguro que, a estas alturas, muchos de ustedes se preguntarán cuánto cobran estos abnegados representantes del pueblo valenciano. ¿Poco? Decidan ustedes.

Por ser diputados reciben una asignación reglamentaria de 2.360 euros mensuales. Además, los síndics cobran 2.050 euros más y los portavoces adjuntos 1.572 euros. Pero ningún diputado se queda sin su “extra” ya que hay sitio suficiente para todos en las innumerables comisiones existentes (ya se encargan ellos de crearlas) como presidentes, vicepresidentes o portavoces de los partidos, lo que les supone 584,51 euros al mes por comisión. Y para los que no tienen otro trabajo fuera del hemiciclo, 365 euros mensuales de dedicación exclusiva.

Pero no acaba ahí la cosa, que los diputados se tienen que desplazar desde sus poblaciones hasta Valencia y no se lo van a pagar ellos. Para los que viven fuera de la capital, el Parlamento Valenciano paga a 0,64 euros el kilómetro, cantidad que dobla con creces lo que paga cualquier empresa privada. Algunos se han llevado más de 10.000 euros por este concepto. Hay diputados que tienen alquiladas casas en Valencia o duermen en casa de sus parejas y no por ello han dejado de pasar kilometraje. Incluso los hay que se han empadronado en su segunda residencia para poder cobrarlo.

Y, para finalizar, el complemento de “ejercicio de su función”, por el que vive a menos de 10 kilómetros de las Cortes, cobra 294,17 euros; los que están entre 10 y 100 kilómetros 588,35 euros y los que están a más de 100 kilómetros, 882,52.

Si quieren saber cuánto cobran al mes, saquen la calculadora, porque si lo hago yo, me voy a indignar. Todo esto por acudir menos de 100 días al año a las cortes. Algunos no llegan ni a 50. Del trabajo que hacen allí, prefiero no hacer comentarios.

Pues sí, señor Morera: los diputados de las cortes valencianas “rozan” el umbral de la pobreza. Sólo hay que ver su imagen cuando estaba en la oposición (abajo) con la que tiene tras cinco años como Presidente (encabezado del post) ¿Qué menos que cobrar del paro hasta que se jubilen?  

Ryanair masacra a sus trabajadores en Girona y los sindicatos no abren la boca

Hace unos meses, la aerolínea irlandesa Ryanair anunció el cierre de cuatro de sus bases en España. Concretamente las de Girona, Tenerife Sur, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote. Los motivos que aducía para este cierre y el consiguiente ERE que afectaría a 512 tripulantes de cabina y pilotos eran las incertidumbres por el Brexit, la baja ocupación de sus vuelos en invierno y la entrega tardía de 30 aviones 737 MAX de Boeing.

Pasados unos meses, Ryanair rectifica en parte y decide mantener la base de Girona y los casi doscientos empleos que mantienen allí. ¿Nos tenemos que alegrar? Desde luego que no. Me explico.

Para echarse atrás, la aerolínea irlandesa ha pactado con los empleados un acuerdo que consiste en que los trabajadores firmen una modificación de su contrato, pasando de la modalidad de contrato fijo permanente a fijo discontinuo. Estos contratos entrarán en vigor el 1 de enero y comportarán, entre otros temas, que los empleados pierdan su antigüedad y no reconocer la categoría de tripulante de cabina, que pasan a ser “agentes de servicio al cliente”. Si algún empleado no quería firmar, le ofrecían la alternativa de continuar dentro del ERE y, en consecuencia, estar despedido a partir del pasado 5 de diciembre.

Comprendo perfectamente que, si a una empresa le van mal los negocios, tenga que cerrar parte de sus centros de trabajo y despedir a un porcentaje de su plantilla. Lo contrario conlleva el peligro de tener que cerrar la empresa en su totalidad. Pero si a Ryanair le sobraban todos estos trabajadores, ¿ya no le sobran si acceden a rebajar sus categorías profesionales y sus sueldos?

Con los equipos jurídicos que manejan, supongo que actuarán dentro de la legalidad, pero no deja de ser un escándalo el atropello que han sufrido estos trabajadores de la base de Girona. Excepto el sindicato USOC, ni Comisiones Obreras ni UGT han abierto la boca. ¿A qué esperan? ¿O es que las visitas a prisión para hacer el trabajo sucio de Pedro Sánchez ante Oriol Junqueras les quitan demasiado tiempo a Unai Sordo y a José María Álvarez? Si se dedicasen a lo suyo…

Pedro Sánchez regala 13.000 millones a las eléctricas. Pagamos los demás

 

Los avisos (amenazas en algunos casos) sobre las catastróficas consecuencias del tan manido “cambio climático” está calando en toda la sociedad, desde las clases dirigentes hasta el último de los ciudadanos. Todos somos más ecologistas y resulta difícil encontrar a alguien que no crea que es imprescindible cambiar, de inmediato, la forma de producir la energía que consumimos diariamente. (Curiosamente, nadie habla de consumir menos; sólo es importante generarla de forma “sostenible”).  

Pero este cambio radical es caro. Carísimo. ¿Quién lo pagará? La respuesta es obvia. Nosotros, los sufridores contribuyentes. Un buen ejemplo lo tenemos en el decreto (más bien decretazo) que publicó el actual Gobierno en funciones el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado: los consumidores de energía eléctrica (o sea, todos) pagaremos la friolera de 7.000 millones de euros anuales a las empresas de energías renovables hasta el 2031 a través de nuestros recibos de la luz.

Toda la historia arranca en la época del Gobierno de Zapatero (¡qué gran labor la de este inútil!) cuando decidieron que España sería pionera mundial en la generación de energías renovables y, para ello, comenzó a inundar al sector eléctrico con jugosas subvenciones, generando un déficit de más de 30.000 millones de euros en apenas un lustro.

Con la llegada de la crisis y el cambio del Gobierno, el entonces Ministro de Industria, José Manuel Soria, ante lo insostenible de la situación, impuso en 2013 un tijeretazo a las subvenciones, consiguiendo que los productores “sólo” consiguiesen una rentabilidad de 300 puntos básicos (un 3%) superior a la cotización del bono de Tesoro a diez años. Y ese porcentaje, del 7,4%, quedó establecido para el periodo 2013-2019.

¿Le gustaría que sus inversiones le rentasen un 7,4% anual? A mí, sí, pero a las empresas productoras, desde el pequeño huerto solar a las grandes empresas (Acciona, Iberdrola, Abengoa…), no les pareció suficiente, nunca es suficiente, y denunciaron al Estado español en arbitraje internacional por inseguridad jurídica. Hasta 45 denuncias se han acumulado por valor de 10.000 millones. De estas denuncias, el Estado ya ha perdido laudos por valor de 1.700 millones por los que debe compensar a los afectados con 800 millones. Si extrapolamos las cifras, las denuncias podrían costarle al Estado unos 5.000 millones.

El periodo de seis años que estableció el ministro Soria terminaba ahora. De seguir con la fórmula del 3% sobre el bono a diez años, el beneficio que sacarían rondaría ahora el 4,7% debido a la bajada de los intereses que paga el Tesoro por sus emisiones. Este porcentaje inferior redundaría en los recibos de los contribuyentes en una rebaja de aproximadamente un 5% en lo que pagamos todos los meses.

¡Por fin una rebaja en la luz! Pues nuestro gozo en un pozo. Ante la perspectiva de ir perdiendo juicio tras juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez (¡qué guapo es!) ha querido firmar la paz con las eléctricas. ¿Cómo? Regalándoles dinero, como no podía ser de otra forma. Si las productoras de energías renovables renuncian a los pleitos interpuestos, el Gobierno les garantiza que continuarán obteniendo un 7,4% anual en sus inversiones ¡hasta el año 2031!

Echando números: con los juicios podríamos perder unos 5.000 millones; si rebajasen la rentabilidad al 4,7% ahorraríamos unos 1.500 millones anuales, por doce años, unos 18.000. Entre una cifra y la otra, 13.000 millones de euros que les regalamos a las empresas de energías renovables.

¡Qué bonito es ser ecologista y pagar con el dinero de los demás! Ya llegarán las “puertas giratorias” dentro de unos años…