lunes, 24 de marzo de 2014

Empresas de Autobuses contra vehículos compartidos; empieza la guerra



Si algo bueno ha conseguido la actual crisis económica ha sido agudizar el ingenio de los ciudadanos de medio mundo y, entre ellos, los españoles. Cada vez se ingresa menos y hay que ahorrar más para poder subsistir. ¿De dónde? De cualquier sitio pero, sobre todo, de los gastos que se llevan la parte del león del presupuesto familiar. Y entre estos gastos está, por supuesto, el coche.

Ya hace varios años que los españoles importamos una sana costumbre de los países civilizados: el compartir vehículo para realizar desplazamientos habituales, sobre todo para ir a trabajar o para llevar los niños al colegio. Y para facilitar que todas estas personas que quisieran compartir coche se pusiesen en contacto surgieron varias empresas que realizaban esta labor. A través de Internet podemos encontrar muchas: BlaBlaCar, Amovens, Carpooling, Viajamosjuntos, Compartocoche y otras.

   
Sin embargo, no todos están de acuerdo en que esta costumbre arraigue en la sociedad española. La patronal del transporte en autobús, Fenebús,  acaba de denunciar a la plataforma colaborativa BlaBlaCar por incumplir la ley de ordenación de los transportes terrestres e incurrir en actos de competencia desleal.
Según José Luis Pertierra, director de Fenebús, "BlaBlaCar es un servicio ilegal. Ha creado una red de transporte público en coches particulares por el que cobran una cantidad de dinero bajo pretexto de asumir el coste de la gasolina. Pero no cuentan con ningún tipo de autorización administrativa, aunque estén actuando como una empresa de transporte público. Les hemos denunciado ante la subdirección general de inspección del Ministerio de Fomento por ser un servicio irregular. También nos hemos dirigido a la Defensora del Pueblo, frente a la inseguridad jurídica que existe frente a posibles accidentes".


Por su parte, BlaBlaCar, que asegura que desde que se creó hace cinco años ha facilitado el transporte de 700.000 pasajeros al mes en los diez países que opera,  especifica que su plataforma cumple escrupulosamente con lo especificado en el artículo 101 de la ley de ordenación de los transportes terrestres, que define que "en ningún caso, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas", y aseguran que son una página diseñada para que los conductores cubran sólo los gastos del viaje y que nunca reciban un beneficio extra. Por lo tanto, al no haber ganancia económica, sólo se les debe aplicar el régimen de transporte privado.


Desconocemos si la denuncia seguirá su curso y quién se llevará el gato al agua al final del proceso, pero resulta paradójico que un sistema creado para ahorrar desplazamientos en vehículo privado por nuestras congestionadas ciudades (menos coches, menos gasolina, menos contaminación, menos accidentes…) sea cuestionado en nuestro país. Empresas que en muchas ocasiones obligan a sus conductores a pasarse de horas en el tacógrafo, a cambiar de autobús para intentar engañar a los agentes de la Guardia Civil, a usar tacógrafos trucados y a comprar discos fraudulentos en el mercado negro, ¿se preocupan ahora por la seguridad de los vehículos compartidos?

Por supuesto que se les tiene que exigir que el vehículo esté en condiciones, que posean un seguro que cubra a los pasajeros y que el conductor sepa lo que se lleva entre manos. O sea, se les tiene que exigir lo mismo que a un padre que coge su monovolumen para llevar a su familia a pasar unos días a la playa. Ni más ni menos. Y si los agentes encargados de la seguridad vial encuentran algún vehículo que no cumpla las normas, que le apliquen la ley vigente. Que para eso está.

El resto son invenciones y triquiñuelas de un grupo de empresarios que temen perder los privilegios otorgados a sus compañías. Y los ciudadanos ya estamos hartos de los monopolios encubiertos.