Los alcaldes responderán con su patrimonio de las deudas de sus Ayuntamientos

La deuda de las entidades locales españolas (ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, entre otros) sumaba al final del 2010 la friolera de 35.440 millones de euros. De esta cifra, 28.851 millones pertenecieron a los ayuntamientos.

Como estas cifras tan grandes marean, lo traduciremos a deuda per cápita: cada español tendría que pagar 613 euros de su bolsillo para que esta inmensa deuda pudiera liquidarse.

Ya se que comparado con la deuda del Estado que se acerca a los 700.000 millones de euros o a la de las Comunidades Autónomas, con más de 115.000, la cifra parece pequeña, pero vayan sumándolas todas y se darán cuenta del lío en el que nos hemos metido.  Si volvemos a hacer el anterior cálculo, salimos a más de 18.000 euros por cabeza.

¿Sabe quien pagará toda esta barbaridad? Seguro que si: todos nosotros. El político de turno será desalojado de su poltrona cuando pierda unas elecciones y se irá tranquilito a su casa, dejando atrás la deuda que ha ido acumulando en sus años de mandato. Pero, ¿qué pasaría si esos mismos políticos fuesen jurídicamente responsables del agujero económico que dejan a su espalda?  ¿Y si los alcaldes de los ayuntamientos morosos tuviesen que responder con su patrimonio personal de las deudas del consistorio?

¿Les parece ciencia ficción? A mi también hasta que leí esta noticia que al principio me causó asombro e incredulidad y que pronto dejó paso a una enorme alegría y esperanza.  

Tras más de diez años sin cobrar (el dueño de la empresa realizó incluso una huelga de hambre y se encerró en el ayuntamiento), en agosto de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a la empresa constructora Aroa, S.L. estableciendo que el Ayuntamiento del municipio sevillano de Castilleja de Guzmán tendría que pagar en 30 días las deudas contraídas con esta empresa por la edificación de la casa consistorial y varios viales. De no efectuarse el pago, su alcalde, Carmelo Ceba (PSOE), tendría que responder a la cantidad adeudada con su propio patrimonio.

Por su puesto, después de conocer el auto, el primer edil impugnó la sentencia y ofreció la posibilidad de saldar la deuda municipal a cambio de varios solares públicos y el abono fraccionado de los 555.887,37 euros que le reclama la Justicia andaluza.

Ahora, el TSJA desestima el recurso del alcalde en su totalidad y establece en una sentencia histórica el requerimiento del pago impugnado por el Ayuntamiento "contándose el plazo estipulado a partir de la notificación del actual".

Pero lo mejor de todo es la conclusión del Tribunal también reflejada en la sentencia:
"Las dificultades de tesorería citadas por el Ayuntamiento no pueden constituir, en este caso, un obstáculo insalvable. Es al Ayuntamiento demandado al único que incumbe la tarea de buscar soluciones para cumplir las obligaciones".

No pretendemos desde este blog incitar a la justicia a llenar las prisiones con alcaldes, concejales o presidentes de comunidades autónomas; ya sabemos que en las actuales circunstancias económicas, en las corporaciones municipales los gastos se multiplican y los ingresos menguan. La culpa de los elevados déficits no siempre es de nuestros mandatarios.

Ahora bien, como administradores que son, deben rendir cuentas ante sus ciudadanos primero y ante la justicia después si existe la sospecha de que sus actos han rebasado la delgada línea de la legalidad. Al igual que en una empresa privada el administrador rinde cuentas a sus accionistas y, en caso de delito, comparece ante la justicia, ¿cómo no va a suceder lo mismo con los administradores públicos que gestionan el dinero de todos los ciudadanos?

Esperemos que esta sentencia cree jurisprudencia y veamos pronto desfilar por el banquillo de los acusados a más políticos de esta calaña. Estamos hartos del derroche y la prepotencia de estos individuos.