martes, 15 de septiembre de 2015

Competencia quiere acabar con el monopolio del taxi



Uno de los monopolios más antiguos y sobre el que ningún gobierno se ha atrevido nunca a meter mano parece que tiene los días contados. Nos referimos al que todavía mantienen con mano de hierro nuestros queridos y apreciados taxistas.

La CNMC ha emitido un requerimiento de 14 folios a los ayuntamientos de Córdoba y Málaga exigiéndoles que eliminen aspectos clave en la actual regulación del taxi como la fijación de precios o el sistema de licencias. En caso de no cumplirlo, estos ayuntamientos tendrán que acudir a los tribunales.

¿Y por qué Córdoba y Málaga si el resto de municipios españoles tienen unas bases de funcionamiento del sector muy similares? Pues porque Competencia no puede actuar de oficio en las ordenanzas existentes con anterioridad a la aprobación de la Ley de Unidad de Mercado pero si lo puede hacer en el caso de que se redacten o actualicen normativas que vulneren la competencia y estos dos ayuntamientos han modificado recientemente las ordenanzas de este servicio público.    


El requerimiento no tiene desperdicio; Competencia exige la eliminación de las tarifas oficiales que aprueba el Ayuntamiento y clama por un sistema libre de fijación de precios que fomente un comportamiento competitivo entre proveedores. Además, ordena que la nueva normativa permita realizar descuentos y que cobrar o no por el tiempo que se tarda en recorrer la ciudad hasta que se recoge al cliente sea decisión de cada taxista. Algo bastante lógico: ¿qué culpa tiene el cliente si el taxi que le envían está en la otra punta de la ciudad?

Además, Competencia califica de injustificado el actual sistema de licencias locales y asegura que se crean barreras geográficas a la libre actividad económica. Ya lo conocen: un taxista no puede acudir a otra localidad para realizar un servicio. A los taxistas todavía se les permite mantener sus Reinos de Taifas en el siglo XXI. Y propone recortar el poder de las asociaciones gremiales en el funcionamiento del sector. A más de uno le habrá sentado mal el desayuno copioso.

En otro de sus puntos propone acabar con el sistema de límites máximos en la concesión de licencias. En el caso de Córdoba solo se conceden 1,55 licencias por cada 10.000 habitantes. “No cabe vislumbrar una razón imperiosa de interés general en que se fundamente la restricción de una actividad económica” dice la CNMC.

Para finalizar, exige que se prohíba la obligatoriedad de que la licencia sea para una persona física o una cooperativa de autónomos. Esto permitiría que se pudiesen crear empresas de taxis con flotas para poder cubrir los servicios requeridos. Y también reclama que se ponga fin a la norma de que el titular de la licencia tenga que ser conductor.


Habrá opiniones para todos los gustos, pero creo que la mayoría coincidirá conmigo en que hay que acabar con estos abusos cuanto antes. No se puede obligar a nadie a coger un determinado vehículo y a que, sin importar si el conductor es amable o no, si el coche huele mejor o peor, si hace frío o calor en el interior, si es cómodo o no, si el vehículo es un Mercedes o un Dacia o si hay mucho tráfico o poco, se tenga que pagar siempre un precio estipulado.  Y encima sin permitir que otros trabajadores puedan ejercer esa profesión. Si los de UBER (o quien sea) pagan sus impuestos y cumplen con las mínimas normas exigibles ¿por qué no pueden trabajar en una ciudad?  ¿Por qué los políticos defienden tan descaradamente este monopolio? ¿También les untan los taxistas? 


Esperemos que la CNMC no se pare ahí y que continúe exigiendo estas medidas en el resto de la geografía española para acabar, de una vez por todas, con el arcaico y vergonzoso funcionamiento de este sector.  



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