Antes de entrar en más
cuestiones, decirles que me solidarizo con todos los afectados por esta plaga
de desahucios que está asolando nuestro país. Sinceramente, ni siquiera puedo
imaginar por el mal trago que estarán pasando esas personas y deseo, de todo
corazón, que sus problemas desaparezcan lo más pronto posible.
¿Y que hacen los que, al
menos en teoría, pueden solucionar este drama (lean políticos)? Pues ha tenido
que suicidarse una afectada para empezar a moverse. Pero, como siempre, tarde…
y mal. De momento, se están reuniendo los dos grandes partidos políticos para
encontrar una solución y se está filtrando que pueden acordar una moratoria de
dos años para los afectados que no puedan abonar los plazos de su hipoteca (al
parecer, la renta máxima para acogerse será de 19.000 euros). Incluso se habla
de una futura ley hipotecaria que evite los desahucios cuando exista un impago,
al menos en los casos más, por decirlo de alguna forma, dolorosos. Objetivos
muy loables y palabras muy bonitas de oír, pero, ¿quien pagará estas medidas?
¿Los bancos? No me río porque el asunto es demasiado serio para hacerlo.
Los bancos (y cajas)
prestan su dinero a los compradores de una vivienda a cambio de unas garantías,
la más contundente de las cuales es la recuperación de la casa en caso de
impago de las cuotas de devolución del préstamo. ¿Qué ocurrirá si no pueden
ejecutar la hipoteca como última medida de presión para recuperar su dinero?
Pues que endurecerán el resto de condiciones para concederla. Es decir, muchos
avalistas, nóminas más elevadas, menor dinero concedido, intereses por las
nubes… Todo esto llevará a una menor concesión de hipotecas y a la
imposibilidad de deshacernos del desmesurado stock de viviendas existente, que
a su vez provocará que no se construyan nuevos edificios y esto a que haya mas
parados, etc.
¿Y con las que ya están
concedidas y no se pueden devolver? Pues no está muy claro, pero si pensamos
que muchas de estas hipotecas las formalizaron entidades que ahora están
nacionalizadas, es decir, rescatadas por el Estado con el dinero de todos… pues
ya saben quien va a pagar.
Al igual como ya ocurre
con la desmesurada deuda pública o con el déficit de tarifa eléctrico, serán
las futuras cuatro o cinco generaciones (o, a lo peor, más) las que paguen, ya
sea con créditos más caros o vía impuestos, los despilfarros de este último
lustro.
¿Culpables de todo esto?
Varios. En primer lugar, los ayuntamientos (o sea, los políticos) que inflaron
el precio del suelo para financiar sus elevados gastos. En segundo, los
gobiernos (o sea, los políticos) que permitieron, en aras de un ilusorio
crecimiento basado en la construcción, que se produjese la burbuja inmobiliaria
que, finalmente, explotó. En tercero, los bancos y, sobre todo, las cajas (o
sea, los políticos), que concedieron alegremente hipotecas que en muchas
ocasiones sobrepasaban con creces el valor de los inmuebles. Y en cuarto lugar,
aunque quizá sean los mayores culpables, aquellos que se embarcaron en la
compra de una vivienda que con el tiempo no podrían pagar.
La Constitución Española,
en su artículo 47, garantiza a todos los españoles el derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada y que los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho. Pero lo que no dice es que esa
vivienda deba tener 130 metros
cuadrados o que no pueda ser alquilada.
Vivimos en un país en el que aquel que no
posee vivienda propia está considerado como un “pringao”. Vivir de alquiler es
algo pasado de moda; algo que ya solo hacían los pobres inmigrantes. La máxima
aspiración de los españoles era ser propietarios. Y no de una vivienda
cualquiera. La casa de sus sueños tenía que ser amplia, contar con garaje y
trastero y que perteneciera a una urbanización con piscina y pista de padel. Se
contaban por cientos de miles los optimistas (más bien ilusos) que creían que
con dos sueldos de 1.500 euros podrían pagar sin apuros una vivienda de 300.000
euros durante 40 años. Con el tiempo llegó la crisis, uno de los dos (y algunos
casos, los dos) perdió su trabajo y ahora no tienen ninguna posibilidad de
pagar el resto de lo que deben. ¿Y quien tiene que pagar la barra libre? ¿El
resto de los españoles?
España cuenta con un 81% de propietarios
y apenas un 19% de alquilados. En el resto de Europa esta proporción es mucho
menor y en algunos países como Alemania, los pisos están considerados como
objeto de lujo y los propietarios no llegan ni a la mitad del total. ¿Qué
ventajas tiene este sistema? Pues entre otras (como por ejemplo que los
trabajadores no tienen problemas para aceptar la movilidad laboral) que si a
los alquilados les vienen mal dadas, con cambiar de casa e instalarse en otra que
se adapte mejor a la situación financiera de cada momento, solucionado.
¿Forma de solucionar todo esto?
Complicado. Y más aun si lo tienen que hacer nuestros políticos. Lo primero que
se tendría que hacer es distinguir entre aquellos a los que el desahucio
provocará que tengan que vivir debajo de un puente y los que “solamente”
perderán su segunda o tercera residencia.
Segundo: la “dación en pago”. No se puede
aceptar que un hipotecado, además de perder su vivienda, tenga que pagar de por
vida una cuota al banco por algo que ya no posee. Quien pidió un préstamo que
no podía pagar, quizá fuese un irresponsable; pero el banco que se la concedió
lo fue mucho más: primero la tasó con un precio inflado sin que nadie les
obligase. Y luego les impuso un interés alto para cubrir el riesgo de impago.
Si los precios de las viviendas han bajado más de lo que podían imaginar,
¿por qué tienen que recuperar ahora todo lo prestado? ¿Dónde está el riesgo?
Y tercero: a través de una sociedad
estatal (recordar que el “banco malo” o SAREB, en manos del Estado, ya posee
89.000 viviendas invendibles) facilitar a los desahuciados un piso más
económico, acorde con su actual situación o simplemente un alquiler asequible
en una vivienda modesta.
Seguramente, aparte de estas soluciones
hay otras muchas más. Pero la que no se debe de adoptar bajo ningún concepto es
la de cargar a todos los españoles con este nuevo gasto. Que ya estamos hartos
de políticas populistas pagadas con el sacrificio de nuestros bolsillos.
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