Reforma del código penal: ahora le pueden decomisar su coche

Mañana jueves, 23 de diciembre, entra en vigor la reforma del código penal aprobada el pasado mes de junio. Entre otros muchos aspectos (terrorismo, maltrato, etc.) queremos destacar los cambios que afectan a los delitos contra la salud pública, la seguridad vial o contra la propiedad intelectual o industrial que conllevan la reducción o cambio de las penas impuestas. Les aseguro que dará mucho que hablar.

En el caso de la propiedad intelectual, los delitos cuyo beneficio no supere los 400 euros pasan a ser considerados como faltas y dejan de tener penas de prisión. Por lo tanto, los conocidos como “manteros” ya no tendrán que pasar por las cárceles.

En cuanto a los delitos contra la salud pública, afecta, sobre todo, a las penas por tráfico de drogas. Todas las tipologías de condenados, ya sea por tráfico de drogas, de estupefacientes, pertenencia a una organización de narcotraficantes o ser dirigente de una de ellas, verán (sorprendentemente) rebajadas sus penas en una media de tres años.

Lo más curioso en ambos casos es que, según establece uno de los principios del derecho penal recogido en una disposición de la reforma, con la entrada en vigor de la nueva legislación se tendrá que aplicar al reo la norma que le sea más favorable, lo que traducido significa que se tendrán que revisar las penas de los ahora reclusos y que una parte de ellos (más de 200) serán excarcelados mañana mismo. Como pueden comprobar, la Administración es muy diligente en algunos casos.

Pero lo que más nos interesa de esta reforma del código penal es el aspecto relacionado con la seguridad vial. Al fin y al cabo, manteros y traficantes hay pocos (o demasiados, según se mire) pero conductores somos muchos. A partir de mañana, conducir por encima de la velocidad permitida en 60 kilómetros por hora en vías urbanas o en 80 en interurbanas, conducir sin carnet o bajo los efectos de alcohol o drogas (ahora el test de drogas es obligatorio y negarse supone una pena de prisión de seis meses a un año y la privación del derecho a conducir vehículos a motor de un año y un día hasta cuatro años), podrá castigarse, según decida el juez, con prisión de tres a seis meses, con multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad. Anteriormente podían imponerse dos de estas penas simultáneamente, ahora el juez tendrá que decidir entre una de estas tres alternativas.

Quizá uno de los puntos más conflictivos de esta reforma sea que el juez, en los casos más graves que afecten a la seguridad vial y como medida “excepcional” para evitar la prisión del infractor, puede ordenar el decomiso del vehículo. Pero no en depósito para recuperarlo una vez satisfecha la pena, sino que supondrá la pérdida definitiva del mismo. Los primeros cálculos apuntan a que unos 50.000 automovilistas al año se quedarán sin coche. Supongo que ya lo habrán previsto los legisladores, pero ¿qué ocurre si el coche que conduce el infractor no es suyo?

Como pueden comprobar, el objetivo principal de esta reforma (en los tres tipos de delitos) es minimizar las sentencias que implican cárcel. Se calcula que más de 75.000 personas cumplen condenas en las cárceles españolas. La crisis económica pasa factura a las arcas públicas y un preso cuesta mucho dinero.

Si un narcotraficante o un conductor “kamikaze” sale de prisión no pasa nada. Todo vale para reducir el déficit del estado, ¿verdad?