Pongamos por caso que se le ha estropeado el frigorífico y
no tiene más remedio que cambiarlo. Usted acude a la tienda, elige el que más
le gusta (bueno, el que se ajusta a su presupuesto), lo paga y se va a su casa.
Esa misma tarde, dos operarios de la tienda le llevan a su casa su flamante
frigorífico, se lo instalan y, si usted lo desea, se llevan el viejo.
“Qué amables son. Se llevan la nevera usada... ¡y sin
cobrarme!” puede que llegue a pensar. Pues lo siento; comete un error. Aunque
en la factura del nuevo frigorífico es bastante complicado de encontrar, en el
precio que usted ha pagado se incluye una tasa
de recogida y reciclado del antiguo aparato. Y en el caso de un frigorífico
esa tasa sube aproximadamente 20 euros, ¡casi nada!
“Bueno... por lo menos estoy tranquilo porque la nevera se
reciclará y no contaminará el medio ambiente” puede que piense para consolarse.
¿Está seguro de que eso sucederá?
El proceso es el siguiente: el comprador paga una tasa (en
total 300 millones de euros anuales en España) para que el electrodoméstico que
adquiere sea reciclado al final de su vida útil. Esa tasa se la paga al
fabricante que es el responsable de hacerlo. Éste, habitualmente, contrata a un
Sistema Integrado de Gestión (SIG) para que se encargue de ello y le paga por
electrodoméstico reciclado. Aquí es donde surge el fraude: aunque el fabricante
cobra por todos los aparatos vendidos, sólo paga por los que se reciclan, es
decir, cuantos menos recicle... menos pagará. Y de ahí vienen las excusas que
muchos compradores escuchan de los operarios que, teóricamente, deberían
llevarse la nevera usada: “ahora no podemos...”; “no estamos obligados, pero si
usted nos lo paga...”; “volveremos a por él mañana...”. Y si se lo retiran,
vaya usted a saber dónde irá a parar.
Aunque muchos ya dudábamos de que el reciclaje de viejos
electrodomésticos se estuviese haciendo conforme a la ley, lo difícil era
demostrarlo. Afortunadamente,
Para documentarlo convenientemente, la OCU colocó 15 emisores de
localización GPS en otros tantos electrodomésticos usados. Después, los mandó a
la basura, deshaciéndose de ellos en los puntos previstos por la normativa para
que fueran reciclados. Pues bien, 9 de esos 15 aparatos no se gestionaron
correctamente.
Los aparatos usados eran cuatro frigoríficos, cuatro
lavadoras, cuatro televisores y tres ordenadores de mesa (todos ellos contienen sustancias tóxicas que hay
que extraer de forma controlada) de los cuales 11 se depositaron en puntos
limpios, tres fueron retirados a domicilio, al entregarse otro recién comprado,
y uno más fue entregado en una tienda en la que se compró un aparato similar.
Después, se siguió el curso de los aparatos durante tres
meses, gracias a los GPS ocultos en su interior y se comprobó que algunos
aparatos fueron despedazados sin ningún control, otros fueron a parar a chatarrerías, desguaces, naves y descampados no
autorizados (es más, algunos se repiten, por lo que se sospecha que pueda
existir un “circuito paralelo” ilegal de desguace) y los que cumplieron
correctamente con el reciclado incurrieron en otras ineficiencias como la de
enviar un frigorífico a 500
kilómetros de distancia cuando había un centro de
reciclado a sólo 60.
El tema es grave:
los fabricantes defraudando al Estado al desviar los fondos para la
conservación del medio ambiente a sus cuentas de resultados; los consumidores
timados al pagar por anticipado por un servicio que no se realiza; las plantas
de reciclado planteándose el cierre al no llegarles aparatos usados y los descampados próximos a las grandes
ciudades convertidos en gigantescos cementerios de neveras, lavadoras,
secadoras y microondas con el impacto visual y el peligro de contaminación que
ello conlleva.
¿Y la Administración ? No
se sabe. Deben de estar ocupados “adecentando” sus despachos ante la inminente
llegada del día 21 de noviembre.
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