miércoles, 21 de septiembre de 2011

Timo, fraude y delito medioambiental en el reciclado de electrodomésticos



Pongamos por caso que se le ha estropeado el frigorífico y no tiene más remedio que cambiarlo. Usted acude a la tienda, elige el que más le gusta (bueno, el que se ajusta a su presupuesto), lo paga y se va a su casa. Esa misma tarde, dos operarios de la tienda le llevan a su casa su flamante frigorífico, se lo instalan y, si usted lo desea, se llevan el viejo.

“Qué amables son. Se llevan la nevera usada... ¡y sin cobrarme!” puede que llegue a pensar. Pues lo siento; comete un error. Aunque en la factura del nuevo frigorífico es bastante complicado de encontrar, en el precio que usted ha pagado se incluye una tasa  de recogida y reciclado del antiguo aparato. Y en el caso de un frigorífico esa tasa sube aproximadamente 20 euros, ¡casi nada!

“Bueno... por lo menos estoy tranquilo porque la nevera se reciclará y no contaminará el medio ambiente” puede que piense para consolarse. ¿Está seguro de que eso sucederá?


El proceso es el siguiente: el comprador paga una tasa (en total 300 millones de euros anuales en España) para que el electrodoméstico que adquiere sea reciclado al final de su vida útil. Esa tasa se la paga al fabricante que es el responsable de hacerlo. Éste, habitualmente, contrata a un Sistema Integrado de Gestión (SIG) para que se encargue de ello y le paga por electrodoméstico reciclado. Aquí es donde surge el fraude: aunque el fabricante cobra por todos los aparatos vendidos, sólo paga por los que se reciclan, es decir, cuantos menos recicle... menos pagará. Y de ahí vienen las excusas que muchos compradores escuchan de los operarios que, teóricamente, deberían llevarse la nevera usada: “ahora no podemos...”; “no estamos obligados, pero si usted nos lo paga...”; “volveremos a por él mañana...”. Y si se lo retiran, vaya usted a saber dónde irá a parar.

Aunque muchos ya dudábamos de que el reciclaje de viejos electrodomésticos se estuviese haciendo conforme a la ley, lo difícil era demostrarlo. Afortunadamente, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) se ha encargado de ello y los resultados son escalofriantes: sólo se recicla entre el 15% y el 20% de los aparatos que se venden.

Para documentarlo convenientemente, la OCU colocó 15 emisores de localización GPS en otros tantos electrodomésticos usados. Después, los mandó a la basura, deshaciéndose de ellos en los puntos previstos por la normativa para que fueran reciclados. Pues bien, 9 de esos 15 aparatos no se gestionaron correctamente.

Los aparatos usados eran cuatro frigoríficos, cuatro lavadoras, cuatro televisores y tres ordenadores de mesa (todos ellos contienen sustancias tóxicas que hay que extraer de forma controlada) de los cuales 11 se depositaron en puntos limpios, tres fueron retirados a domicilio, al entregarse otro recién comprado, y uno más fue entregado en una tienda en la que se compró un aparato similar.

Después, se siguió el curso de los aparatos durante tres meses, gracias a los GPS ocultos en su interior y se comprobó que algunos aparatos fueron despedazados sin ningún control, otros fueron a parar a chatarrerías, desguaces, naves y descampados no autorizados (es más, algunos se repiten, por lo que se sospecha que pueda existir un “circuito paralelo” ilegal de desguace) y los que cumplieron correctamente con el reciclado incurrieron en otras ineficiencias como la de enviar un frigorífico a 500 kilómetros de distancia cuando había un centro de reciclado a sólo 60.


El tema es grave: los fabricantes defraudando al Estado al desviar los fondos para la conservación del medio ambiente a sus cuentas de resultados; los consumidores timados al pagar por anticipado por un servicio que no se realiza; las plantas de reciclado planteándose el cierre al no llegarles aparatos usados  y los descampados próximos a las grandes ciudades convertidos en gigantescos cementerios de neveras, lavadoras, secadoras y microondas con el impacto visual y el peligro de contaminación que ello conlleva. 

¿Y la Administración? No se sabe. Deben de estar ocupados “adecentando” sus despachos ante la inminente llegada del día 21 de noviembre.