¿Inquilinos morosos? En “apenas” un año los puede desahuciar

Tras sufrir la mayor crisis económica de la historia de España (sin contar las guerras), todos tenemos algunas imágenes de este drama guardados en nuestra memoria para lo que nos resta de vida: comedores de Cáritas a reventar, colas interminables ante las oficinas del INEM, afectados por los mil y un chanchullos de la banca y familias desahuciadas que tenían que abandonar sus viviendas habituales al no poder pagar las mensualidades de unas hipotecas firmadas con un optimismo desmesurado durante los años de bonanza. Unos desahucios que en la inmensa mayoría de las ocasiones eran auténticas injusticias de las que muchas familias jamás se podrán recuperar.

Quizá fueron los desahucios la cuestión que más ampollas levantó en la sociedad. Ver casos extremos en los que una familia con varios niños pequeños debía abandonar su hogar, sin saber muy bien adonde ir, mientras los odiados bancos se quedaban con la vivienda, fue la gota que colmó el vaso de una desesperada sociedad española.

Posiblemente por ello, las autoridades españolas no han osado a mover un dedo para cambiar algunas leyes obsoletas que rigen en el mercado de la vivienda, sobre todo en el caso de los alquileres, creyendo que con ello protegen a familias desfavorecidas. Sabido es por todos lo que cuesta quitarse de encima a un okupa que invade su domicilio, ya esté vacío o viviendo usted en él. Pues no menos difícil es desahuciar a algunos inquilinos que no pagan sus alquileres de forma sistemática.

Según el informe “La demora en los desahucios-España 2017” elaborado por Pluslegal Abogados, los procesos de desahucios en España se demoran de media 347 días, desde que el inquilino deja de pagar hasta que finaliza el proceso judicial con la sentencia que hace efectivo el desalojo del inmueble. ¡Casi un año!

Por provincias, el informe muestra que Sevilla es el lugar donde más tiempo transcurre, 367 días siguiéndole Murcia con 365 y Málaga con 359. Por el contrario, los procesos más cortos se desarrollan en Álava donde el proceso suele tardar 317 días, en Zaragoza 320 y en Vizcaya 322 días. Aunque la diferencia es de casi dos meses, continúan siendo cifras muy altas.

Hemos escuchado en numerosas ocasiones que uno de los problemas de España radica en el elevado porcentaje de pisos en propiedad contra los que existen en alquiler. Todavía me parece poco. Difícilmente alquilaría un piso de mi propiedad sabiendo que, si el inquilino “me sale rana”, tardaré un año en quitármelo de encima y, posiblemente, lo encontraré medio destrozado sin poder reclamar nada a los ocupantes.

La justicia debe ser mucho más rápida para que, realmente, sea justa.