Stop desahucios: ahora pagaremos hipotecas entre todos los españoles

Antes de entrar en más cuestiones, decirles que me solidarizo con todos los afectados por esta plaga de desahucios que está asolando nuestro país. Sinceramente, ni siquiera puedo imaginar por el mal trago que estarán pasando esas personas y deseo, de todo corazón, que sus problemas desaparezcan lo más pronto posible.

¿Y que hacen los que, al menos en teoría, pueden solucionar este drama (lean políticos)? Pues ha tenido que suicidarse una afectada para empezar a moverse. Pero, como siempre, tarde… y mal. De momento, se están reuniendo los dos grandes partidos políticos para encontrar una solución y se está filtrando que pueden acordar una moratoria de dos años para los afectados que no puedan abonar los plazos de su hipoteca (al parecer, la renta máxima para acogerse será de 19.000 euros). Incluso se habla de una futura ley hipotecaria que evite los desahucios cuando exista un impago, al menos en los casos más, por decirlo de alguna forma, dolorosos. Objetivos muy loables y palabras muy bonitas de oír, pero, ¿quien pagará estas medidas? ¿Los bancos? No me río porque el asunto es demasiado serio para hacerlo.

Los bancos (y cajas) prestan su dinero a los compradores de una vivienda a cambio de unas garantías, la más contundente de las cuales es la recuperación de la casa en caso de impago de las cuotas de devolución del préstamo. ¿Qué ocurrirá si no pueden ejecutar la hipoteca como última medida de presión para recuperar su dinero? Pues que endurecerán el resto de condiciones para concederla. Es decir, muchos avalistas, nóminas más elevadas, menor dinero concedido, intereses por las nubes… Todo esto llevará a una menor concesión de hipotecas y a la imposibilidad de deshacernos del desmesurado stock de viviendas existente, que a su vez provocará que no se construyan nuevos edificios y esto a que haya mas parados, etc.

¿Y con las que ya están concedidas y no se pueden devolver? Pues no está muy claro, pero si pensamos que muchas de estas hipotecas las formalizaron entidades que ahora están nacionalizadas, es decir, rescatadas por el Estado con el dinero de todos… pues ya saben quien va a pagar.

Al igual como ya ocurre con la desmesurada deuda pública o con el déficit de tarifa eléctrico, serán las futuras cuatro o cinco generaciones (o, a lo peor, más) las que paguen, ya sea con créditos más caros o vía impuestos, los despilfarros de este último lustro.

¿Culpables de todo esto? Varios. En primer lugar, los ayuntamientos (o sea, los políticos) que inflaron el precio del suelo para financiar sus elevados gastos. En segundo, los gobiernos (o sea, los políticos) que permitieron, en aras de un ilusorio crecimiento basado en la construcción, que se produjese la burbuja inmobiliaria que, finalmente, explotó. En tercero, los bancos y, sobre todo, las cajas (o sea, los políticos), que concedieron alegremente hipotecas que en muchas ocasiones sobrepasaban con creces el valor de los inmuebles. Y en cuarto lugar, aunque quizá sean los mayores culpables, aquellos que se embarcaron en la compra de una vivienda que con el tiempo no podrían pagar.

La Constitución Española, en su artículo 47, garantiza a todos los españoles el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Pero lo que no dice es que esa vivienda deba tener 130 metros cuadrados o que no pueda ser alquilada.  

Vivimos en un país en el que aquel que no posee vivienda propia está considerado como un “pringao”. Vivir de alquiler es algo pasado de moda; algo que ya solo hacían los pobres inmigrantes. La máxima aspiración de los españoles era ser propietarios. Y no de una vivienda cualquiera. La casa de sus sueños tenía que ser amplia, contar con garaje y trastero y que perteneciera a una urbanización con piscina y pista de padel. Se contaban por cientos de miles los optimistas (más bien ilusos) que creían que con dos sueldos de 1.500 euros podrían pagar sin apuros una vivienda de 300.000 euros durante 40 años. Con el tiempo llegó la crisis, uno de los dos (y algunos casos, los dos) perdió su trabajo y ahora no tienen ninguna posibilidad de pagar el resto de lo que deben. ¿Y quien tiene que pagar la barra libre? ¿El resto de los españoles?

España cuenta con un 81% de propietarios y apenas un 19% de alquilados. En el resto de Europa esta proporción es mucho menor y en algunos países como Alemania, los pisos están considerados como objeto de lujo y los propietarios no llegan ni a la mitad del total. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Pues entre otras (como por ejemplo que los trabajadores no tienen problemas para aceptar la movilidad laboral) que si a los alquilados les vienen mal dadas, con cambiar de casa e instalarse en otra que se adapte mejor a la situación financiera de cada momento, solucionado.

¿Forma de solucionar todo esto? Complicado. Y más aun si lo tienen que hacer nuestros políticos. Lo primero que se tendría que hacer es distinguir entre aquellos a los que el desahucio provocará que tengan que vivir debajo de un puente y los que “solamente” perderán su segunda o tercera residencia.

Segundo: la “dación en pago”. No se puede aceptar que un hipotecado, además de perder su vivienda, tenga que pagar de por vida una cuota al banco por algo que ya no posee. Quien pidió un préstamo que no podía pagar, quizá fuese un irresponsable; pero el banco que se la concedió lo fue mucho más: primero la tasó con un precio inflado sin que nadie les obligase. Y luego les impuso un interés alto para cubrir el riesgo de impago. Si los precios de las viviendas han bajado más de lo que podían imaginar, ¿por qué tienen que recuperar ahora todo lo prestado? ¿Dónde está el riesgo?

Y tercero: a través de una sociedad estatal (recordar que el “banco malo” o SAREB, en manos del Estado, ya posee 89.000 viviendas invendibles) facilitar a los desahuciados un piso más económico, acorde con su actual situación o simplemente un alquiler asequible en una vivienda modesta.      

Seguramente, aparte de estas soluciones hay otras muchas más. Pero la que no se debe de adoptar bajo ningún concepto es la de cargar a todos los españoles con este nuevo gasto. Que ya estamos hartos de políticas populistas pagadas con el sacrificio de nuestros bolsillos.