jueves, 23 de marzo de 2017

Desokupa, un negocio floreciente gracias a los okupas y a Podemos



Seguro que muchos de ustedes leyeron ayer la noticia en algunos periódicos digitales: 

Detienen a una mujer por echar a unos okupas de su propia casa. Inmaculada Efna, propietaria de origen guineano de una vivienda en Palma de Mallorca, no pudo abrir con su llave la cerradura de su casa. Al ver que la habían cambiado, la propietaria no dudó en romperla y sustituirla por otra nueva comprada en la ferretería. Cuando, posteriormente, llegaron los okupas a la vivienda, la amenazaron con un cuchillo, lo que motivó que Inmaculada llamara a la Policía. La sorpresa llegó cuando los agentes la detuvieron a ella acusándola de un presunto delito de allanamiento de morada. De nada sirvió que les mostrara los recibos de la hipoteca que lleva pagando desde el año 2004. De momento, Inmaculada ha tenido que alquilar una habitación con sus cuatro hijos menores mientras los okupas siguen en su casa.”

Hechos como los relatados ocurren a diario en España. Los okupas, además de invadir casas o locales deshabitados, no dudan en entrar en cualquier vivienda en la que no estén, aunque sea por unas horas, sus propietarios. Amenazas, coacciones, violencia… ¿quién se atreve a desalojar a estos indeseables que no le tienen miedo a nada?


Si alguna ciudad española destaca en este penoso ranking de okupas es Barcelona. Desde que gobierna la ciudad Ada Colau (ex-okupa de un cuartel de la Guardia Civil), el índice de invasión de inmuebles ha crecido un 66%, pasando de 642 a 1.065 entre 2015 y el primer trimestre de 2016, sin duda amparados en la impunidad que preconizan desde el consistorio. Pero lo que supone la ruina para los propietarios, también es una oportunidad para aquellos que han sabido ver el negocio que surgía.

La empresa “Desokupa” fue fundada por Daniel Esteve Martínez, un ex-boxeador propietario de un lujoso gimnasio en la parte más exclusiva de la Ciudad Condal: el barrio de Sarrià-Sant Gervasi. Su trabajo consiste en disuadir a quienes ocupan edificios enteros o viviendas de forma ilegal para que los abandonen. ¿Cómo? Pues con su disuasoria presencia.

Cuando reciben un encargo (ya han desalojado 270 inmuebles), proponen un precio dependiendo de la dificultad y del valor de la propiedad a rescatar. Una vez aceptado, cobran la mitad y organizan “el operativo”. Primero, sus abogados analizan la situación legal. Luego, determinan el número de miembros del “comando” y acuden al terreno para que los okupas abandonen la propiedad que no les pertenece. En el hipotético caso de que no la quieran abandonar (la mayoría salen por piernas al verles), esperan a que abandonen la propiedad para cambiar las cerraduras y asegurar las ventanas. En la mayoría de las ocasiones, todo esto se consigue con apenas dos personas.


Los resultados de esta operativa hablan por si solos: 70 llamadas telefónicas diarias y más de 20.000 visitas mensuales a su web para un porcentaje de resolución de “conflictos” del 95% de los casos en Cataluña y del 100% fuera de esa comunidad. Porque también prestan sus servicios en la Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid y Aragón.

¿Sus precios? Un mínimo de 4.000 euros más IVA por caso. Y teniendo en cuenta que alguno de ellos lo solucionan en apenas 8 minutos… pues a 500 euros por minuto de desalojo. Y es que cuando a la puerta de unos okupas llaman varios “negociadores” que sobrepasan el 1,90 y los 110 kilos de peso…

Les pongo un ejemplo: Un cliente tenía unos gitanos rumanos en un solar de su propiedad en Sants (barrio de Barcelona) y le pedían 20.000 euros por abandonarlo. Habían montado tres chabolas dentro del solar donde era imposible vivir; solo servía para extorsionar al dueño. Cuando fue a reclamar, le dijeron que estaban protegidos y que iniciase un expediente judicial. Puesto en contacto con la empresa, esperaron a que saliesen los gitanos rumanos y al tener un permiso de obra aprobado, entraron con una excavadora que se llevó por delante las chabolas y allanó el terreno. Luego cambiaron las cerraduras y candados y esperaron a que regresaran los okupas; les dieron 100 euros y nunca más se supo de ellos. De haber realizado todos los trámites legales habrían tardado al menos ocho meses en poderles echar.


Por supuesto, en este blog creemos que estos asuntos no se deberían solucionar de esta forma y rechazamos categóricamente cualquier tipo de violencia que este grupo de matones pseudo-mafiosos pueda ejercer, si esa es su forma de actuar que lo desconocemos. 

Pero en un país en el que la justicia parece que defienda al okupa en lugar de al propietario con procesos interminables y caros y en el que algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, llegan a crear protocolos dirigidos a su policía local para proteger a los okupas de propietarios que pretendan desalojarlos de manera extrajudicial, que surjan estos grupos me parece inevitable. ¿O acaso usted no haría nada si tuviese que dormir debajo de un puente mientras unos okupas disfrutan (y destrozan, seguramente) su vivienda?


La propiedad privada es sagrada. A ver si se les mete de una vez en la cabeza a nuestros políticos. 

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