Los expertos independientes llevaban décadas avisándonos de
la “anomalía” (según sus palabras) que suponía que en el sistema bancario
español convivieran, en condiciones casi idénticas, bancos y cajas de ahorros.
No era por que estuvieran en contra de las segundas; que en muchos países
existen y funcionan de maravilla, sino por la labor que estaban realizando,
cada vez más lejos de la obra social y pública (motivos por los que habían surgido)
y más cerca de la competencia directa con las entidades bancarias y su
insaciable apetito por los beneficios.
Por supuesto que hablar hace unos años de la desaparición de
las cajas de ahorros era un tema tabú: los españoles vivían convencidos de sus
bondades, los políticos fomentaban esa creencia para poder seguir “enchufando”
a los suyos (sus compañeros de partido copaban casi la mitad de los miembros
del consejo de administración) y los medios de comunicación callaban para no
perder el suculento trozo de tarta proveniente de la amplísima publicidad que
las cajas contrataban.
Esta maldita crisis que está acabando con todo,
afortunadamente, también ha fulminado estas entidades, más que financieras,
políticas. Lo malo es que esta especie en vías de extinción va dejando
cadáveres allá por donde pasa y enterrarlos nos va a salir muy caro a los
españoles. Ejemplos hay a montones: la
CAM , Bancaja, Caja Castilla-La Mancha, las cajas gallegas,
varias catalanas... todas quebradas por la dichosa manía de querer ganar más
dinero que los bancos financiando peligrosísimas operaciones inmobiliarias y
prestando dinero a las administraciones públicas para que el mandatario de
turno cumpliera con sus caprichos megalómanos.
¿Los directivos de esas cajas están en la cárcel purgando
sus malas prácticas que han causado la quiebra de estas entidades hasta
hacerlas desaparecer? ¡Ni mucho menos! No hay ni uno sólo entre rejas y lo peor
es que ahora viven mucho mejor que antes. ¿Por qué? Pues porque antes de salir
de sus puestos se auto-propusieron unas suculentas indemnizaciones y unas
jubilaciones anticipadas que causan auténtico vértigo.
Les mostramos las “caras” de algunos de estos personajes (aparte de los "campeones" de más arriba).
Sólo para que sepan con quien están tratando si se los encuentran por la calle:
Lucas Hernández, ex-director general de Caja Duero. Ha
recibido una indemnización de 1,3 millones euros.
Domingo Parra, ex-director general de Banco de Valencia
(Bancaja). Pactó una indemnización por su salida de 7,5 millones euros.
Dos reflexiones para finalizar: igual de culpables que estos
“caras” son los que los nombraron y se aprovecharon de estos nombramientos. Si;
nos estamos refiriendo a políticos y sindicalistas, colocados a dedo en los
consejos de administración sin tener ni las más remota idea de cómo funciona
una institución financiera, pero llevándose a casa sus buenos dineritos.
Y segundo: no los criticamos por cobrar lo que han cobrado
(o van a cobrar). Si hubiesen hecho bien su trabajo y ahora no tuviésemos que
“rescatar” estas cajas entre todos los españoles, me parecería correctísimo que
se llevasen no ya esas cantidades, sino el triple si fuese necesario. Pero se
necesita ser muy inútil para causar el desastre que han causado y tener mucha
cara para querer llevarse el suficiente dinero para vivir el resto de sus vidas
como reyes sin tener que darle un palo al agua.
¿Para cuando una ley que exija responsabilidades a estos
cargos pseudopolíticos?
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