Una vez pasado el
entrañable periodo navideño, con sus comilonas, sus fiestas, sus regalos y sus
viajes a la nieve, nuestros queridos y apreciados dirigentes sindicales vuelven
a la acción. Y lo hacen, como no, amenazando con nuevas protestas y, ¿por qué
no? una nueva huelga general.
Al término de la reunión
del Consejo Confederal de CCOO, su secretario de comunicación, Fernando
Lezcano, ha señalado que “la idea de los sindicatos es que la jornada de lucha
prevista para marzo por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) se traduzca
en España en una gran acción de protesta descentralizada en las capitales de
provincia y en las grandes ciudades”.
Pero no se ha detenido
ahí: ya envalentonado ha advertido solemnemente que “si de aquí a entonces pasa
algo de extrema gravedad, no se puede descartar la huelga”.
Ya estamos otra vez. O
sea que si al señor Lezcano le molesta alguna medida del Gobierno y la
considera como de “extrema gravedad”, enviará a 17 millones de trabajadores
españoles a la huelga general. Como Dios pero con la chapa de CCOO en la
solapa.
Los españoles ya sabemos quiénes
son, pero estos dirigentes sindicalistas quieren continuar creyéndose que
representan a los trabajadores de nuestro país. Y eso hace ya mucho tiempo que
dejó de ocurrir si es que alguna vez fue así. Y prueba de ello son las cifras del
seguimiento de la primera huelga general que sufrió el Gobierno de Mariano
Rajoy el 29 de marzo de 2012.
Según los sindicatos UGT
y CCOO, aquel bochornoso día, la huelga general fue seguida por el 77% de los
trabajadores, 9.100.000 para ser más exactos (una chapuza porque el 77% de los
ocupados ese día hubiesen significado más de 13 millones de huelguistas). Según la
patronal, la cifra de seguimiento fue del 12%, unos dos millones. Y según la
bajada del consumo eléctrico (que los medios de comunicación se empeñan en que creamos
que es la mejor forma de medirlo) de alrededor de un 20%. ¿Quién tuvo razón?
Pues nadie. Me explico.
La Ley General de la Seguridad Social contempla
que “la obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga
general y cierre patronal". Para ello, el empresario debe comunicar a la
Seguridad Social, durante los seis días posteriores a la huelga, aquellos
trabajadores que legítimamente han participado en la misma. Pues bien, el día
29 de marzo de 2012 dejaron de cotizar 840.982
trabajadores, un escaso ¡4,9%! del total de los empleados por aquellas fechas
(algo más de 17 millones). Y supongo que nadie dudará de esta cifra ya que no
conozco a ningún empresario que pague a la Seguridad Social pudiendo no
hacerlo.
Mucho ruido, mucha
propaganda, muchos discursos y demasiados piquetes (ya pueden: con 230.000
liberados…), pero la realidad es que su influencia en la sociedad se acerca al
cero absoluto.
(Las cifras oficiales de la segunda
huelga general de finales del año pasado aun no las conocemos, pero según los
mismos sindicatos, tuvo un seguimiento algo menor que la primera, así que…)
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