¿Quién se enriquece con las subvenciones de la Ley de Memoria Histórica?

Uno de los grandes iconos de las dos legislaturas que ha durado Zapatero como Presidente del Gobierno de España ha sido la Ley de la Memoria Histórica. Mientras otros países invertían tiempo y dinero en capear la crisis económica, en España nos dedicábamos a retroceder en el tiempo para enfrascarnos en las discusiones que mantenían nuestros abuelos y bisabuelos hace más de 70 años.

Entiendo el dolor que puedan sufrir los familiares de los muertos en la contienda y posterior represión franquista al desconocer el lugar donde reposan los restos de sus seres queridos; asimismo, comparto sus exigencias para que se restablezca el honor de esas personas que no cometieron otro pecado que el de combatir en el bando que resultó perdedor en aquella estúpida guerra. Pero lo que no me parece justo es que esas reivindicaciones sean aprovechadas por quien todos sabemos para sacarles rédito político, crear división social y, de paso, favorecer los intereses (económicos casi siempre) de grupos afines a sus radicales ideas. 

Uno de los grandes objetivos de la Ley de Memoria Histórica era la exhumación de fosas comunes y la identificación de los cadáveres allí encontrados. Para cumplir con esta misión, el Ministerio de la Presidencia ha venido concediendo subvenciones a distintas asociaciones que llevaban a cabo este cometido. Pues bien, desde que entró en vigor esta ley se han concedido subvenciones por valor de 19.475.985 euros de los cuales sólo se han dedicado a la misión prioritaria de la ley, la exhumación de fosas, 5.918.306 euros (un 30%). ¿Y el resto? A “otras” cuestiones trascendentales como testimonios orales o escritos (2.654.640), archivos y censos (2.154.017)  y la realización de documentales (1.731.997).

En total, según los datos oficiales publicados por el ministerio, 573 asociaciones han recibido subvenciones. Les dejo unos cuantos ejemplos del dinero que recibieron algunas de ellas en el año 2010 (entre paréntesis el proyecto propuesto):

- Fundación Contamíname para el Mestizaje Cultural (II Jornadas Políticas de Memoria y Construcción de Ciudadanía), 27.150 euros.

- VERHIS Verdad Histórica (El Canto del Cárabo), 37.930 euros.
 - UGT Madrid (Historia de vida de militantes de UGT durante el franquismo, 3ª parte), 14.286 euros.
- Fundación 1º de mayo (Testimonios de la resistencia antifranquista en CC.OO.), 27.103 euros.
- Fundación Pablo Iglesias (PSOE) (Identificación dirigentes socialistas en la clandestinidad), 26.275 euros.
- Fundación Largo Caballero (PSOE) (Archivo oral del sindicalismo socialista), 28.649 euros.
- Federación de industria de UGT (Recuperación de la documentación de la federación de la construcción y del metal de la UGT), 11.586 euros.
- Asociación el Ojo Cojo (Muestra cinematográfica en homenaje a las víctimas de la guerra civil y el franquismo), 24.426 euros.
- Federación de Enseñanza de CC. OO. (Exposición y conferencias sobre la Escuela en la II República), 27.626 euros.
- CC.OO de Andalucía (La memoria de los abogados antifranquistas andaluces), 24.426 euros.
- Institut per a la Memoria Histórica (Libros Al Infierno), 17.910 euros.
- Ateneo Republicano de León (La represión en el tardofranquismo. Fuentes orales), 25.226 euros.  
- Memorias Partidas (Proyecto de documental. Título "Te doy mi palabra"), 28.826 euros.
- Instituto Obrero de Valencia (Vidas congeladas por el franquismo), 26.095 euros.

Hay que tener mucha imaginación para creer que estos proyectos pueden tener algo que ver con la exhumación de los restos de los caídos republicanos durante la Guerra Civil o la dignificación de las víctimas de la posguerra.

Dinero, dinero y más dinero que sale del bolsillo de todos los españoles y va a parar, curiosamente, a las arcas de asociaciones afines al gobierno y de los dos principales sindicatos de nuestro país. Y después queremos que Yogui y Bubu le monten manifestaciones y huelgas al gobierno. Ja.

Incluso se sabe que algunas asociaciones que aparecen en los listados del ministerio se crearon después de promulgada la ley. O sea, se crearon para “trincar” la subvención.

Este escándalo no sólo se circunscribe a la administración central; las comunidades autónomas también quieren su trozo de tarta. La Sindicatura de Cuentas de Cataluña a abierto una investigación al organismo público (creado en su día por el tripartito) Memorial Democrático de Cataluña ante las sospechas de supuestas irregularidades en los sueldos de los trabajadores.

De los ¡¡¡34 empleados!!! contratados por la Generalitat para este organismo (cuya finalidad era velar por la memoria de las víctimas de la represión franquista y que cuenta con un presupuesto anual de 3,7 millones de euros), 27 podrían haber cobrado en 2010 sobresueldos que sumarían hasta 200.000 euros (uno de ellos “cobró”  70.000 euros más de lo estipulado).

La actual consejera de Gobernación, Joana Ortega, ha enviado una carta a los 27 empleados afectados para informarles de que sus salarios están siendo investigados y les advierte de que probablemente sus ingresos queden disminuidos.

¿Los trabajadores cobraron esos sobresueldos o sirvieron para desviar fondos a “otras causas?

Que pena (y que vergüenza) da comprobar que todos estos aprovechados juegan con la memoria de nuestros antepasados para crispar a la sociedad y llenarse los bolsillos. Espero que tengamos “memoria histórica” para acordarnos de todas las tropelías que han cometido.