Qué es una SICAV y cuál será su nueva tributación

Una de las mayores injusticias tributarias existentes en España tiene visos de tener sus días contados. Nos estamos refiriendo a las SICAV y a la modificación que el Gobierno quiere aprobar sobre su régimen legal que eliminará su principal ventaja fiscal.

Pero vayamos por partes. Realmente, ¿qué es una SICAV?
Las SICAV son sociedades de inversión colectiva similares a los fondos que, debido a sus ventajas fiscales, pronto se convirtieron en la herramienta preferida de las grandes fortunas españolas para “mover” su dinero.

A grandes rasgos, estas sociedades precisan de un capital mínimo de 2.400.000 euros y de 100 accionistas para constituirse. En realidad, la mayoría de las SICAV poseen un capital mucho mayor y dos o tres accionistas (a veces sólo uno) poseen el 99,9% de los títulos. Al resto de los partícipes se les denomina “mariachis” ya que su función es, exclusivamente, el poner su nombre para que el socio mayoritario llegue a ese centenar de accionistas y pueda legalizar la sociedad.

Pero la clave del éxito de estas sociedades ha sido el artículo por el que podían diferir (o ahorrarse completamente) la tributación por las ganancias que obtuviesen.
Las SICAV sólo pagan el 1% de sus beneficios en concepto de Impuesto de Sociedades,. Para entendernos: si una SICAV está constituida por un capital inicial de 50 millones de euros y gana un 10%, sólo está obligada a pagar el 1% de esos 5 millones de ganancias y no el 30% como cotizan los beneficios de cualquier empresa mediante el Impuesto de Sociedades.

Además, las SICAV esconden otro “truco” ya que si el propietario quisiera llevarse los beneficios a su cuenta corriente, tendría que pagar entre el 19-21% en el IRPF, como ganancia del capital. Sin embargo, éstos se aprovechan de una disposición de la normativa de sociedades que indica que las reducciones de capital no tributan. ¿Qué hacen los partícipes? Sencillo: alegan que el dinero que sacan es reducción de capital y no recogida de beneficios y, de los cinco millones de beneficios del ejemplo anterior, no pagan ni un miserable euro. Esto se puede hacer hasta el límite del capital inicial; volviendo al ejemplo, hasta que los beneficios acumulados lleguen a los 50 millones de euros. A partir de ahí, tendrán que tributar al 19-21%. O quien sabe si la cerrarán, abrirán otra y vuelta a empezar.

Esto último es lo que quiere cambiar el Gobierno (lo del 1%, por desgracia, seguirá en vigor). A partir de ahora, las reducciones de capital tributarán al mismo tipo que los beneficios, por lo que si un partícipe se decide a retirar su dinero de la sociedad, tendrá que pagar impuestos como el resto de los mortales. Y, por si las moscas, los accionistas españoles de una SICAV con domicilio en el extranjero, también tributarán en España por los beneficios asociados a la misma.

¿Problemas que traerá consigo esta reforma? Nadie lo sabe con certeza, pero se atisban varios. El primero está relacionado con el plazo de entrada en vigor esta novedad: el 1 de enero de 2011. Mucho nos tememos que, hasta entonces, se produzca una descapitalización brutal de estas sociedades hasta el límite de la inversión inicial (cada dueño se llevará el dinero hasta la frontera en la que tendría que pagar intereses y el resto lo dejará como una inversión a largo plazo).

La segunda consecuencia puede ser una fuga masiva de capitales. Las grandes fortunas están muy bien asesoradas y pronto encontrarán otros países europeos con una legislación más favorable. Para evitar tener que tributar por ser residentes en España, nada más fácil que dejar la SICAV en manos de una segunda sociedad. De esta manera, el propietario es una persona jurídica, mientras que el rico se oculta detrás de esta pantalla.

Quizá, después de tantos años demandando estas medidas que no quisieron tomar ni los gobiernos del PP ni los del PSOE (hasta ahora), hubiese sido mejor elevar la tributación hasta una cantidad intermedia y no provocar una desbandada general, pero debemos aplaudir esta decisión tomada por el Ejecutivo. Alguna vez tenía que ser.

Los diputados pagan 4,50 euros por un menú; el resto lo pagamos nosotros

El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) publicó la semana pasada la licitación del servicio de cocina, cafetería, comedor y restaurante de las Cortes Valencianas.

Entre otros aspectos, en el pliego de condiciones técnicas se detalla el precio máximo que el adjudicatario podrá fijar para cada uno de los productos que ofrezca en cada una de las zonas. Así, por ejemplo, el menú del día, que se compondrá de un primer plato, postre, pan, bebida y café tendrá un coste máximo de 4,50 euros; si ese primer plato se quiere sustituir por dos segundos, el precio aumenta hasta los 8 euros. Si lo que se pide son tapas, la de jamón y queso tiene un precio de 1,25, idéntico precio que un sándwich mixto y si les apetece un buen bocadillo de ternera, los “clientes” deberán desembolsar 2,50 euros (por un euro se puede conseguir uno de tortilla o de atún). ¿Les parecen caros estos precios? A mi tampoco. Más bien, lo que me parecen son inexplicables.

Lo primero que me extraña es la inclusión de la lista de precios dentro del pliego de condiciones. Comprendo que se exijan unos horarios, un buen servicio, una limpieza excepcional, un buen surtido de productos, pero ¿esos precios?

Sólo tendrían cierta justificación si las instalaciones estuviesen totalmente aisladas, en medio de la nada, y sus señorías y demás empleados no pudiesen consumir en ningún otro lugar, pero, por si lo desconocen, las Cortes Valencianas están situadas en pleno centro histórico de Valencia, en una zona en la que se pega una patada y aparecen tres bares y restaurantes. Entonces, ¿por qué obligar a ese precio “de amigo”?

Es lógico pensar que, con esos precios, ningún hostelero en su sano juicio presente una oferta para hacerse cargo del servicio. Pues les aseguro que se lo quitarán de las manos ya que la Cámara entregará 18.000 euros mensuales a la empresa explotadora en concepto de subvención. Es decir, los contribuyentes pagaremos más de 180 euros al mes por diputado (hay 99) o, lo que es lo mismo, 12 euros diarios (sus “señorías” acuden 180 días al año al hemiciclo). Que con los sueldos que cobran, los ciudadanos de a pie (muchos nos llevamos el "tupper" al trabajo) nos tengamos que hacer cargo del 75% de su factura alimenticia... tiene delito.

Ya sé lo que pensarán algunos de ustedes: la mayoría de los diputados no se rebajarán a comer allí y elegirán un buen restaurante de los alrededores; sólo acudirán a tomar algún café y, realmente, el bar lo utilizará el personal administrativo y de servicio que trabaja en las Cortes. Bien, la pregunta continúa siendo la misma ¿por qué les tenemos que pagar los contribuyentes sus almuerzos, meriendas y cenas? Que yo sepa, los sueldos que cobran no son nada desdeñables.

No se crean que esta costumbre es exclusiva de las Cortes Valencianas. Si tienen algún contacto, pregunten lo que vale un café en el Congreso de los Diputados de Madrid o una comida en el Parlament de Cataluña.

Aunque el escarnio público no termina con los políticos: este mismo sistema se emplea en universidades, hospitales, institutos, centros públicos, otros organismos oficiales... o sea, que media España le pagamos a la otra media (habitualmente funcionarios que ya cobran del Estado) su comida y bebida diaria a base de subvenciones a las empresas que prestan esos servicios.

Con estos argumentos, no resulta extraño que el 72% de los españoles quiera ser funcionario y sólo un 4% empresario.

A favor de que la economía sea enseñanza básica en colegios e institutos.

Sabían que la mayoría de los españoles invertimos nuestros ahorros sin tener ni idea de lo que hacemos? Así es. La cultura financiera de los ciudadanos españoles es, más bien, escasa.
Con lo que cuesta de ahorrar el dinero (quien pueda hacerlo), luego se arriesga sin saber muy bien en qué. Los datos son preocupantes:

- El 54% de los inversores desconocen qué les ofrece su banco.
- En el 70% de las ocasiones, el inversor no ha comprendido lo que está firmando en el contrato.
- Un 25% de los clientes no conservan la documentación de la inversión.
- Sólo el 40% lee la letra pequeña.
- El 65% desconoce los costes del producto contratado.

Y esto sólo si nos referimos al capítulo de la inversión. Si pasamos al mundo de las hipotecas, el resultado es aun peor: firmamos todo lo que nos ponen delante, ya sean “cláusulas suelo”, seguros de defunción, domiciliaciones de nóminas, “riesgos de tipos de interés”… Y cuando nos referimos a las tarjetas de crédito, el desconocimiento de los usuarios es asombrosa: pagan 50, 60 u 80 euros por tarjetas que apenas usan, abonan intereses del 25% por descubiertos totalmente evitables, pagan a crédito sin saber los intereses que les cobrarán… en resumen, sin querer entrar en el “robo autorizado” que perpetran los bancos a sus clientes, la culpa de todo este fraude es la falta de cultura financiera que arrastramos los españoles.

Por ello, el Consejo General de Colegios de Economistas ha reclamado que la economía sea una enseñanza básica en los colegios e institutos españoles para "luchar contra la incultura financiera".
Para este colectivo, aunque una mejor educación económica y financiera de los ciudadanos probablemente no podría haber evitado la crisis, si podría, junto con una mejor información de nuestro gobierno, haber "amortiguado la caída y ayudado a tomar decisiones menos desacertadas".

Según el presidente del Consejo General, Valentín Pich, la cultura financiera en España "está muy verde" y es necesario reforzarla, para evitar una situación "de exclusión social" entre las clases bajas de la sociedad.

Esperemos que nuestras autoridades escuchen a estos economistas e implanten una educación mucho más práctica a nuestros hijos. Menos derivadas y más cuentas bancarias. A todos nos irá mejor.

¿Cuántos españoles cobran más de 120.000 euros?

La mayoría de ustedes ya conocerán la última medida tomada por el gobierno de Zapatero para aliviar las maltrechas arcas del Estado: subir los impuestos a las rentas más altas.

Supongo que muchos pensarán que ya era hora que el gobierno tomase medidas encaminadas a hacer pagar más a los que más tienen y se olvidase de masacrar al ciudadano de a pié. Pues lo siento; no van por ahí los tiros.
Con esta medida no van a conseguir que pague el que más tenga, sino que pague más el que más declare, que no es lo mismo. Las grandes fortunas están blindadas con sus exclusivas sociedades de inversión o SICAV. Como bien saben, estas sociedades apenas tributan al 1% y, por lo que se ve, ni los gobiernos anteriores de derechas ni el actual socialista tienen la más mínima intención de cambiar este porcentaje. La excusa es siempre la misma: “si les obligamos a tributar más, sacarán las sociedades de España y las inscribirán en algún paraíso fiscal”. No les falta razón, pero lo que se deberían cambiar son las leyes que permiten que esas grandes fortunas se escondan tras las sociedades. De esa forma, los millonarios que las componen deberían declarar como cualquier otro español.

No nos equivoquemos: esta subida de impuestos que piensa aplicar el gobierno solo sirve para justificarse ante el electorado de izquierdas que demanda medidas de este tipo. Nada más. No conseguirá, ni de lejos, ayudar a cuadrar los deficitarios presupuestos del Estado. Me explico:
Según las últimas declaraciones del IRPF, los españoles que cobran más de 120.000 euros son los siguientes:

- Entre 120.000 y 144.000 euros hay 49.241 contribuyentes, el 0,33% del total.
- Entre 144.000 y 168.000 euros, 29.148, el 0,2%.
- Entre 168.000 y 216.000 euros, 31.995, el 0,22%.
- Entre 216.000 y 360.000 euros, 32.790, el 0,22%.
- Entre 360.000 y 600.000 euros, 14.402, el 0,09%.
- Más de 600.000 euros, 12.479 euros, el 0,08%.

En total, 170.055 contribuyentes, el 1,14% del total, declaran más de 120.000 euros anuales. ¡Cuánta gente rica vive en nuestro país! pensara alguno. Pues no se crean; debe haber muchísimos más camuflados en SICAV y en profesiones liberales acogidas a módulos. A quienes realmente van a despellejar vivos son a esos profesionales cualificados que trabajan por cuenta ajena y que cobran una nómina a fin de mes.

Hagamos cuentas: ¿cuánto se va a conseguir con esta nueva medida? Poco, muy poco. Según las noticias aparecidas en los medios de comunicación, la intención del gobierno es aumentar el tipo impositivo de estas rentas desde el 43% actual hasta el 46% ó 47%. Este aumento porcentual que van a sufrir 170.000 contribuyentes reportará al Estado unos ingresos extras de 180 millones de euros, una nimiedad si la comparamos con los más de 100.000 millones de euros que tendrá de déficit el Estado al final del presente año. No llega ni al 40% del dinero que Zapatero regalará al PNV a cambio de su voto en los Presupuestos Generales del próximo año que le permitan continuar en el poder hasta el final de la legislatura. No hay que ser excesivamente espabilado para comprender que si Zapatero quiere cuadrar las cuentas con los ingresos por IRPF, pronto nos subirá los tipos impositivos a los que cobramos menos de 120.000 euros. Al tiempo.

Ahora pongámonos en la piel de estos profesionales que ganan más de 120.000 euros al año (ya me gustaría a mí, aunque tuviese que pagar la mitad a Hacienda). Este aumento en el IRPF, unido al que han efectuado algunas comunidades autónomas socialistas, puede suponer pagar impuestos de más del 50% de lo cobrado. O sea, el fisco se lleva 1 de cada 2 euros (aunque no crean: en las rentas bajas se lleva 1 de cada 4). ¿Qué harían ustedes? Pues lo mismo que hace esta gente: intentar cobrar parte de su sueldo en dinero negro, esconder otros ingresos... en resumen, defraudar todo lo que se pueda. No se extrañen si al final, esos 180 millones extras se convierten en 180 millones menos.

Una última consideración: por IRPF pagamos entre un 24% y un 50% de nuestro sueldo, súmenle el IVA que pagamos, los impuestos a los carburantes, al tabaco, a las bebidas alcohólicas, la contribución urbana, los impuestos sobre el automóvil... ¿todavía creen que trabajan para su propio provecho?

Partidos políticos y sindicatos se blindan ante el nuevo Código Penal

El próximo mes de diciembre entrará en vigor el nuevo código penal que sustituirá al aprobado en el año 1995. Entre sus numerosos cambios, nos permitimos destacar uno que nos llena de perplejidad.

Concretamente es el relacionado con la responsabilidad penal de las empresas por los delitos cometidos por sus representantes legales o administradores. Hasta ahora, cuando se inculpaba a cualquier miembro directivo de cualquier empresa, él era el único culpable y la empresa a la que representaba no tenía ninguna responsabilidad por los delitos cometidos. Por lo tanto, ni era ni juzgada ni, dado el caso, condenada. A partir de la entrada en vigor del nuevo código, eso va a cambiar.

Pero no para todos. Concretamente esta modificación no afectará al Estado, a las administraciones públicas, a las agencias y entidades públicas empresariales, a los partidos políticos y a los sindicatos.

En los primeros casos tiene su lógica; resulta absurdo que el Estado o las Administraciones se sancionen a sí mismos, ya que el dinero de las sanciones que establece el código saldrían de las arcas públicas para volver a entrar en ellas. Pero ¿qué me dicen del caso de los partidos políticos o los sindicatos? ¿Por qué se les tiene que tratar de forma más “benévola” que a otras entidades?

Estamos cansados de escuchar casos de financiaciones ilegales de partidos, de créditos “a fondo perdido” a partidos políticos por parte de cajas de ahorros que ellos mismo controlan, de fraudes en las subvenciones a los sindicatos, de cursos de formación que nunca se realizan… ¿para quién van destinados todos estos ingresos fraudulentos? En el 95% de los casos, a las organizaciones políticas o sindicales. Pocos son los casos en que se ha demostrado que un solo individuo, al margen de su partido o sindicato, se ha forrado con ellos.

¿Qué pasará a partir de ahora? Pues “más de lo mismo”. Al que pillen con las manos en la masa (si es que permiten que lo pillen), le caerá el pelo (bueno, o aparentarán que le cae) y, mientras tanto, su partido político o sindicato, los verdaderos beneficiarios de las tramas corruptas, saldrán indemnes. Un verdadero ejercicio de transparencia y responsabilidad democrática.

Una última pregunta que no quiero se me quede en el tintero: ¿es esto una “Ley de Punto Final” que les sirve para blindarse por si en un futuro a alguien le da por destapar asuntos turbios del pasado?

La Junta de Andalucía regala 1.800 euros a las “represaliadas franquistas”

Es posible que la Guerra Civil Española aparezca en los libros de historia dentro de unos cuantos siglos como “la segunda guerra de los cien años”. Lo digo porque pasados más de 70 años de su finalización, continua dando noticias casi a diario.

La última aparece hoy en varios medios digitales: la Junta de Andalucía otorgará una ayuda de 1.800 euros a las mujeres que prueben haber sufrido vejaciones durante el franquismo. El decreto contempla estas ayudas a las mujeres andaluzas que sufrieron la represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista (aproximadamente entre 1936 y 1950). Con ello se pretende la reparación moral y el reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática.

Según el Consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.

Algunas consideraciones al tema:
Aparte de un desastre natural, lo peor que le puede pasar a una sociedad es padecer una guerra. Y quizá todavía más, una guerra civil. Cualquier solución es preferible antes que enzarzarse en una cruenta guerra que provoca muerte, destrucción, represión y división en la sociedad. En una guerra se cometen todo tipo de abusos (por parte de los dos bandos) que sacan a la luz lo peor del ser humano y cuyo recuerdo provoca enemistad a lo largo de varias generaciones. Ahora bien, ¿70 años (o 35 desde que murió Franco) no son suficientes para pasar página y centrar todos nuestros esfuerzos en procurarnos un futuro mejor?

Una sociedad moderna debe resarcir a los que salieron perjudicados en una absurda guerra entre compatriotas. Como en todos los conflictos, estos, evidentemente, suelen ser los perdedores. A lo largo de más de treinta años, se han revisado casi todos los casos, concediendo indemnizaciones, pensiones de invalidez o jubilación, etc. ¿La Junta de Andalucía se acuerda ahora de ellos? Por las fechas a que hacen referencia, estos actos ocurrieron hace entre 60 y 74 años. Si les sumamos una edad mínima que tendrían estas personas cuando ocurrieron los hechos, ¿cuántas mujeres pueden ahora quedar que cumplan con los requisitos para recibir la ayuda?

Dejando aparte si es conveniente en tiempos de crisis realizar estos “regalos”, otra incongruencia: 1.800 euros en un solo pago. ¿Y para qué lo quieren? ¿Para pagarles un par de letras de la hipoteca a sus nietos? ¿No sería mejor un acto de homenaje para que estas ancianas sintiesen el reconocimiento de la sociedad? Las pruebas para recibir las ayudas podrán ser testimonios de terceros y declaraciones juradas propias. ¿Cuántos “espabilados” harán jurar a sus abuelas que sufrieron vejaciones para poder cobrar la “paga extra” de la Junta?

Por último: ¿Es necesario que nuestros políticos saquen a pasear siempre la Guerra Civil cuando les vienen mal dadas en las encuestas? ¿No les parece mezquino reactivar la división que el franquismo causó en la sociedad con el único propósito de conseguir unos votos?

El día después del 29-S: los sindicatos meditan su refundación

30 de septiembre de 2010.
Las caras no pueden ser más largas y las ojeras abundan entre los cabizbajos empleados de la sede central del sindicato. Las conversaciones en los pasillos denotan la preocupación existente:

- ¿Tan grave ha sido?
- Cándido dijo que el seguimiento había sido superior al 70%; pero esa cifra ya hace un mes que tenía pensado decirla. La verdad es que hemos superado a duras penas el 10%. Con un poco de suerte, habremos llegado al 15%. Prácticamente, no han secundado la convocatoria ni nuestros afiliados. Si no llega a ser por los piquetes...
- Eso se veía venir desde el fracaso de la huelga de funcionarios de antes del verano.
- Tampoco nos ayudó Toxo diciendo que la huelga era una putada...
- No. Y la puntilla nos la dio Esperanza Aguirre cuando dijo que quería eliminar a 2.000 liberados de la administración. Gracias a eso, todo el país se enteró de que los liberados cuestan más de1.600 millones de euros anuales. ¿Tu viste las encuestas internas que decían que un 90% de la población estaba de acuerdo con el recorte de Esperanza?
- Claro que las vi. Demoledoras. Y encima salió el Cándido comparándola con el loco que quería quemar el Corán. ¡Válgame Dios! ¿En qué estaría pensando?

En la cafetería de la esquina, dos directivos apuran el primer café bien cargado de la mañana:
- Si es que no puede ser, ¿tu crees que una persona, con su puesto de trabajo en el aire, va a perder 100 ó 150 euros apoyando una huelga que no sabe ni para que sirve?
- Y encima, nosotros la promocionamos con la payasada del Chiquilicuatre. ¿A quién c... se le pudo ocurrir semejante barbaridad? Todavía nos pasa poco.

Un sindicalista enojado se desahoga en el quiosco de prensa:
- Zapatero les ha metido un gol por toda la escuadra. Los engatusó para que no convocasen la huelga durante más de dos años y al final, cuando las circunstancias le eran propicias, les obligó a hacerlo para que nos hundiesen en la miseria.

En la primera planta, varios liberados forman un corrillo:
- ¿Tu crees que con el “éxito” que hemos tenido el Gobierno rectificará la reforma laboral o la de las pensiones?
- Serían bobos si lo hiciesen. Lo malo no ha sido el escaso seguimiento de esta huelga, lo peor llega ahora. Ya que todos conocen nuestra escasa fuerza entre la masa laboral ¿quién nos dice que no se atreverán a rebajarnos otras concesiones como por ejemplo la cantidad de liberados sindicales o las generosas subvenciones de los cursos de formación?
- Pues si nos quitan lo de los cursos, estamos hundidos. Dicen que cada año caen 7.500 millones de euros por ese concepto.
- No tendremos más remedio que convocar otra huelga. Y esta vez indefinida. En buena nos han metido Yogui y Bubu.

Dentro del ascensor, el tema del día también sale a la luz:
- ¿Y por que no la desconvocaron cuando en Rodiezmo se lo pidieron a voz en grito nuestros militantes?
- Por qué en esos momentos ya no se podían volver atrás.
- ¿Cómo que no? Con decir que no era el momento oportuno para el país e invocar la responsabilidad sindical como llevaban haciendo durante dos años, sobraba.
- Ya. Demoramos la necesaria huelga durante demasiado tiempo sólo para apoyar al gobierno; dejando caer al país hasta el abismo de los 5 millones de parados, sin hacer caso a lo que nos pedían los trabajadores. Hemos ido a buscarlos sólo cuando nos ha interesado... y ya no los hemos encontrado.
- A partir de ahora, quien quiera ser político que se afilie a un partido. Aquí nos tenemos que dedicar a defender al trabajador, gobierne quien gobierne.

Arriba del todo, en la “planta noble” del edificio, dos altos cargos también se lamentan:
- ¿Qué crees que pasará ahora?
- Habrá que esperar hasta el Comité, pero está claro que el que manda tiene los días contados. A ver si hay suerte y su sustituto reconduce todo esto y consigue que los trabajadores vuelvan a confiar en el Sindicato. Ayer nos dieron la espalda y si continuamos con las mismas... pronto seremos cosa del pasado.
- ¿Y si lo refundamos para poder sobrevivir?