Partidos políticos y sindicatos se blindan ante el nuevo Código Penal

El próximo mes de diciembre entrará en vigor el nuevo código penal que sustituirá al aprobado en el año 1995. Entre sus numerosos cambios, nos permitimos destacar uno que nos llena de perplejidad.

Concretamente es el relacionado con la responsabilidad penal de las empresas por los delitos cometidos por sus representantes legales o administradores. Hasta ahora, cuando se inculpaba a cualquier miembro directivo de cualquier empresa, él era el único culpable y la empresa a la que representaba no tenía ninguna responsabilidad por los delitos cometidos. Por lo tanto, ni era ni juzgada ni, dado el caso, condenada. A partir de la entrada en vigor del nuevo código, eso va a cambiar.

Pero no para todos. Concretamente esta modificación no afectará al Estado, a las administraciones públicas, a las agencias y entidades públicas empresariales, a los partidos políticos y a los sindicatos.

En los primeros casos tiene su lógica; resulta absurdo que el Estado o las Administraciones se sancionen a sí mismos, ya que el dinero de las sanciones que establece el código saldrían de las arcas públicas para volver a entrar en ellas. Pero ¿qué me dicen del caso de los partidos políticos o los sindicatos? ¿Por qué se les tiene que tratar de forma más “benévola” que a otras entidades?

Estamos cansados de escuchar casos de financiaciones ilegales de partidos, de créditos “a fondo perdido” a partidos políticos por parte de cajas de ahorros que ellos mismo controlan, de fraudes en las subvenciones a los sindicatos, de cursos de formación que nunca se realizan… ¿para quién van destinados todos estos ingresos fraudulentos? En el 95% de los casos, a las organizaciones políticas o sindicales. Pocos son los casos en que se ha demostrado que un solo individuo, al margen de su partido o sindicato, se ha forrado con ellos.

¿Qué pasará a partir de ahora? Pues “más de lo mismo”. Al que pillen con las manos en la masa (si es que permiten que lo pillen), le caerá el pelo (bueno, o aparentarán que le cae) y, mientras tanto, su partido político o sindicato, los verdaderos beneficiarios de las tramas corruptas, saldrán indemnes. Un verdadero ejercicio de transparencia y responsabilidad democrática.

Una última pregunta que no quiero se me quede en el tintero: ¿es esto una “Ley de Punto Final” que les sirve para blindarse por si en un futuro a alguien le da por destapar asuntos turbios del pasado?