El pacto Zapatero-PNV podría dejar sin pensiones a 9 Comunidades Autónomas

Me precio de tener unos lectores muy bien informados y, por lo tanto, estoy seguro de que ya conocerán las dificultades que está teniendo (y que va a tener) el Gobierno de Zapatero para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La crisis ya hace mucho tiempo que minó la credibilidad de este gobierno, lo que unido a las restricciones que se han tenido que tomar en la confección de estos presupuestos (imposición directa de la UE) ha provocado que ningún partido de la oposición se decida a apoyarlos para sacarlos adelante. (Bueno, entre los partidos de la oposición no cuento con Coalición Canaria (CC) ni con Unión del Pueblo Navarro (UPN) porque siempre votan a favor de lo que proponga el gobierno. Imagino que sus votantes se lo recordarán la próxima vez que acudan a las urnas).
La única salida que les queda para aprobarlos y no tener que anticipar las elecciones es poder convencer al Partido Nacionalista Vasco (PNV) para que voten a favor. Pero estos votos no son precisamente gratuitos y se habla de que los nacionalistas exigirán el control de las pensiones. ¿Qué significa esto? Pues que de concedérselo, acabarían de un plumazo con la “caja única” de la Seguridad Social y, con ello, pondrían en serio riesgo el cobro de las prestaciones de jubilación en la mitad de España.

No exagero. Si el País Vasco establece un sistema público de pensiones a nivel autonómico, está claro que las otras 16 autonomías del estado español también lo harán, al menos, las que sepan que pueden asumir sus costes. Pero no todas podrían hacerlo; nueve comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía) no podrían costear ese sistema.

Debido al envejecimiento de su población, al saldo vegetativo (nacimientos menos muertes) negativo o al escaso número de trabajadores en activo, todas ellas registran más gastos que ingresos en sus respectivas cuentas de la Seguridad Social, ya que tienen menos de dos cotizantes por pensionista, es decir, una tasa de dependencia inferior a 2 frente al 2,57 de media nacional (a fecha de agosto de 2010).

Precisamente por este motivo se instauró la caja única de la Seguridad Social: para garantizar el principio de solidaridad interterritorial en todo el estado. Si los jubilados de estas nueve autonomías cobran puntualmente la totalidad de sus pensiones es, precisamente, gracias al superávit que procede del resto de autonomías, ya que sus gobiernos no podrían costear estas prestaciones sin reducir el gasto público o bien aumentar los impuestos de forma sustancial.

Por ponerles algunos ejemplos, las regiones que más sufrirían con la ruptura de la “caja única” de las pensiones serían, por este orden, Asturias, con 1,3 cotizantes por pensionista, seguida de Galicia (1,4), Castilla y León, Cantabria y Extremadura. Pero incluso el País Vasco, con 1,9 cotizantes por jubilado estaría por debajo del mínimo imprescindible.

Todo esto que hemos expuesto no significa que esas nueve comunidades autónomas vivan de la caridad de las otras ocho. Sólo nos estamos refiriendo a las pensiones de jubilación de la Seguridad Social.

Esperemos que el señor Zapatero no alargue más su agonía al frente del gobierno rompiendo la caja única de las pensiones a cambio de un puñado de votos que le salven sus presupuestos. Los ciudadanos españoles (que no los políticos) nos jugamos nuestro futuro y recordaríamos esta votación durante muchos, muchos años.