¿Qué nivel de estudios tienen nuestros alcaldes y concejales?

No hace mucho publicábamos un post en el que comparábamos el currículum de algunos ministros de nuestro gobierno con el que tenían los políticos que ocupaban las mismas carteras de nuestros países vecinos. Como se suele decir, las comparaciones resultaban odiosas, además de escandalosas.

Ese estudio nos abrió una nueva incógnita: si ése era el nivel de la “élite” de nuestra clase política, ¿qué nos encontraríamos cuando fuésemos bajando peldaños en el escalafón?
Hemos encontrado la respuesta a esta pregunta en un estudio, publicado por el Ministerio de Política Territorial y Cooperación que dirige Manuel Chaves, acerca de los estudios y características de los alcaldes y concejales que dirigen nuestros municipios. Les adelanto que la realidad supera con creces lo que nos temíamos.

En España tenemos 8.112 alcaldes y 66.099 concejales. Entre los alcaldes, el 1,26% poseen un doctorado (apenas 102), el 12% son licenciados o ingenieros superiores, el 13% tienen algún tipo de diplomatura o ingeniería técnica, el 13% tienen el título de bachiller superior, BUP, bachillerato LOGSE o COU, el 23% tienen estudios elementales y un 6% no tiene ningún tipo de título.

Entre los concejales las cosas no mejoran. Así, el 23% tiene algún tipo de licenciatura, ingeniería, diplomatura o doctorado, un 24% poseen estudios medios, un 30% tienen una formación elemental con el graduado escolar, la EGB o la ESO y un 5% no tiene ningún tipo de estudios.

Si se han preocupado por sumar los porcentajes, comprobarán que su resultado no es 100. Esto es debido a que, a pesar de que es obligatorio para los ayuntamientos aportar estos datos al Ministerio, más del 26% de los concejales y el 22% de los alcaldes no han enviado la información. No hay que ser un genio para suponer que esta cuarta parte de representantes públicos que no han informado de sus “logros” pertenezcan al grupo de “sin estudios” o, como mucho, posean una formación elemental. Es muy duro que todos se enteren de que uno no ha llegado a sacarse ni el Graduado Escolar.

No creo en la “titulitis” y opino que para que una persona ejerza correctamente su trabajo no tiene porque tener un título universitario colgado a sus espaldas, pero que apenas un 23% de nuestros alcaldes y concejales (con lo que cobran) hayan logrado acabar sus estudios universitarios... da que pensar.

Ser representante municipal conlleva unas responsabilidades enormes. De sus decisiones depende, en buena parte, el futuro de sus conciudadanos. Sin querer exagerar, sus funciones podrían ser comparables a las que ejercen notarios, médicos, abogados o profesores. ¿Por qué todos ellos tienen que pasar pruebas (algunas durísimas) para poder ejercer y para gestionar dinero público o dictar normas baste con tener el carné del partido?
¿Cuándo se implantará un examen de mínimos conocimientos para ocupar un cargo público?

Por el bien de todos: listas electorales abiertas en las próximas elecciones.

Las administraciones apoyan el fraude de las pulseras curativas

Fueron la moda el pasado verano y aun se siguen vendiendo como rosquillas. Nos estamos refiriendo a las “pulseras milagro”, esas que al colocárselas en la muñeca, curan todos los males conocidos y los que aun están por descubrir.

En la publicidad nos indican que estas pulseras están provistas de un holograma que reacciona positivamente con el campo de energía del cuerpo y brindan un estado de armonía y equilibrio como lo tuvo antes de la contaminación por sustancias químicas, comidas rápidas, la falta de ejercicio y el estrés. Pero todavía profundizan más asegurando que aumentan la fuerza, el rendimiento sexual y mantienen la juventud, pasando por combatir dolores, lesiones, ansiedad, insomnio y depresiones, curan lesiones e incluso combaten enfermedades como artritis, artrosis, fibromialgia, osteoporosis y hasta eliminan las células cancerosas.

Como pueden comprobar, propiedades casi milagrosas y charlatanería seudo científica, todo ello acompañado por imágenes en las que aparecen famosos deportistas, artistas e incluso políticos luciéndola en su muñeca. Ni que decir tiene que de lo que prometen, nada de nada.
¿El precio? Una nimiedad: 40 euros por un trozo de plástico con un holograma.

Aclarar antes de pasar adelante que las pulseras no son perjudiciales para la salud (ya sería el colmo), pero incumplen varias normativas como, por ejemplo, la de publicidad engañosa o el que aparezcan famosos anunciando productos para la salud.

Ante tamañas evidencias de fraude, debería ser el propio Ministerio de Sanidad o el de Consumo quien actuase de oficio e iniciara una investigación que, en un principio, retuviese las ventas y, posteriormente, sancionase duramente a las empresas vendedoras. Pues no; en la Administración no han movido ni un solo dedo. Tuvo que salir la asociación de consumidores FACUA-Consumidores en acción en abril de este año (antes de que se produjesen las ventas masivas del artículo) a denunciar a estas empresas ante el Ministerio de Sanidad.

La celeridad con la que actuó éste causa asombro: primero les dijeron que no tenían competencia sobre este asunto y les señalaron que el organismo indicado era la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) quien, por cierto, a fecha de hoy aun no ha contestado las denuncias. Posteriormente, ante la insistencia de FACUA, les derivaron al Instituto Nacional del Consumo (INC) que, por cierto, pertenece al mismo Ministerio. Y ya desde el INC enviaron las denuncias correspondientes a las delegaciones generales de consumo de las autonomías implicadas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco), donde tienen sus sedes sociales las empresas implicadas.

Por cierto, por si les interesa saberlo, las empresas imputadas por supuesto fraude son Power Balance España (Marbella, Málaga), Ion Balance (Alcudia, Mallorca), Equilibrium (Alicante) y EFX Performance (Leioa, Vizcaya). Posteriormente, se amplió la denuncia a las empresas Energy Ion (Barcelona), Mojo Future (Marbella, Málaga), NoaMagnetic (Madrid), Tecnobalance (Dos Hermanas, Sevilla) y Vitaljoya (Alcobendas, Madrid).

De las cuatro autonomías que, parece ser, debían investigar este fraude, tan sólo la Junta de Andalucía inició expediente sancionador contra Power Balance. Hoy, a 17 de noviembre, (imaginen las pulseras que habrán vendido desde la fecha de la denuncia y los españoles que habrán resultado timados) se ha dictado sentencia: 15.000 euros de multa. Si, han leído bien; una multa por el valor de la venta de 400 pulseras cuando en la empresa se jactaban de haber vendido hasta abril más de 300.000. Es más, no les han requisado las pulseras que tienen en sus almacenes, por lo que nada les impide seguir vendiéndolas.

Hay que aclarar que, según la legislación vigente en materia de consumo, la Junta de Andalucía podía haber decomisado a Power Balance toda la mercancía que tiene a la venta y haberla multado con la misma cantidad que ha ganado con el fraude que viene cometiendo más otra sanción de hasta 400.000 euros si hubiera calificado la sanción como muy grave.

FACUA ya ha reaccionado ante tamaña barbaridad y ha anunciado que presentará un recurso ante la Consejera de Salud de la Junta para que se le aplique a la empresa una sanción proporcional a las dimensiones del fraude.

Un negocio fraudulento de más de 10 millones de euros saldado con una ridícula multa de 15.000. Lo que me extraña es que no surjan todos los días fraudes de este tipo. O, a lo peor, si que surgen, pero, simplemente, no llegan a nuestros oídos porque el artículo no tiene éxito. Desde luego, por la acción de las administraciones públicas no será. ¿Es así como velan por la salud y los intereses de sus ciudadanos?

Resultan un poco caras, pero si les gustan, cómprenlas. Aunque, eso si: no esperen “milagros” de ellas.

Sepa lo que le cuestan las ruinosas televisiones públicas

Echando la vista atrás, recuerdo el terror que tenía mi abuela María, allá por los años 60 ó70, a que le cobrasen por ver la televisión (en singular porque sólo se veía una cadena). “Que pongan mucha publicidad, porque, en caso contrario, nos harán pagar por verla” decía la mujer.

Mira tu por donde, con el paso de los años, me he dado cuenta de que mi abuela era una visionaria. En la actualidad, más de la mitad de la oferta televisiva es de pago, ya sea recepción por cable, plataformas digitales o algunos canales de la TDT. El resto, tanto las comerciales (Antena 3, Tele 5, etc.) como las públicas, son gratuitas.
¿Gratuitas? Ja. Las comerciales, si, aunque más parecen una sucesión de anuncios en lugar de programas, pero ¿las públicas también? Quien lo crea así, siento decirlo, está completamente equivocado.

Por cuarto año consecutivo, la consultora Deloitte ha presentado el “Informe sobre el coste de la televisión pública en España”, donde se recogen los siguientes datos: las televisiones públicas recibieron subvenciones por importe de 1.362 millones de euros en el año 2009, un 26% más que el año anterior y, a pesar de tan sustancioso “regalo” acumularon unas pérdidas de 772 millones de euros. Todo ello teniendo en cuenta que RTVE aun emitía publicidad; el dato del 2010 (sin publicidad en la pública estatal) puede ser escalofriante.
El coste bruto por hogar de las ¡13 cadenas autonómicas! y de RTVE fue de 187 euros por hogar, de los que 126 euros corresponden a las televisiones públicas de las distintas comunidades autónomas y 61 euros a la televisión estatal. Por ponerles un ejemplo, en su casa, si no tuviesen que pagar por ver (o por no ver, que se paga lo mismo) cualquier cadena pública, podrían contratar GolTV, ver cuatro partidos de fútbol por semana y aun les sobraría dinero.

Aunque me pese, debo reconocer que el Estado no tiene más remedio que pagar algunos servicios. Me estoy refiriendo a servicios básicos como la educación, la sanidad, servicios sociales, algunas infraestructuras, subsidios por desempleo, etc. Y digo que aunque me pese porque la mayoría de estos servicios están muy mal gestionados, cuestan un riñón y son una bolsa inacabable de fraude, pero no tenemos otra alternativa que pagarlos ya que garantizan derechos fundamentales de los españoles. Ahora bien, ¿qué finalidad tiene sufragar con nuestros impuestos las televisiones públicas? ¿Tienen alguna utilidad esas cadenas repletas de telenovelas, programas del corazón, documentales de hace 20 años, debates insulsos y, sobre todo, mucha, muchísima política partidista?

Los políticos, no importa del signo que sean, alardean de que esas cadenas son un servicio público imprescindible. Sobre todo para ellos. En esos entes “colocan” a todo aquel a quien les deben algún favor, pagan sus deudas contraídas con cualquier trato de favor, riegan con dinero público los sectores o actividades que más les conviene y, por encima de todo, les sirve para promocionarse y conseguir una constante publicidad gratuita hacia su partido político. ¿Y se lo tenemos que pagar entre todos?

Se calcula que el precio del grupo RTVE sobrepasa con creces los 3.000 millones de euros (la capitalización bursátil de Tele 5 es de 2.386 millones y no posee todo el archivo documental ni las delegaciones territoriales ni las radios). Si la privatizasen, el Estado ingresaría esa cantidad (superior a lo que esperan ahorrar con la famosa rebaja de impuestos a los funcionarios), dejaría de gastar otros 1.000 millones (ese fue el presupuesto de RTVE el año pasado y como éste no ponen publicidad…) y, encima, conseguiría que el comprador pagase impuestos, cosa que ahora no hacen al ser una empresa estatal. Lo mismo ocurriría con las ¡13 cadenas autonómicas!

Hoy se publica en los medios de comunicación que el PP registrará una proposición de ley sobre la gestión de las televisiones públicas y autonómicas para que las comunidades puedan decidir entre distintas fórmulas de gestión de sus entes públicos, incluyendo su privatización. Pues ya lo podían haber pensado antes (por ejemplo cuando ostentaban el poder de la nación) y no esperar a que estuviésemos en crisis y saliesen todos estos informes.

De lo que estoy seguro es de que mi abuela, ni en la peor de sus pesadillas, hubiera imaginado que tendríamos que pagar, no una, sino catorce televisiones. Incluso sin tener un receptor de televisión en casa.

Ya se pueden adquirir las pastillas contra el dolor ajeno

Si cuando acuda a la farmacia observa con asombro la presencia en el mostrador de una caja de medicamentos que reza “Pastillas contra el dolor ajeno”, no lo dude, cómprelas.

En realidad, no se trata de ninguna medicina, son simplemente caramelos, pero su compra tendrá un buen fin: ayudar a la organización Médicos Sin Fronteras en la campaña que ha iniciado para combatir las denominadas “enfermedades olvidadas”.
Estas enfermedades están totalmente erradicadas en el mundo occidental, pero en los países en vías de desarrollo provocan la muerte de 8.000 personas diarias. Y lo peor de todo es que son, relativamente, fáciles de curar.

¿De qué enfermedades se trata? La campaña está destinada a curar (o al menos paliar) seis enfermedades: el Kala azar, la tuberculosis, la malaria, el Chagas, la enfermedad del sueño y el Sida infantil.
El objetivo de Médicos Sin Fronteras es que estas cajitas simbólicas se conviertan pronto en el medicamento más vendido de España, para lo que cuentan con el apoyo y la complicidad solidaria de los farmacéuticos, distribuidores y la sociedad civil en general. El precio del envase es de sólo un euro.

En la campaña colaboran figuras como los futbolistas Andrés Iniesta o Xabi Alonso, los presentadores Andreu Buenafuente, Manel Fuentes, Cayetana Guillén Cuervo o Eduard Punset, los actores Fernando Tejero, Nuria Espert o Pilar Bardem, el cocinero Ferrán Adrià o los cantantes Pau Donés o Alejandro Sanz. El video promocional viene dirigido por una leyenda del cine español: Luis García Berlanga.

Tanto en la Web de Médicos Sin Fronteras como el la página “pastillas contra el dolor ajeno” se pueden realizar donaciones a favor de esta campaña.

El escaso curriculum de nuestros ministros más mediocres

Siempre he pensado (y así lo he reflejado en numerosas ocasiones en éste blog) que estamos gobernados por políticos mediocres, por personas que, de no ser por la política, difícilmente pasarían de ser mandos intermedios en una PYME.

El razonamiento en que me baso es sencillo: los sueldos de ministros, secretarios de estado, directores generales e incluso del propio Presidente del Gobierno difícilmente sobrepasan los 100.000 euros. Ya se que parece mucho (por lo menos a mi) pero esta cantidad resulta irrisoria cuando la comparamos con el medio millón largo que, como mínimo, cobra cualquier directivo de un banco o de una gran empresa nacional (no digamos ya si se trata de una multinacional) La pregunta es obvia: si realmente fuese un profesional “de campanillas” ¿por qué conformarse con una quinta parte de lo que podría cobrar? Algunos pensarán que lo hacen por ofrecer un servicio a la sociedad. Simplemente aclararles que esto es España y que Disneylandia está en París.
Y para los que crean que nuestro país no se puede permitir pagar esos sueldos de medio millón, una pregunta: ¿prefieren pagar 500.000 euros a un “genio” que nos saque de la crisis (mejor aun, que no nos hubiese dejado entrar en ella) o 100.000 euros a cinco “inútiles” que nos hundan en la miseria?

Afortunadamente, existen más personas que tienen estas mismas opiniones. Les resumo un excepcional trabajo realizado por el blog “El hombre de la capa” en el que se compara los estudios y la experiencia profesional de nuestros ministros y los de sus homólogos en los países que nos rodean Léanlo y entenderán porque creo que nos gobiernan unos mediocres.

- Leire Pajín, Ministra de Sanidad: licenciada en sociología. Ninguna experiencia profesional. Ha ocupado cargos en las Juventudes Socialistas, ascendiendo después meteóricamente en el organigrama del PSOE hasta el cargo de Ministra.

En Francia, la ministra es Roselyne Bachelot. Licenciada en farmacia y autora de tres libros. Ha trabajado en laboratorios farmacéuticos y formado parte de la junta directiva de un hospital. Ya fue ministra en el año 2002.

En Portugal, la ministra es Ana María Teodoro. Licenciada en medicina y especializada en pediatría. Ha publicado más de 30 trabajos en revistas especializadas y ofrecido más de 100 conferencias. Anteriormente fue directora del área de pediatría en dos hospitales y responsable de salud de la región de Lisboa.

En Italia, el ministro es Ferruccio Fazio. Licenciado en medicina y reputado especialista en medicina nuclear. Ha publicado más de 350 artículos en revistas de la talla de Science, Nature o Lancet. Anteriormente fue director de radioterapia y medicina nuclear en afamados institutos científicos.

- José Blanco, Ministro de Fomento. No se le conocen estudios superiores ni ninguna experiencia profesional fuera de la política.

En Francia, el ministro es Jean Louis Borloo. MBA por la universidad de Manchester y licenciado en Historia, Derecho, Económicas y Filosofía. Autor de dos libros, ejerció de abogado y de profesor en el Instituto Superior de Negocios. Accedió a su primera cartera ministerial en el año 2002.

En Italia, el ministro es Altero Matteoli. Diputado desde 1983 antes fue contable y gerente de empresa.

En Portugal, el ministro es Antonio Augusto da Ascençao. Profesor y catedrático de economía, ha ejercido en prestigiosas universidades francesas y brasileñas.

- Trinidad Jiménez, Ministra de Exteriores. Licenciada en derecho ha sido, en la actual legislatura, secretaria de estado para Iberoamérica y Ministra de Sanidad.

En Francia, el ministro se apellida Kouchner. Licenciado en medicina y fundador de organizaciones como Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo. Autor de 20 libros fue profesor en Harvard y alto representante de la ONU. Anteriormente fue secretario de estado y ministro de sanidad.

En Italia, el ministro es Franco Frattini. Licenciado en derecho, fiscal, abogado del estado, miembro del Consejo de Estado y consejero legal de diversas oficinas estatales. Ministro en varios gobiernos italianos desde 1995 fue nombrado en 2004 vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Justicia, Libertad y Seguridad.

En Portugal, el ministro es Luis Filipe Marques. Auditor del Tribunal de Cuentas, fue profesor en la Universidad de Georgetown. Anteriormente fue secretario de estado y ministro de defensa.

Esto es lo que hay. Con semejantes mimbres… no me extraña la forma que le está saliendo al cesto.

La ruina llega a los aeropuertos catalanes.

Quizá algunos de ustedes hayan comprado los famosos “bonos patrióticos” emitidos por la Generalidad de Cataluña. La ocasión era inmejorable: 4,75% de interés a los suscriptores (que sumados al 3% que se le pagaba a los bancos colocadores arrojan la nada despreciable cifra de coste para el pueblo catalán del 7,75%), escaso riesgo (aunque la emisión carece de garantía estatal, pocos son los que piensan que el estado permitiría un impago), plazo relativamente corto de amortización (aunque carece de liquidez ya que no se puede cancelar durante la vida del mismo)...

¿Qué ha llevado a la Generalidad a ser tan “generosa” con los tipos de interés? La respuesta es sencilla: necesidad imperiosa de conseguir financiación.

Cataluña es la región española con peor calificación crediticia por parte de Moody´s. Desde el mes de marzo no han logrado colocar ni una sola emisión de bonos y precisan de liquidez para poder afrontar los pagos, tanto a proveedores como a sus propios trabajadores. Se calcula que necesitan una inyección extra de capital de 5.000 millones de euros para poder acabar el año.
No tenían más remedio que lanzar esta emisión de deuda de 3.000 millones (acaban de ampliar en 500 los 2.500 millones iniciales) si no querían acabar presentando suspensión de pagos. ¡Cómo estarían que Montilla, a dos meses de decir adiós a su poltrona, tuvo que ceder y lanzar la emisión a la desesperada! Eso si; le ha achacado al anterior gobierno de CiU la existencia de facturas sin pagar cuando abandonaron el poder hace ¡8 años! ¿Saben cuanto dicen que se dejaron por pagar? Efectivamente, 3.000 millones de euros. ¡Qué casualidad!

Que la Generalidad de Cataluña se haya quedado sin dinero tampoco es para rasgarse las vestiduras. La crisis económica ha provocado (y provocará) que muchas administraciones públicas de todo el planeta estén pasando verdaderos apuros. Los gastos son muchos, los ingresos pocos y se tienen que emplear a fondo para cubrir las necesidades básicas de la población como son la educación, la sanidad, las ayudas sociales... Pero este no es el caso de la Generalidad de Cataluña. El dinero de los “bonos patrióticos” no será destinado a cubrir estas necesidades básicas. Los gobernantes catalanes tienen otros planes. Veamos un ejemplo para saber en qué se gastan el dinero de los contribuyentes.

Según el Plan de aeropuertos, aeródromos y helipuertos, las administraciones van a invertir un total de 1.582 millones de euros en construir nuevos aeródromos, reformar los existentes, poner helipuertos en todos los rincones del Principado (¡ojo! 82 helipuertos para un flota de 80 helicópteros) y hasta abrir un altipuerto (aeropuerto de alta montaña). Y decimos administraciones porque, realmente, la Generalidad sólo va a poner una parte, 394 millones; los 1.200 restantes saldrán del bolsillo de todos los españoles a través de AENA.

¿Existe tanto tráfico aéreo en Cataluña para todos estos aeropuertos? Tal como informa en un extenso trabajo Fernando Díaz Villanueva, parece que no.

El principal aeropuerto de Cataluña es el del Prat en Barcelona. Al cabo del año pasan 27 millones de pasajeros por sus instalaciones. Buenas cifras. Le siguen el de Gerona y el de Reus, con cifras respetables de tráfico, aunque, en su mayor parte, se corresponden con vuelos de bajo coste con escasos beneficios económicos. Estos tres aeropuertos están (todavía) gestionados por AENA.
A partir de aquí, el resto de aeropuertos están (o estarán) administrados por “Aeroports de Catalunya”. Veamos como son.

La “joya de la corona” es el nuevo aeropuerto de Lérida-Alguaire. Tiene una pista de 2.500 metros, una terminal diseñada por el mismo arquitecto de la Torre Agbar, una torre de 42 metros de altura y un coste de 96 millones de euros.
Debido a su, más que previsible, escaso tráfico, el concurso para la gestión de las instalaciones quedó desierto y es la propia administración quien regenta el establecimiento con cargo, se entiende, a los presupuestos. Ni Iberia, ni Air Europa ni la catalana Spanair se han interesado lo más mínimo por programar vuelos desde Lérida. Las autoridades han tenido que recurrir a las compañías “low cost” para que operasen desde allí.

Para lograrlo han tenido que eliminar completamente las tasas y subvencionar con cerca de dos millones de euros a Vueling y Ryanair para que programasen vuelos desde Lérida. La primera tiene dos conexiones semanales, con Frankfurt y Milán, a ¡8 euros el trayecto! Y la segunda conecta Lérida dos veces por semana con Palma de Mallorca, otro (con escala) con Paris y otro, dos veces por semana también, con ¡Barcelona! Como lo leen: el vuelo más corto de España, 160 kilómetros, entre dos capitales unidas por el AVE y por dos autovías-autopistas. El vuelo (subvencionado) cuesta 19 euros y entra en competencia (desleal al estar subvencionado por los contribuyentes) con el tren y los autobuses.

Otro de los nuevos aeropuertos es el de La Seo de Urgel. Aprovechando las instalaciones de un antiguo aeródromo, se han invertido unos once millones de euros en él. Tiene una pista de 1.500 metros, terminal, torre de control y helipuerto, pero le falta lo fundamental: aviones. A diferencia del de Lérida la Generalidad no ha encontrado aún aerolíneas que estén dispuestas a operar desde allí. Ni con subvenciones. Quizá la escasa población de la zona (100.000 habitantes incluyendo Andorra) tenga algo que ver.

Y para terminar, otro que está en proyecto: el de las Tierras del Ebro. Se ubicará cerca del Delta del Ebro, entre las poblaciones de Amposta y Tortosa y su coste presupuestado es de 112 millones de euros. Basta consultar un mapa para darse cuenta lo cerca que estará del de Reus y del futuro aeropuerto (privado) de Castellón.

En cuanto a los aeródromos, tomen nota: a razón de unos dos millones y medio de coste, se ubicarán en poblaciones como Cervera (9.200 habitantes), Tremp (6.200), Arnes (488), Viladamat (466) o Lladurs (201 habitantes). Como pueden deducir, se prevé una utilización “intensa” de las instalaciones.

Seguramente, quien lea en alguna ocasión este blog pensará que les tengo manía a los catalanes. Nada más lejos de la realidad. A quien no puedo ver es a los políticos que les ha tocado sufrir. A pesar de haberlos votado... los catalanes no se merecen todo esto.

Los caraduras pasan ahora más tiempo en la oficina

Hay muchas formas de llamarles: caraduras, jetas, vagos, desalmados… en definitiva, los típicos absentistas laborales que pululan por toda oficina que se precie.

Quien más y quien menos ya conoce todas sus artimañas: algunos han enterrado una docena de veces a su abuelo paterno, aun cuando ellos ya sobrepasan los cincuenta; otros han tenido más dolencias y enfermedades de las que aparecen en la Enciclopedia Médica Universal; hay quien rompe el embrague del coche todas las semanas y quien alega una rotura de tubería doméstica una vez por mes. En fin, ya los conocen, esas personas capaces de estrujarse el cerebro hasta límites insospechados con tal de no ir a trabajar. Aunque, no crean, éstos a los que nos hemos referido, al menos, le echan imaginación, porque hay muchos que simplemente no acuden al puesto de trabajo y punto.

Pero, miren por donde, lo que no han logrado años de reprimendas de sus jefes, lo ha conseguido, de un plumazo, la crisis económica. De la noche a la mañana, el absentismo injustificado, prácticamente, ha desaparecido. El miedo a la pérdida del trabajo ha provocado que más de uno se lo piense (y mucho) a la hora de poner una excusa para ausentarse del trabajo.

Sin embargo, la crisis que padecemos es muy profunda y ha logrado crear una nueva raza de caraduras: los “presentistas”. Y aunque el término es nuevo, realmente quienes lo practican son los mismos absentistas de antes. Ahora, a estos sinvergüenzas, ya no hay quien les gane echando horas en la oficina.

Sus prácticas también son fácilmente reconocibles: clonan el horario de sus jefes; si sus jefes llegan temprano, ellos lo hacen aun de noche, si lo hacen tarde, llegarán ya bien desayunados. Nunca los encontrarán junto a la máquina del café, a no ser, claro está, que su jefe se haya ausentado y de fumarse un cigarrillo a la puerta de la oficina sin estar seguro de que no pasará por allí su superior, ni hablar. Al finalizar la jornada, se quedarán sentados en su mesa, mirando el techo de la oficina, hasta que, ya avanzada la noche, oigan el rugido del motor del deportivo de su amado jefe cuando se va a su casa.

¿Sirven para algo estas prácticas? Aparte de para salvarle el trabajo a estos individuos, para nada. El aumento de las horas presenciales de los trabajadores no conlleva un aumento de la productividad (precio pagado por hora trabajada). A estos personajes les importa un pimiento mejorar el rendimiento de la compañía. Ya lo demostraron cuando eran absentistas y lo siguen haciendo ahora que son todo lo contrario, “presentistas”. Lo único que persiguen es salvarse de la quema y conservar su puesto de trabajo. Ya vendrán tiempos mejores para “poder conciliar vida laboral y familiar” quedándose en sus casas.

Pero no les echemos todas las culpas de la situación. Si lo hacen es porque, aun hoy, el empresariado español valora más la presencia del trabajador en su puesto de trabajo que el rendimiento que consigue de él para su empresa. En España se trabaja de media 240 horas anuales más que en el resto de países de la Unión Europea. Sin embargo, tenemos el dudoso honor de estar situados a la cola en materia de productividad.

¿Consecuencias de la cultura “presentista”? Tomen nota:
Tensiones familiares, mala alimentación, estrés, cansancio, apatía, siniestralidad laboral y accidentes de tráfico.
En España, tres de cada cuatro trabajadores no pueden cuidar de sus hijos, 350.000 niños de 6 a 14 años pasan las tardes solos en casa, más de 70.000 cenan solos y 15.000 se encuentran en situación de incomunicación extrema. El 12% de los padres deben pedir días de permiso (esto no es absentismo) para poder cuidar de sus hijos y una de cada cinco madres renuncia a la baja por maternidad.
Además, los españoles dormimos de promedio 50 minutos menos que el resto de los europeos y España se encuentra a la cola de Europa en la tasa de natalidad.

Señores empresarios: a mayor jornada, menor rendimiento. No sacarán más beneficios manteniendo a sus trabajadores atados a sus sillas; más bien al contrario. Detecten lo más pronto posible a los “presentistas” y desháganse de ellos. Tanto ustedes como sus trabajadores lo agradecerán.