España “obliga” a Mauritania a violar los derechos humanos

Con la llegada del verano, vuelven a asomar las pateras por las costas de las Islas Canarias. Aunque este problema siempre ha existido, fue a raíz de la legalización masiva de los sin papeles, que llevó a cabo el gobierno de Zapatero, cuando la llegada de pateras se multiplicó. Durante dos o tres años, este “desembarco del siglo XXI” ocupó las portadas de todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. No pasaba día en el que no llegasen dos o tres pateras cargadas con inmigrantes subsaharianos, en pésimas condiciones la mayoría de veces, que buscaban un futuro en el continente europeo.

Sin embargo, aunque en los últimos días están llegando algunas, este año la situación había cambiado y apenas se oían noticias sobre el tema. ¿Ya no quieren venir a nuestro país? ¿Se ha conseguido que en África se viva mejor y puedan tener un futuro prometedor? Pues no, ni una cosa ni la otra. La razón es que las políticas migratorias de nuestro gobierno están empezando a dar sus frutos. ¿Les parece increíble? A mi también, pero todo tiene su explicación.
Según un informe de Amnistía Internacional, Mauritania se ha convertido en la “policía de Europa”, en la nueva frontera externa para luchar contra la inmigración. En el año 2003, el país africano firmó con España un tratado de cooperación que le obligaba a readmitir en su territorio a cualquier persona, no sólo mauritanos, que se verificase o, simplemente, se sospechase que intentaban viajar a España desde la costa mauritana.
A cambio, España se comprometía a aumentar la ayuda humanitaria que se destinaba al país. Y la ayuda “económica” a las autoridades también (esto lo añado yo).

Como últimamente la costa de Mauritania era una inmensa lanzadera de cayucos, el tratado peligraba y la aportación económica también, así que se han puesto las pilas y han empezado ha arrestar indiscriminadamente a cualquier sospechoso de querer cruzar el charco. Luego, se les somete a malos tratos y se les interna en auténticos campos de concentración. En el de “Guantanamito”, una vieja escuela en Nuadibú rehabilitada con ayuda humanitaria procedente de España, en el 2007 fueron recluidas 3.257 personas que, después de sufrir hacinamiento, malos tratos y sin tener en cuenta su país de procedencia ni disponer de ayuda legal, se les dejó a su suerte en la frontera de Senegal o de Malí, sin apenas alimentos ni transporte. Por supuesto que nadie se ha preocupado sobre lo que les ha pasado con posterioridad a la expulsión.

Se da incluso el caso de personas extranjeras que se habían instalado en Mauritania hacía ya varios años y que, a pesar de no tener ninguna intención de montarse en una patera con dirección a las Canarias, han sido arrestadas y expulsadas del país. Por supuesto, las fuerzas de seguridad mauritanas se han quedado con sus posesiones.
Las repatriaciones colectivas son una clara violación de los derechos humanos. Si se tiene que expulsar a alguien de un país se debe hacer de forma individual y con asistencia legal. Aparte, este tipo de actuaciones son carísimas ¿quién las paga? Altos cargos del gobierno mauritano han asegurado a Amnistía Internacional que reciben ayuda de “medios internacionales”. ¿Estará el gobierno español detrás de todo esto?

Ya sabemos todos que el problema de la inmigración es grave y de difícil solución. Resulta políticamente conveniente, para el gobierno de turno, no despertar todos los días con noticias en los medios de comunicación de cientos de inmigrantes llegados a las costas españolas. Que los problemas ocurran en un país lejano, cuanto más lejano mejor ¿verdad? Pero, en serio, ¿no hay otra forma de solucionar los problemas migratorios que violando los derechos humanos de estas personas?