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“Dieciocho años han tenido que pasar para que los dos responsables de una obra en la que falleció un trabajador se sentaran en el banquillo”. “Los hechos se remontan a noviembre de 1991, cuando el trabajador se encontraba trabajando en el encofrado de las obras de un edificio de San Vicente del Raspeig (Alicante) y se precipitó al vacío desde la cuarta planta, a unos doce metros de altura.
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¿Dieciocho años en celebrar un juicio? Pero lo peor del caso viene unas líneas más abajo: “los dos imputados se enfrentaban a un año de prisión y a una indemnización de 210.000 euros por las múltiples deficiencias de seguridad halladas en la construcción de un edificio. Sin embargo, la juez aceptó la solicitud de declarar prescrito el delito de homicidio imprudente del que se les había acusado”. “El fiscal de Siniestralidad Laboral atribuyó el retraso al colapso del juzgado de San Vicente que instruyó el caso”. “Ahora, la viuda del fallecido, que tenía 28 años, puede recurrir la decisión ante la Audiencia o iniciar otro proceso por la vía Civil para poder reclamar una compensación”.
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Desgraciadamente, este es el funcionamiento de nuestros juzgados. No en vano, es la institución peor valorada por los españoles, incluso por detrás de la política. Retrasos que duran lustros, masificación, colapso, descuidos, errores, delincuentes que se fugan, droga que desaparece, cadáveres que no aparecen, prescripciones de penas, sentencias incomprensibles... Y todo por falta de medios, por poca motivación por parte del funcionariado y por un código penal que resulta farragoso y difícil de gestionar en los tiempos en que vivimos.
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Sin justicia, nuestra democracia se puede tambalear. Arreglen primero nuestros asuntos y, si les sobra tiempo, conviértanse en los “Quijotes” salvadores del planeta. Pero no antes.
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