¿Son ustedes de la opinión de que la justicia española no funciona? Pues lean lo que me he encontrado en el periódico Información de Alicante del día 4 de junio:
“Dieciocho años han tenido que pasar para que los dos responsables de una obra en la que falleció un trabajador se sentaran en el banquillo”. “Los hechos se remontan a noviembre de 1991, cuando el trabajador se encontraba trabajando en el encofrado de las obras de un edificio de San Vicente del Raspeig (Alicante) y se precipitó al vacío desde la cuarta planta, a unos doce metros de altura.
¿Dieciocho años en celebrar un juicio? Pero lo peor del caso viene unas líneas más abajo: “los dos imputados se enfrentaban a un año de prisión y a una indemnización de 210.000 euros por las múltiples deficiencias de seguridad halladas en la construcción de un edificio. Sin embargo, la juez aceptó la solicitud de declarar prescrito el delito de homicidio imprudente del que se les había acusado”. “El fiscal de Siniestralidad Laboral atribuyó el retraso al colapso del juzgado de San Vicente que instruyó el caso”. “Ahora, la viuda del fallecido, que tenía 28 años, puede recurrir la decisión ante la Audiencia o iniciar otro proceso por la vía Civil para poder reclamar una compensación”.
Desgraciadamente, este es el funcionamiento de nuestros juzgados. No en vano, es la institución peor valorada por los españoles, incluso por detrás de la política. Retrasos que duran lustros, masificación, colapso, descuidos, errores, delincuentes que se fugan, droga que desaparece, cadáveres que no aparecen, prescripciones de penas, sentencias incomprensibles... Y todo por falta de medios, por poca motivación por parte del funcionariado y por un código penal que resulta farragoso y difícil de gestionar en los tiempos en que vivimos.
Sin justicia, nuestra democracia se puede tambalear. Arreglen primero nuestros asuntos y, si les sobra tiempo, conviértanse en los “Quijotes” salvadores del planeta. Pero no antes.
“Dieciocho años han tenido que pasar para que los dos responsables de una obra en la que falleció un trabajador se sentaran en el banquillo”. “Los hechos se remontan a noviembre de 1991, cuando el trabajador se encontraba trabajando en el encofrado de las obras de un edificio de San Vicente del Raspeig (Alicante) y se precipitó al vacío desde la cuarta planta, a unos doce metros de altura.
Según el escrito de acusación del fiscal, no había barandillas protectoras, ni cinturones de seguridad. Un día después del accidente, supuestamente se colocó un tablón ante la llegada de un inspector de Trabajo. Los huecos del patio y los de las escaleras también carecían de protección, todo según el escrito del Ministerio Público, que indica que las obras estaban a punto de finalizar y que en ningún momento se habían tenido en cuenta las medidas de seguridad por parte del gerente de la constructora, el arquitecto y el aparejador.”
¿Dieciocho años en celebrar un juicio? Pero lo peor del caso viene unas líneas más abajo: “los dos imputados se enfrentaban a un año de prisión y a una indemnización de 210.000 euros por las múltiples deficiencias de seguridad halladas en la construcción de un edificio. Sin embargo, la juez aceptó la solicitud de declarar prescrito el delito de homicidio imprudente del que se les había acusado”. “El fiscal de Siniestralidad Laboral atribuyó el retraso al colapso del juzgado de San Vicente que instruyó el caso”. “Ahora, la viuda del fallecido, que tenía 28 años, puede recurrir la decisión ante la Audiencia o iniciar otro proceso por la vía Civil para poder reclamar una compensación”.
Resumiendo, los juzgados tienen retrasos (por falta de medios o “por lo que sea”, que todos sabemos como funcionan), dos empresarios “piratas” de la construcción (abundan, aunque también haya unos pocos que no lo sean) salen “de rositas” y la viuda es la que tiene que volver a empezar con los papeleos de un nuevo proceso para poder cobrar una compensación. Y todo ello en un caso que parece que está más claro que el agua. ¿Imaginan lo que debe sentir, después de dieciocho años, esta pobre viuda?
Desgraciadamente, este es el funcionamiento de nuestros juzgados. No en vano, es la institución peor valorada por los españoles, incluso por detrás de la política. Retrasos que duran lustros, masificación, colapso, descuidos, errores, delincuentes que se fugan, droga que desaparece, cadáveres que no aparecen, prescripciones de penas, sentencias incomprensibles... Y todo por falta de medios, por poca motivación por parte del funcionariado y por un código penal que resulta farragoso y difícil de gestionar en los tiempos en que vivimos.
Me tacharán de demagogo, pero ¿con la justicia que tenemos nos podemos permitir el lujo de investigar crímenes contra la humanidad en todos los confines del mundo o pedir el certificado de defunción del anterior dictador? Si, me estoy refiriendo a la labor que llevan a cabo en la Audiencia Nacional jueces estrella como Garzón, Pedraz.... investigando sucesos ocurridos en Chile, Israel, China o vaya usted a saber dónde.
Sin justicia, nuestra democracia se puede tambalear. Arreglen primero nuestros asuntos y, si les sobra tiempo, conviértanse en los “Quijotes” salvadores del planeta. Pero no antes.
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