Zapatero apoya la energía más contaminante: el carbón

Igual alguno de ustedes lo entiende y es tan amable de explicármelo, porque a mi no me acaba de entrar en las “entendederas”.

España, al igual que otros muchos países, firmó en su día el famoso Protocolo de Kyoto. Fue un grave error de cálculo por parte del Gobierno de Aznar, ya que puso a nuestro país ante unas cifras de aumento de las emisiones de CO2 muy limitadas. Posteriormente, a raíz del gran auge económico que vivimos en la década posterior a la firma del Tratado (¡qué tiempos aquellos!), nuestras emisiones se dispararon, imposibilitando el cumplimiento de lo firmado y obligando a nuestros Gobiernos a tomar drásticas medidas para controlar lo que en aquellos momentos ya era incontrolable: creación de los llamados “impuestos verdes”, planes para controlar el consumo de energía, cierre o adaptación de las industrias contaminantes, fomento de las energías renovables, adiós a las energías altamente emisoras de CO2 como el carbón...
Bueno... esta última medida que he enumerado, bórrenla, porque eso, aquí en España no ocurrirá. ¿Sorprendidos? Yo también. Intento explicarlo:

En España, cerca del 30% de la generación de electricidad se realizaba, históricamente, a través de las centrales térmicas a base de quemar carbón, ya fuese nacional o importado. Hasta el año 2007, las compañías eléctricas tenían que pagar apenas unos céntimos de euro por tonelada emitida de CO2 a la atmósfera, pero a partir del 1 de enero de 2008 todo eso cambió: entró en vigor la segunda fase del Protocolo de Kioto (2008-2012); la fase seria del acuerdo internacional sobre cambio climático, que puso en marcha un mercado de CO2 al que las empresas tienen que acudir para poder emitir dióxido de carbono a la atmósfera. A partir de entonces, las compañías pasaron de pagar unos céntimos a tener que desembolsar más de 20 euros por tonelada.

La reacción fue inmediata: prescindir del carbón y utilizar más gas, ya que éste emite la mitad de CO2 por cada Kwh. producido. En apenas un año, la producción eléctrica a base de carbón disminuyó en más de una tercera parte.

Hasta aquí todo lógico, normal y hasta aconsejable. El problema vino a partir de aquí: las compañías dejaron de importar carbón y se redujo drásticamente el consumo del carbón nacional. ¿Consecuencias? Hay más de 10 millones de toneladas almacenadas en espera de su utilización e, inevitablemente, el sector minero español se encuentra sumido en una profunda crisis.

Como lo último que desea el Gobierno de Zapatero es que se levanten en su contra los mineros (¿dónde daría su primer discurso de la temporada nuestro Presidente si no pudiese acudir a Rodiezmo?) han ideado una estrategia muy “aguda”: obligar a las empresas a que un 15% de la energía suministrada provenga del carbón nacional. Para que las eléctricas no se quejen, el gobierno las subvencionará hasta el año 2012 con 4.700 millones de euros. Del erario público, por supuesto.
En resumen: el Gobierno, pese a defender Kyoto, favorece a una fuente energética altamente contaminante, mientras los contribuyentes pagamos la factura por partida doble (rescate del carbón nacional y Kyoto).

Lo único que pedimos es que exista un cierto sentido común. Si accedemos a dar el paso para dejar de ser un país contaminante (y nos parece muy bien), luego no podemos bajo mano subvencionar a quien más contamina.

La política energética de un país es uno de los pilares más importantes a la hora de diseñar su futuro. Nuestro gobierno cierra la energía más eficiente y poco contaminante (nuclear), subvenciona a la nada contaminante pero escasamente rentable (renovables) y, ahora, nos enteramos de que también sostiene a la poco eficiente, muy contaminante y completamente obsoleta energía del carbón. Una vez más, la típica hipocresía de querer quedar bien con todo el mundo, que ejerce nuestro gobierno, le lleva a la más terrible de las incongruencias. Y nosotros, a pagar.

Me sabe mal por los mineros, pero el sector al completo ocupa a no más de 10.000 personas, ¿saben cuanto nos cuesta cada puesto de trabajo? 470.000 euros. Supongo que la mayoría se irían más contentos que unas pascuas a su casa con esta indemnización.