Un empresario se lleva el 3% de los impuestos en las Islas Baleares

Las administraciones autonómicas están cada día más cuestionadas. Si en un principio, todos (o casi todos) los ciudadanos españoles deseaban una administración más cercana y con una cierta independencia del poder central ejercido desde Madrid, con el paso de los años y, sobre todo, con la entrada de la crisis económica que estamos padeciendo, son muchas las voces que se alzan en su contra por considerarlas un gasto superfluo que sólo sirve para enriquecer a la casta política de cada región.

Las cifras serían prohibitivas para países ricos y poderosos y, desgraciadamente, España no lo es: 17 jefes de gobierno, 17 consejos de ministros, 17 parlamentos, 17 legiones de asesores, 17 divisiones de coches oficiales, 17 administraciones públicas, 17 ejércitos de funcionarios...

Servicios duplicados, altos cargos que se pisan las inauguraciones, trámites farragosos e innecesarios para justificar la necesidad de su existencia, organismos cuyo pomposo nombre sólo es comparable con su ineficacia e inutilidad: fundaciones, consorcios, agencias, observatorios... todo un despilfarro, un festín que se corren los políticos gracias a nuestros impuestos.
Si al menos, toda esta multitud de organismos con sus respectivos funcionarios sirviesen para que la Administración fuese 100% eficaz, podríamos quejarnos de su número exagerado, pero se justificarían por su trabajo y buen hacer. Pero cuando esto último brilla por su ausencia...

Nuestro caso ocurre en las Islas Baleares. A pesar de contar con representación del Gobierno Central, poseer Gobierno Autonómico, delegaciones autonómicas en cada una de sus islas, diputación provincial, ayuntamientos y algunos organismos oficiales más, la labor de cobrar los impuestos no la ejerce ninguno de los miles de funcionarios que tienen en nómina sino que está en manos privadas. Como lo oyen, Baleares y Galicia aun cuentan con la figura del recaudador. Parece que estemos en la época de Robin Hood.

Gabriel Alzamora, que así se llama el empresario que ostenta el cargo, se encarga del cobro de todos los recibos del Gobierno Balear. Aparte de recaudar los tributos que los ciudadanos abonan de forma voluntaria (por los que se lleva el preceptivo 3% de comisión), se encarga de perseguir a los que no pagan (cobrando una comisión mayor), hasta el punto de que tiene poderes para embargar nóminas, cuentas bancarias e incluso ordenar desahucios.
Sólo con los pagos voluntarios, este empresario (dueño de las firmas Rondaies y Mel i Sucre) se embolsó 18 millones de euros de los impuestos autonómicos y de los 49 ayuntamientos que tienen cedidos al Ejecutivo estas tareas en el año 2009.
Pero quizá, lo más chocante es que el concurso para adjudicar estos servicios se realizó en 1988 y ya no se ha vuelto a convocar más: ¡22 años!

Dejando aparte todos los chanchullos que se adivinan en este tema, desconozco si dentro del extenso organigrama del Gobierno Autonómico Balear existe alguna figura que se pueda asemejar a la de recaudador de impuestos. Si ya está creada, poco trabaja, desde luego. Ahora bien; en el caso de no existir, los funcionarios de nuevo cuño que se encargasen de este servicio ¿costarían sólo un 3% de los recibos?

¿Resulta caro tener un recaudador? No he hecho los números y no sé si alguien lo habrá calculado, pero me parece que los mallorquines deben de estar ahorrándose un buen dinero.
Y lo mismo ocurriría en el resto del país si empezásemos a subcontratar labores administrativas y servicios municipales a empresas privadas, aligerando de ese modo el abultado número de funcionarios y altos cargos públicos.

Como se preguntaba un buen amigo, ¿cuánto nos costaría el pan si los panaderos fuesen funcionarios y cada vez que tuviesen una avería en el horno o pedir un suministro de harina o levadura tuviesen que rellenar veinte formularios?