Boliden no paga ni un euro por el desastre de Aznalcóllar

Todos ustedes recordarán el desastre ecológico que supuso la rotura de la balsa de la mina de Boliden Apirsa en Aznalcóllar (Sevilla) el 25 de abril de 1998 y que provocó el vertido de cinco millones de metros cúbicos de lodos con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados, en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar llegando a las mismísimas puertas del Parque Natural de Doñana.
Todavía se me eriza la piel al recordar las imágenes aéreas de la zona. Aquella lengua infinita de color gris oscuro que recorría decenas de kilómetros arrasando toda la vegetación existente, será difícil que desaparezca de la retina de los que amamos la naturaleza.

Los proyectos para descontaminar y recuperar la zona fueron inmediatos y, a los pocos años, la zona recuperó, al menos en parte, su anterior aspecto. Quedó afectado un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud.

¿El costo de la recuperación? Vayan sumando: sólo en la descontaminación de la zona, la Consejería de Agricultura y Pesca de la comunidad andaluza se gastó 47 millones de euros, la de Medio Ambiente más de 24 y la de Salud algo más de 2 millones. Aparte hay que sumar el coste de la regeneración hasta quedar como el “corredor verde” que pretende que sea la Junta de Andalucía.

Alguien tenía que pagar estos gastos y como el vertido se provocó dentro de las instalaciones de una empresa privada, lo más lógico sería que estos recayesen en la empresa minera sueca Boliden, propietaria de las mismas. El primer viernes de agosto de 2002, el Gobierno español decidió sancionar a la empresa sueca Boliden Apirsa S.L., filial de Boliden AB, con una multa de 45 millones de euros.
Pasados 11 años del mayor desastre ecológico de la historia de España, la Junta de Andalucía reclama ahora a la justicia sueca que efectúe un embargo cautelar por valor de 141 millones de euros a la multinacional para que ésta haga frente a los costes. ¿Por qué? Pues porque Boliden aun no ha soltado ni un euro.

Como lo leen. Once años después, los trabajadores de la empresa continúan sin haber recibido ninguna compensación por el despido y la Junta de Andalucía sin cobrar ni un euro de lo que le costó recuperar la zona. Es más, Boliden no se cansa de repetir que no piensan pagar “ni un céntimo”y que, por mucho que lo intenten, “no les podrán embargar ningún bien”. Como única explicación, lanzan una velada amenaza: si pretenden hacer efectiva esa sanción descubrirán a los verdaderos responsables de la tragedia.
Las malas lenguas afirman que ese “responsable” es una empresa ajena a Boliden e, incluso, algunos opinan que podría estar vinculada a la mismísima Junta de Andalucía. Se basan en que, a pesar de que Boliden hace ya siete años que ha tomado esta actitud, nadie ha investigado nunca sobre ello.

Y yo me pregunto: ¿a qué espera el fiscal para tomar cartas en el asunto e investigar qué fue lo que realmente ocurrió? Me da igual si el fiscal es de Sevilla, de Madrid o de donde sea, pero el tema se tiene que aclarar de inmediato y si los culpables son de la Junta, que les exijan responsabilidades y si son los de la empresa sueca, que se le exija a través de los organismos internacionales correspondientes (que para eso estamos en todos y nuestro dinero nos cuesta) el pago íntegro de la deuda y de los intereses de demora.

Porque no se les olvide: hasta ahora, la recuperación se ha pagado con dinero de los andaluces y, por extensión, de todos los españoles. Y con el dinero público no se puede jugar.