La consejera andaluza de Medio Ambiente, Cintia Castillo, aseguró el pasado lunes que uno de sus compromisos para esta legislatura es completar al cien por cien el saneamiento y depuración de las aguas residuales, tal y como manda una normativa europea que ponía como fecha límite el 11 de enero de 2006, pero que han conseguido aplazarla durante cinco años más.
Para acabar con los problemas de las aguas residuales en las poblaciones medianas y pequeñas de las zonas rurales andaluzas, la consejera admitió que es preciso poner en marcha un plan de choque que contempla la construcción de 300 depuradoras, cuyo coste se elevaría a los 1.500 millones de euros.
Vamos a suponer que cada una de estas depuradoras va a parar a un pueblo distinto. Teniendo en cuenta que Andalucía cuenta con unos 770 municipios, ¡un 40% de sus poblaciones todavía vierten sus aguas residuales a los ríos o al mar sin tratar!
Sin querer, la consejera ha reconocido dos cuestiones. La primera es que han incumplido con la normativa europea. Tampoco es demasiado grave porque, por lo que vemos constantemente, en España nos pasamos las normas europeas por el forro.
La segunda cuestión si que es más trascendente y clarificadora de la gestión de Chaves al frente de la Junta de Andalucía: desde hace 26 años que manda el PSOE y con miles y miles de millones de presupuestos anuales, todavía no han sido capaces de resolver el problema de la depuración de las aguas. ¡Viva la ecología!
¿A quién le echará las culpas? Como si lo viera: a la situación heredada cuando ellos entraron a mandar. Ya; ¡pero es que ha pasado más de un cuarto de siglo desde entonces!
Y es que el tema del agua con Chaves es de tebeo. Abrazó entusiasmado el Plan Hidrológica Nacional del gobierno de Aznar, porque prometía una inversión para Andalucía de más de 4.000 millones de euros destinados a abastecimiento y calidad del agua, aparte de llevar el trasvase del Ebro a la provincia de Almería. Cuando entró el gobierno de Zapatero, estuvo de acuerdo en que se cargasen el citado Plan.
El último embalse que se ha construido, todavía en la era Aznar, la gran presa de Andévalo, y que iba a paliar la falta de recursos hídricos en la provincia de Huelva, aun no está operativa, a pesar de haber sido inaugurada hace más de cinco años.
De las desaladoras que se prometieron para sustituir el trasvase nunca más se supo, ya que las últimas que entraron en funcionamiento las construyó el gobierno del Partido Popular. Incluso una de ellas, la de Carboneras, en la provincia de Almería, no sirve para los fines que se construyó, ya que no se han instalado las tuberías necesarias para que 25 pueblos de la provincia (una de las más secas de España) puedan utilizar el agua desalada. A cambio, antes del verano se cargaba esa agua desde el puerto de Almería (que se tuvo que ampliar por este motivo) en barcos cisterna para llevársela hasta la ciudad de Barcelona.
Esta es la política hídrica del gobierno de Chaves: se les llena la boca cuando hablan de inversiones, de bienestar social o de cuidar el medio ambiente, pero sus habitantes continúan teniendo sed y las aguas residuales contaminan ríos y mares.
¿En qué se gastarán el dinero?
PD. La primera foto es de una depuradora de Barcelona. No creo que les importe; al fin y al cabo, desde la Junta de Andalucía utilizan una foto de la catedral de Palma para promocionar el Guadalquivir.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario