¿A los 67? Comparativa entre la jubilación de un trabajador y la de un político

Apenas tres días después de la decisión de nuestro gobierno de revisar el sistema de pensiones español, dudo que haya algún habitante de nuestro país que no sepa ya lo de los 67 años.

El revuelo que ha ocasionado la última ocurrencia de los “chicos” de Zapatero es de los que sientan cátedra. Ya saben: ampliación del periodo de cómputo para establecer la cantidad a cobrar (con lo que cobraremos menos) y dos años más acudiendo a nuestro puesto de trabajo para que nos paguen sólo una parte de lo que hemos estado cotizando durante tropecientos años, aparte de algunas nimiedades como la revisión (y supresión) de algunas pensiones de viudedad y el “control estricto” del escándalo de las prejubilaciones. Dudo que después de la reacción que han tenido las medidas en la sociedad española, se atrevan a sacar adelante la ley.

Desde aquí no vamos a entrar en la discusión de si es necesario o no reformar el sistema de pensiones. Esta claro que con la actual “estafa” piramidal, tarde o temprano el sistema entrará en déficit. Pero consideramos que hay muchísimas medidas que se pueden adoptar antes de tomar el pelo a los españoles de esta forma.

Simplemente vamos a hacer unas comparaciones (odiosas, por supuesto) de lo que cobramos, cotizamos y, posteriormente, recibimos en forma de pensiones los españoles de a pie y lo que perciben los políticos que proponen estas descabelladas medidas. Si algún político nos lee (que algunos hay), nos tachará de demagogos. En ese caso, nosotros les llamaremos caraduras y así, empate a uno al final del partido.

Empecemos: ahora, cuando cobren la primera nomina del año, se van a dar cuenta de que nos han quitado los famosos 400 euros de deducción que tan alegremente nos prometió Zapatero para poder ganar las ultimas elecciones generales. Dos años ha durado la “gracia”. ¿Y los políticos? A ellos no les afecta. Entre el 40% y el 75% del sueldo real de diputados, senadores y, en general, cualquier cargo de representación pública, goza de exención fiscal. Es decir, no tributa a Hacienda, gracias a las abultadas dietas que cobran sus señorías.

Mientras más del 50% de los españoles cobramos escasamente mil euros al mes, nuestros diputados se embolsan cuatro mil más dietas que, en la mayoría de los casos, supera con creces esa cantidad. Y sin cotizar.

Sus señorías también tienen derecho a percibir una indemnización económica por cese en el cargo, bajo la excusa de que "la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga a dejar la ocupación habitual de modo que cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades. Por ello, se les otorga una indemnización equivalente de una mensualidad de su sueldo por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades.

Además, también perciben una indemnización para afrontar el período de transición que se produce entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones ya que, según explica el reglamento, no es seguro que vayan a continuar en el cargo.
Y si el político tiene la suerte de entrar a formar parte del gobierno, cuando le cesen como Ministro tendrá derecho a una indemnización del 80% de su salario hasta dos años como máximo.

Pero lo mejor de todo es que todos estos pagos del Estado (al contrario que ocurre con cualquier otro ciudadano) se pueden solapar en el tiempo, es decir, un político puede estar percibiendo dos y tres salarios del erario público.

Como en su vida en activo resultan tan “perjudicados”, a la hora de la jubilación resultan convenientemente recompensados. A usted y a mi, nos obligan a cotizar durante 35 años para poder optar a recibir la pensión completa de jubilación. Pues bien, a los señores diputados o senadores, les basta con acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación. Ello se debe a que gozan de la llamada "pensión parlamentaria", que está prevista en el Reglamento de pensiones parlamentarias de fecha 11 de junio de 2006, que es la pensión que las Cortes Generales abonan con cargo a su presupuesto a quienes hayan sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al menos 7 años. En resumen, a los diputados que no alcancen el límite máximo de pensiones públicas, las Cámaras (con el dinero de los contribuyentes) pagarán la diferencia necesaria hasta que su señoría alcance la base máxima de jubilación.

En apenas siete años de trabajo, un político puede acumular sueldos y dietas estratosféricas, indemnizaciones varias por cese de actividad y la máxima pensión de jubilación que se pueda percibir en este país. Multiplíquenlo ahora por 17 gobiernos regionales con sus parlamentos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos…