jueves, 17 de abril de 2008

Al menos 1.250 personas asesinadas por el estado


Y otras 27.500 que viven con la amenaza de serlo en fechas próximas. Estos son los datos que refleja en su último informe Amnistía Internacional. Durante 2007 fueron víctimas de la pena de muerte 1.252 personas en 24 países del mundo y se celebraron juicios que sumaron 3.347 personas a la macabra lista de condenados a muerte.
El 80 % de las ejecuciones se llevaron a cabo en tan sólo cinco países; China ocupa el primer lugar con 470, seguida de Irán con 317, Arabia Saudí con 143, Pakistán con 135 y completa el podio con un “honroso” quinto lugar Estados Unidos (se puede sentir orgullosa la, en otras circunstancias admirable, democracia americana al verse comparada en este ranking con estas dictaduras deplorables).
Aunque parezcan cantidades muy elevadas, estos datos sólo reflejan los casos conocidos, ya que en países como China, Mongolia o Vietnam, la pena de muerte se considera como secreto de estado y, por lo tanto, no se revela a la sociedad la cantidad verdadera de ajusticiados.

¿Quieren conocer algunas de las causas que provocaron estas ejecuciones?
En Irán, un padre de dos hijos fue lapidado por adulterio, en Corea del Norte, un gerente de una fábrica fue fusilado por no declarar su origen familiar, invertir dinero propio en la fábrica, nombrar gerentes a sus hijos y ¡efectuar llamadas telefónicas al extranjero! y sabidos son por todos los casos de ejecución de mujeres violadas o de homosexuales en numerosos países árabes. Como pueden comprobar, todas ellas causas que no se consideran delito (faltaría más) en los países civilizados.
También reseñar que en Irán, Arabia Saudí y Yemen, se llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por menores de 18 años, hecho que constituye una flagrante violación del derecho internacional.
Hemos dejamos aparte a los Estados Unidos, porque allí las penas de muerte se imponen por hechos mucho más graves, pero, aun así, continúan asesinando a personas que tuvieron irregularidades y falta de pruebas en su contra en sus juicios.

Por supuesto que me incluyo entre quienes ante hechos como la pedofilia, los secuestros, maltratos, violaciones y asesinatos de menores, la violencia de género, el terrorismo o la venta de drogas a niños, piensan que los delincuentes que practican estas aberraciones, donde mejor estarían es un par de metros bajo tierra.
Pero esto lo pensamos personas de la calle, sin preparación jurídica y en un momento en el que la indignación ante hechos tan deleznables nos hace radicalizar el juicio. El estado no puede hacer lo mismo. Quitar la vida a una persona con la autorización del estado es uno de los actos más graves en que un gobierno puede incurrir. No es justicia, es asesinato.
Un estado democrático no puede aplicar la ley del Talión. Por mucho que a veces nos apetezca.