Política lingüística dictatorial en Baleares

Olav es un niño español (aunque su nombre haga pensar otra cosa) de once años, natural de Ibiza y que padece dislexia. Aunque sus notas escolares son buenas, el chaval lee y escribe muy despacio.
Como en su casa hablan habitualmente en castellano (su padre es ibicenco pero su madre es andaluza) al joven le cuesta mucho menos expresarse en esta lengua que en catalán, el otro idioma cooficial en la Comunidad Balear. Así se lo hizo saber a sus profesores del Colegio Público Cervantes de San Antonio de Portmany, en Ibiza, y les pidió que, aunque las clases continuaran impartiéndose en catalán, a él le dejasen hacer los exámenes en castellano. A pesar del problema de Olav, sus profesores se negaron.

Ante la impotencia de verse solo y "discriminado" por la obstinación de los profesores en que no utilice el castellano, Olav pidió ayuda a su padre como último recurso. "Papá, no me vas a dejar tirado en esto, ¿no?", le suplicó. Su progenitor envió entonces una carta a la dirección del colegio solicitando que atendieran la petición de su hijo.

Pues bien, el centro ha contestado negándose a que el niño pueda utilizar el castellano en sus exámenes. Pero la cosa no ha quedado ahí: su profesora ha calificado de “vergüenza” que un ibicenco hable en castellano a sus hijos (la misma que le quitó 0,35 puntos de un examen por poner la fecha en castellano) y la directora del centro ha acusado al padre de querer “levantar polémica” con el asunto.

Reflexionemos un poco: es un chaval de once años que lo único que pide, dado su problema de dislexia, es realizar sus exámenes en castellano, lengua cooficial en Baleares. ¿A quién hace daño esta petición? Podrían argumentar que le ley obliga a hacer los exámenes sólo en catalán (cosa que no es cierta), pero lo que es cierto es que la ley, a quien obliga a usar el castellano es a la profesora de Lengua Española (resulta obvio) y a la de Matemáticas. Como esta última es catalanoparlante, se salta a la torera la normativa ... y no pasa nada. No hay reglas fijas siempre y cuando el que gane terreno sea el catalán.

A Vicente Bonet, padre de Olav, los abogados le han dicho que los tribunales podrían tardar tres años en darle la razón (porque está claro que la ley está de su parte), pero ese tiempo es una eternidad para un chaval de once años. Las opciones de la familia Bonet son dos: someterse a las imposiciones nacionalistas o... marcharse de su tierra.

Y no se crean que serían los primeros en hacerlo: 39 profesionales médicos del único hospital público de Ibiza han anunciado que se irán en rechazo a tener que acreditar por examen su conocimiento del catalán.
El secretario general del Sindicato Médico Balear (SIMEBAL), el cirujano Isidro Torres, denuncia el discurso inmovilista del Ejecutivo socialista de Francesc Antich y la indefensión de los profesionales. Se da la paradoja que sus compañeros han dejado de formarse, ya sea a través de cursos o estudios, para empezar a dar clases de catalán.
Sus declaraciones no dejan lugar a la duda: "queremos que el catalán sea un mérito y no un requisito. Lo que nos piden los enfermos es que les diagnostiquemos, que le digamos qué es lo que les pasa y que lo hagamos lo antes posible. Nunca ha habido ningún problema con la lengua, lo importante es que sepamos hacer bien nuestro trabajo".

Ante la falta de médicos, el gobierno de la Región de Murcia no ha dudado en invitar a esos 39 médicos de Ibiza que anunciaron su intención de dejar las Islas Baleares, así como a cualquiera de los 2.500 profesionales que se manifestaron por las calles de Palma, a trasladarse a trabajar a su Comunidad.

Chocan estas noticias con la iniciativa que han tenido en la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Ante los problemas que ocasionan la diversidad de idiomas que hablan los pacientes de los hospitales (ya sean turistas o inmigrantes) han comenzado a aplicar un programa piloto de traducción simultánea. A través del teléfono, el traductor actúa de enlace entre el médico y el paciente.
Aparte de los idiomas más conocidos como el inglés, francés o alemán, el programa también incluye otros menos usuales como el rumano, bereber, chino, letón, urdu, tagalo o mandinga. ¿El coste? Mínimo ya que la mayor parte de los traductores son universitarios de los últimos cursos de traducción o filologías extranjeras que, de ese modo, realizan sus prácticas. Dos pájaros de un tiro.
Si cayesen enfermos, cosa que no les deseo, ¿en qué Comunidad preferirían hacerlo, en la Balear o en la Valenciana?

La experiencia nos dicta que las imposiciones lingüísticas suelen volverse, con el tiempo, en contra de quien quiere imponerlas. Pertenezco a una comunidad autónoma bilingüe. Durante muchos años, en la larga etapa franquista, se intentó imponer el castellano en detrimento de la lengua autóctona. No lo consiguieron y ahora, pasados los años, la situación ha dado un giro de 180º: quieren acabar con el castellano e imponernos el otro idioma.

Yo no tengo edad, pero nuestros mayores lucharon contra la dictadura para que nuestro idioma no desapareciese. Si hubiesen sabido que al cabo de los años llegarían unos politicuchos nacionalistas a imponer dictatorialmente la lengua autóctona y a echar por tierra sus sueños de libertad lingüística... igual no se hubiesen esforzado tanto en defender sus ideales.
El tiempo pasa pero los errores se repiten.