A los políticos que nos gobiernan les gusta siempre vanagloriarse de los logros que consiguen con sus leyes progresistas, ya sea en materia de educación, igualdad, bienestar social, derechos de los homosexuales, dependencia, libertad de las madres para poder abortar o leyes para mejorar la accesibilidad a las personas con deficiencias físicas.
Mucho se podría hablar del cumplimiento de estas leyes y de si han mejorado realmente las condiciones de vida de los ciudadanos españoles, pero hoy me voy a referir a la última que les he nombrado: las leyes encaminadas a mejorar la accesibilidad de los ciudadanos con algún problema físico.
Ya son conocidas por todos las leyes de edificabilidad de viviendas y otros edificios. Los constructores tienen que cumplir con unas normas, en algunos casos muy exigentes, que garanticen que todas las personas puedan vivir o acceder a los citados edificios. Les voy a contar un caso que aparece en algunos medios de comunicación.
Mucho se podría hablar del cumplimiento de estas leyes y de si han mejorado realmente las condiciones de vida de los ciudadanos españoles, pero hoy me voy a referir a la última que les he nombrado: las leyes encaminadas a mejorar la accesibilidad de los ciudadanos con algún problema físico.
Ya son conocidas por todos las leyes de edificabilidad de viviendas y otros edificios. Los constructores tienen que cumplir con unas normas, en algunos casos muy exigentes, que garanticen que todas las personas puedan vivir o acceder a los citados edificios. Les voy a contar un caso que aparece en algunos medios de comunicación.
Joaquín Mora es un onubense que sufrió hace siete años una isquemia que le hizo perder una pierna y, por consiguiente, le postró en una silla de ruedas. Desde entonces sólo ha salido a la calle cuando no ha tenido más remedio y la necesidad le ha obligado a hacerlo ya que es propietario de una vivienda de protección oficial de la Junta de Andalucía que no está adaptada para minusválidos. Vive en una segunda planta sin ascensor y necesita de tres personas que le bajen por la escalera cada vez que tiene que salir.
Aparte, para que entrar en su habitación lo debe de hacer de espaldas puesto que la silla no entra de otra forma y ya no recuerda cómo era su cuarto de baño, al no poder entrar con su silla y tiene que hacer sus necesidades en el dormitorio.
Sin embargo, según Joaquín, lo peor es el aislamiento y la sensación de abandono.
¿La junta de Andalucía no tiene que cumplir las normas de accesibilidad en sus promociones de viviendas de protección oficial?
Por si fuese poco, según los técnicos que han acudido allí, en la casa no hay ninguna posibilidad de instalar un ascensor.
Nuestro amigo ya ha acudido a todos los organismos oficiales que conoce, pero algunas veces ni le han contestado y otras le han dicho que el caso no es de su competencia. Él lo que quiere es que le permuten su actual vivienda por otra que esté en condiciones para que, dada su situación pueda vivir. Quizás lo que más daño le haya hecho ha sido una reciente comunicación del Defensor del Pueblo Andaluz en el que le decía que como ya había rechazado tres permutas, le instaba a que se comprase otra casa en cuanto pudiera.
¿Tres permutas no aceptadas? Es una burla más de la Junta de Andalucía. La primera vez que le ofrecieron una permuta, Joaquín la aceptó y cuando ya tenía todo preparado para efectuar la mudanza le dijeron que se la denegaban porque el funcionario que la había autorizado era un sustituto del titular y no tenía potestad para adjudicarle la permuta. En la segunda ocasión, le ofrecían un piso tan pequeño que no tenía habitación para ubicar a su hijo de 16 años. ¡Qué se emancipe! Le contestaron los funcionarios. En el tercer caso, le ofrecían una casa en condiciones, pero no en Huelva capital sino en un pueblo de la provincia. Peor el remedio que la enfermedad.
Todas estas acusaciones de la Junta no son, ni más ni menos, que intentos por desviar la atención para que no recaigan sobre ella las responsabilidades del caso. A cambio, le han aconsejado que se compre un nuevo piso (le dan una subvención de 7.500 euros a fondo perdido; ¡ya tiene para pagar 4 metros cuadrados!) aparte de optar a otras posibles ayudas.
No es la primera vez que las administraciones andaluzas protagonizan casos de este tipo; baste recordar la batalla que tuvo que librar un tetrapléjico de Tomares para conseguir una vivienda adaptada a sus circunstancias o el caso de un padre de 8 hijos de Alcalá de Guadaira, al que una presunta estafa privó de su vivienda de protección oficial.
Ahora, Joaquín se ha puesto en huelga de hambre para denunciar su situación. Esperemos que le hagan caso y no tenga que morir de inanición.
Y aprovecho, ya que hablamos de este tema, para hacer un llamamiento a los conductores: no aparquen en pasos de cebra o delante de las rampas de las aceras. Si tienen ocasión, siéntense en una silla de ruedas y comprobarán lo que sufren los minusválidos por culpa de esos conductores desalmados.
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