Cobrará a los 106 años. Más vale tarde...

El 1 de enero de 2007 entró en vigor la denominada “Ley de Dependencia”. Esta norma de promoción de la autonomía personal y de atención a los que estén en situación de dependencia constituya, según manifestó el gobierno, el “cuarto pilar del Estado del Bienestar”, (así, con mayúsculas) que garantiza que los afectados no sufran discriminación.
Pasado ya más de año y medio, ¿está funcionando la famosa ley?

Veamos un ejemplo que salió en la prensa en días pasados. Ana María López Ríos es una Fuengiroleña, de 104 años de edad (no está mal, ¿verdad?) cuya familia solicitó la prestación de la Ley de Dependencia apenas entró en vigor, durante el año 2007. El 10 de junio de 2008 (rapidez asombrosa, como podrán comprobar) la Junta de Andalucía le ha reconocido el grado de dependencia que le permitirá acogerse a las prestaciones recogidas por la ley.
El plazo de año y medio en reconocer que una anciana de 104 años merece recibir esta prestación ya parece escandaloso, pero queda en mera anécdota cuando se lee la resolución y se observa que la efectividad del derecho a las prestaciones no se producirá hasta el año 2009 o 2010.
Como bien dice su hijo Francisco, “para esa fecha, ojalá no, podría haber fallecido”. Igual en la Junta de Andalucía piensan “pues eso que nos ahorramos”.
Por lo que se lee, no se lo ahorrarán, puesto que Ana María es una mujer que, a pesar de la edad que tiene, está muy bien. Ella sola puede levantarse y caminar por la casa e incluso algunas tardes se pone a hacer croché. Sin embargo, el tiempo continúa pasando y ya necesita a una persona que pueda ayudarla. Su hijo lleva muchos años cuidándola, pero aunque no lo dicen, también debe tener edad para que lo cuiden a él.

Para eso se creó la Ley de Dependencia, a mi juicio, una de las mejores cosas que han ideado desde el gobierno socialista de Zapatero. Y he empleado la palabra “ideado” a propósito, porque la forma en que se está llevando a la práctica esta ley es desastrosa. Y no solo en Andalucía sino en la mayor parte de España, por no decir en toda. Se conocen casos de pequeñas poblaciones en donde de 200 peticiones aún no se ha aprobado ninguna y grandes capitales donde el porcentaje de contestación apenas supera el 5% de los casos.
Desconozco si el problema viene dado por que la ley está hecha a nivel estatal y después son las comunidades autónomas las que asumen la competencia de cumplirla o es por cualquier otro motivo, pero no funciona.

El caso de Ana María supongo que será uno de los más exagerados (por motivos de la edad) de los que se estén produciendo, pero se tienen que tomar medidas desde el gobierno para que esto no continúe ocurriendo. Las personas, y mucho menos las dependientes, no podemos esperar eternamente a que la burocracia termine de desayunar.

Repito: la ley es buena y puede ayudar a mucha gente a vivir algo mejor, pero se tiene que cumplir porque, si no, los ciudadanos pensarán que los están engañando, con el agravante de que, en esta ocasión, los que lo sufren son los que más lo necesitan: las personas dependientes. Y engañar a los débiles y a los necesitados está muy feo.